La minería está en la mira del Gobierno, que busca generar nuevas políticas ambientales y elementos jurídicos para castigar la “minería criminal” en el país. Juan Gabriel Uribe, ministro de Ambiente, en entrevista para Confidencial Colombia, manifiesta que este oficio impacta negativamente sobre el medio ambiente y la economía de Colombia.
Con la explotación ilegal y criminal de los recursos naturales en Colombia se creó un arma de doble filo, que por un lado, impulsa económicamente a las regiones en donde se practica este oficio, y por el otro, sirve como espaldarazo del sector privado y de escudo para algunas organizaciones al margen de la ley, que se han apropiado de la industria para actuar de manera ilegal, sin cumplirle al Estado con las respectivas regalías y causando un daño indiscriminado al medio ambiente.
No solo las pérdidas económicas son motivo de preocupación para las autoridades ambientales, que en algunos casos se han visto debilitadas por la magnitud del problema, sino también las pérdidas humanas a causa del descuido de las empresas y compañías que actúan sin parámetros legales.
Como medida para incrementar el castigo a quienes trabajen en el sector minero de manera ilegal, el Gobierno propuso tipificar esta práctica como delito por lavado de activos.
Esta semana el presidente Juan Manuel Santos, aseguró que la minería criminal “se ha vuelto el combustible de buena parte de la violencia en el país” por lo que la creación de algunos decretos pondrían fin a la corrupción que gira en torno a este sector económico.
Por su parte el ministerio de Ambiente, se comprometió a trabajar en conjunto con el ministerio de Justicia para ponerle fin a la minería ilegal, reforzando los castigos para quienes incumplan con la ley. El jefe de la cartera de ambiente habló con Confidencial Colombia al respecto.
Confidencial Colombia: La ministra Ruth Stella Correa manifestó que la minería ilegal empezaría a ser considerada como un delito de lavado de activos. En este punto, ¿cómo va a intervenir el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible?
Juan Gabriel Uribe: Este es un acto conjunto de políticas de Estado, la idea no es solamente crear una ley, sino enfatizar los delitos contra el medio ambiente para generar mayores sanciones. Esta idea tiene como origen y finalidad legal, el lavado de activos.
CC: ¿Qué cifras conoce el Ministerio de Ambiente sobre minería ilegal en el país?
JGU: Hay tres tipos de minería. La primera es la legal, que es la que tiene el título minero y licencia ambiental y que puede regularse por parte del Estado. Puede haber intervención en la medida que tiene esos instrumentos jurídicos.
La segunda es la que llaman ilícita o ilegal, que es aquella que está pendiente de título minero o ha tenido alguna actividad desde hace muchos años pero no ha obtenido el título. Sin embargo su actividad es clara, categórica, conocida y notable en determinadas áreas del país y que generalmente corresponde a familias artesanales o tradicionales que han desempeñado su actividad a través de generaciones.
La última es la minería criminal que vive a partir de la guerra y de las organizaciones criminales, para enriquecerse sin ningún control y que depreda el medio ambiente de una manera supremamente grave.
En ese sentido, las circunstancias por las que atraviesa Colombia es que del cien por ciento de la minería que hay en el país, más o menos el 75 por ciento se considera ilegal.
Dentro de la minería ilegal hay un aspecto muy importante y es la criminal. Esta última es casi un 50 por ciento de la totalidad. De manera que en nuestro país hay una gran porción de minería criminal.
CC: ¿Qué repercusiones ambientales, políticas y económicas genera la minería criminal en Colombia?
JGU: Yo insisto en que la minería criminal es aquella que no tiene las autorizaciones correspondientes que exige la constitución y la ley. Es decir, ni titulo minero ni licencia ambiental.
Por esto, la repercusión termina siendo muy amplia porque no se tiene ninguna responsabilidad, ni ninguna regulación que nos permita actuar para proteger el medio ambiente.
Lo que hace la minería criminal es actuar en contra de las políticas ambientales, sin ningún posible control ni alguna mitigación de los daños que eventualmente ocurren y por lo tanto, evidentemente, la minería criminal es la peor enemiga del medio ambiente.
CC: En cuanto a la minería artesanal, ¿qué tipo de apoyo presta Minambiente para formalizarla y cuáles serían los requisitos que esta tendría que cumplir para actuar bajo los ordenamientos de la ley?
JGU: Nosotros paralelamente al estatuto que busca considerar la minería ilegal como delito de lavado de activos, estamos considerando cuatro factores importantes, entre estos, dos decretos fundamentales. Uno de ellos se emitió este miércoles, que nos permitirá no solamente llegar al decomiso de las maquinas que se utilizan en la minería criminal como las retroexcavadoras, sino también a la destrucción de estas. Estos vehículos es muy difícil moverlos, por lo tanto desde ahora se puede recurrir a la destrucción.
El otro decreto que se está estudiando es que la importación de estas maquinas tengan requisitos de licencia previa y por medio de un registro de uso, para confirmar que la respectiva maquina llegue a una empresa correspondiente. Igualmente, este mismo decreto propone un sistema georeferenciado, bien sea por chip u otro tipo de localizador, que permita saber exactamente en dónde está realizando su labor.
Adicional a estos decretos, ya se anunció que se va a sancionar mucho más fuerte los delitos contra el medio ambiente en un trabajo conjunto con la ministra de defensa.
A lo anterior se suma un cuarto decreto que fue firmado hace quince días aproximadamente, sobre formalización minera, para que aquellos mineros artesanales o tradicionales, o los de la minería de subsistencia que es una práctica que lleva incluso 150 años en determinadas regiones del país, puedan trabajar a través de un protocolo para que puedan pedir su título.
CC: ¿Cuál es el caso que más preocupa en este momento a las autoridades ambientales, que involucren explotación ilegal?
JGU: Hay varios sitios de emergencia en este momento, por ejemplo el Bajo Cauca en Antioquia. Sectores del Choco, en Orinoquía y en Amazonía, en determinados casos hay evidente gravedad, pero eso ya corresponde a informes de inteligencia y a la acción directa del Ministerio de Defensa a través de la Dirección Nacional de la Policía sobre la minería criminal.
