El uso de efectivo ha llevado a Colombia a altos niveles de informalidad que, según las más recientes cifras del DANE, alcanzan el 47 %. De acuerdo con explicó Andrés Duque, presidente Ejecutivo de Redeban, “Si el Gobierno desea fomentar la inclusión financiera y fortalecer la gestión tributaria, la reforma tributaria debe generar incentivos para el uso de los Medios de Pago Electrónico y desincentivos para el uso del efectivo”.
En la actualidad el país ha logrado avanzar por el camino de los pagos electrónicos; clara muestra de ello, es el aumento de 13,9 % en las transacciones por medios digitales, sin embargo, todavía falta camino por recorrer pues se estima que cerca del 90 % de los pagos de los colombianos aún se realizan en dinero en efectivo. El uso de efectivo no sólo ha promovido la informalidad, sino que también ha fomentado la evasión, la reducción del recaudo tributario y una disminución del PIB.
Conscientes de estas problemáticas originadas por el uso de efectivo, el Gobierno incluyó hace algunos años en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) un conjunto de metas para reducir su uso hacia niveles de 8,5 % desde los niveles actuales que lo ubican en 12,5 %. A pesar de esto, la Reforma Tributaria, y en particular algunos artículos incluidos en la misma, va en contravía de la meta propuesta en el Plan y desincentivan claramente el uso de los pagos electrónicos.
“El país debería seguir ejemplos como el de Uruguay, en donde existe un fuerte incentivo al uso de medios de pago electrónico por medio de la devolución de tres puntos del IVA de las compras realizadas por esta vía. Así han logrado que un 25% de los pagos se realice por medios electrónicos, incentivando de manera importante la economía de ese país”, explicó duque.
Con la Reforma Tributaria propuesta se presentará un evidente encarecimiento en los bienes y servicios digitales que los colombianos necesitan para su capacitación, educación y vinculación a la era digital y un freno al emprendimiento digital, pues los desarrolladores colombianos, que plantearon modelos de negocio asociados a pagos por medio de plataformas digitales o sistemas de Cloud, ahora verán incrementados sus costos y, en tal sentido, se elevarán también para los consumidores de estos bienes o servicios.
Por otro lado, el cobro de impuestos adicionales para el acceso a internet y a los planes de datos para la población más vulnerable significará no sólo un retroceso en el desarrollo que ha tenido el país en cuanto al acceso a nuevas tecnologías para el desarrollo y la educación de la población, sino que también alejará a los colombianos de la posibilidad de bancarizarse y usar herramientas para realizar sus pagos de forma fácil, rápida y segura, como es el caso de los medios electrónicos. Con los grandes avances que hemos tenido en los últimos años en estos temas, es impensable detener y retrasar aún más el proceso de inclusión financiera en el país.
Finalmente, la Reforma Tributaria estipula que las instituciones financieras emisoras de tarjetas crédito y débito se verían obligadas a obrar como un agente retenedor/recaudador del impuesto a cargo de terceros, que no es su función ni objeto. Esta es una carga operativa adicional que implica no solo la gestión día a día, sino la adecuación de sus sistemas para determinar si un cierto bien es adquirido en el exterior y, especialmente, identificar qué tipo de bien/servicio se adquirió y si el mismo está o no gravado con el IVA en Colombia algo virtualmente imposible y que podría ocasionar que los agentes recaudadores simplemente, dejan de procesar transacciones en el exterior, como sucedió en la provincia de Buenos Aires cuando desarrollaron una norma similar a ésta.
