El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez reiteró en Cartagena que el proceso de paz tiene una serie de situaciones que generan preocupación y sostuvo que como representante de la sociedad colombiana está en la obligación de advertir sobre los riesgos a que la negociación conlleva. Aseguró que el sapo envenenado de la paz no es otro que el de la impunidad.
Anotó que no es cierto que esté pidiendo justicia de hierro y aclaró que si bien el tema de la paz y su manejo es del resorte del Presidente de la República, en su condición de Procurador le corresponde hablar y aseguró que seguirá hablando.
Ordoñez se refirió a los señalamientos de las Farc en el sentido que un ex presidente y el Procurador son enemigos del proceso de paz toda vez que hablan desembozadamente. “Al Procurador no le van a poner bozal porque constitucional le corresponde representar las víctimas y por ese mismo mandato le corresponde defender la sociedad, porque le corresponde por la vía constitucional, señalarle a Colombia los deberes que internacionalmente tiene porque no hay contradicción entre la paz y la justicia”.
El jefe del Ministerio Público anotó que para nadie es un secreto que el país tiene orden constitucional definido, aspecto avalado por la Corte Constitucional, escenario que invita a la pacificación nacional, pero dentro de la normatividad establecida
El Procurador quien fue aplaudido por los asistentes al XXXVIII Congreso Nacional de Transporte en Cartagena lanzó frases que generaron la admiración de los empresarios.
“Los señores de las Farc pretenden no pagar un solo día de cárcel y como si eso fuera poco quieren diseñar las políticas públicas, quieren hacer nuestra Constitución, es decir, la revolución por contrato y al lado de esa petición tendríamos a nuestros soldados y policías condenados a sesenta años. Esa es la realidad”, dijo Ordoñez.
Criticó las ventajas que tendrían los guerrilleros con una justicia transicional por el marco jurídico para la paz que les da prebendas diferenciales. “Ahora, raudamente están derivando la mayoría de dichos procesos contra los militares a la jurisdicción ordinaria, precisamente para que no sean beneficiarios de las normas transicionales, pretendiendo convertir toda muerte en combate como falso positivo”.
Aclaró que hay conductas punibles abominables que merecen ir a la justicia ordinaria por la atrocidad como se cometen dichos crímenes. “Otros son los escenarios cuando se dan de baja miembros de grupos armados ilegales, advirtiendo que hay protocolos humanitarios y de derecho. Con el pronunciamiento de la Corte, el debate jurídico ha concluido”.
