Víctimas del conflicto armado, de la minería y la extracción de hidrocarburos, del narcotráfico y de la negligencia del Estado, los pueblos indígenas de Colombia se resisten a ser parte de la guerra y se organizan para articularse con el aparato político nacional. Informe de Naciones Unidas.
Según el último censo del Dane, en Colombia existen 1.378.884 indígenas, algo más de 3 por ciento de la población total del país. Más de un millón de hombres, mujeres y niños que han tenido que soportar los rigores y las consecuencias de un conflicto armado envejecido y degradado.
En sus territorios se ha librado la guerra durante más de cuatro décadas, en su tierra se cultiva la semilla del narcotráfico y en sus campos se desarrollan los mega-proyectos industriales y se echan a andar las locomotoras de los gobiernos.
A pesar de que en sus entrañas nace la riqueza del país, gran parte de los indígenas vive en la pobreza, cuando no en la miseria. “El 63% de la población indígena está sumergida en una pobreza estructural, en tanto esta afecta a cerca del 54% de los colombianos, y el 47,6% de indígenas se sitúa por debajo de la línea de miseria, indicadores altos con respecto al resto de los habitantes del país”, afirma la ONU.
Frente a este panorama, las comunidades ancestrales de Colombia han encontrado en la resistencia civil y en la acción humanitaria el mecanismo para hacerle frente a un Estado y a una lógica nacional que parece haberlos olvidado.
Episodios como el desalojo de militares en el departamento del Cauca por parte de la guardia indígena son, al mismo tiempo, una muestra del coraje de estas poblaciones y un mensaje al Estado colombiano: “no queremos actores armados en nuestro territorio”.
Por estas razones, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – Pnud ha incluido al Informe de Desarrollo Humano del 2011 un cuaderno específico para la situación que viven los indígenas en la actualidad. Su cosmovisión, su vulnerabilidad y lo que tienen que decir se pone de presente en el documento.
Confidencial Colombia recoge apartes del texto, de un informe cuyo eje fundamental se basa en “las promesas incumplidas, las innumerables violaciones a sus territorios por actores armados ilegales y legales, los incontables incumplimientos a la consulta previa, las cotidianas violaciones a sus derechos individuales y colectivos”, como afirma Absalón Machado, investigador del Pnud y director del Informe.
La guerra
Según el documento, el conflicto armado que vive el país ha sido el factor principal de violación a los Derechos Humanos a esta población. La guerra ha penetrado sus territorios, ha asesinado a sus líderes y los ha obligado a desplazarse.
Los lugares de asentamiento indígena se han convertido en el escenario principal del conflicto por varias razones.
Según el texto, las ventajas estratégicas de los territorios indígenas, la inversión de grandes capitales en zonas cercanas a estos lugares, la expansión de los cultivos ilícitos y la expansión del narcolatifundismo hacia zonas con alto potencial de valorización de tierras han desplazado la dinámica del conflicto hacia allí.
La consecuencia no ha sido menor. La Organización Nacional Indígena de Colombia – Onic denunció que “entre 2002 y 2009, (…) registran más de 1.400 homicidios, siendo los más intensos en 2008 y 2009, con un total de 111 y 176 asesinatos respectivamente. En marzo de 2010, ONIC tuvo conocimiento y registró en su base de datos, más de 50 homicidios adicionales a la cifra que se había reportado en los informes de 2009, hechos que tuvieron lugar en el norte del Cauca”.
El conflicto también ha obligado a los indígenas a irse de su tierra, con todo lo que esto significa para su desarrollo y cosmovisión. “Entre 2002 y 2010 aproximadamente 74.000 indígenas fueron desplazados de sus territorios, en forma individual y colectiva, obligados a salir como respuesta a las presiones, persecuciones y hostigamientos” afirma el texto.
Las precarias condiciones de los indígenas desplazados y la imposibilidad de retorno por parte de estas comunidades obligaron a la Corte Constitucional a declarar que 34 pueblos están en riesgo de desaparecer. Esta cifra se suma a las 32 etnias que ya había señalado la Onic.
En total, existen 66 de los 102 pueblos indígenas reconocidos por el Estado colombiano en riesgo de desaparición.
La semilla de la guerra también está en los territorios indígenas. “En los territorios indígenas el narcotráfico se materializa a través del uso de la mano de obra para la producción, el procesamiento y transporte de la droga; el uso de tierras fértiles de cultivo utilizadas para siembra de coca que trae como consecuencia el agotamiento y la infertilidad de la tierra; la afectación sobre la agricultura y la alimentación, y el desplazamiento forzado”.
Los indígenas no solamente se convierten en trabajadores de la industria de la coca sino que convierten a este negocio en la única posibilidad de desarrollo. Este producción afecta “los cultivos tradicionales de pan coger, las huertas de subsistencia y los estanques piscícolas”.
Además, “la medicina tradicional y el derecho a la salud también son vulnerados al no disponer de las plantas necesarias porque no tienen un medio ambiente sano”, afirma el informe.
La locomotora
La cosmovisión indígena parte de la interacción equilibrada entre los individuos y el territorio. Su idea del “buen vivir” se fundamenta en la idea de tomar de la naturaleza lo suficiente para satisfacer las necesidades básicas.
Los modelos de desarrollo empleados por el Estado, “que se orientan hacia la explotación de los recursos de manera intensiva e industrializada”, según afirma el documento, choca con la visión ancestral de las comunidades.
La riqueza natural de la tierra donde están asentadas varias etnias es “proclive al establecimiento de proyectos de desarrollo muy atractivos para los grandes capitales: carreteras, extracción minera, explotación de petróleo y gas, proyectos hidroeléctricos, colonización dirigida y cultivos intensivos”, según el texto. Esto ha generado, en palabras del Pnud, conflictos, enfrentamientos, desplazamiento, despojo de tierras y otras violaciones a los Derechos Humanos.
De acuerdo a la normativa internacional, los pueblos indígenas tienen derecho a definir sus prioridades en cuanto al desarrollo. En Colombia, existe la necesidad de generar procesos de consulta previa cuando se intente realizar un proyecto en territorios de ocupación indígena.
“Al respecto la Onic argumenta que pese a las obligaciones estatales definidas en los acuerdos internacionales y la Constitución, estos procesos de consulta previa no se han dado en cerca del 80% de las situaciones”, afirma el informe del Pnud.
Interpretaciones de Código de minas para explotar subsuelo indígena luego de que ellos lo hayan realizado, afectación a pueblos indígenas por el transporte de hidrocarburos y saqueo indiscriminado de madera en las selvas del Chocó son algunas de las problemáticas que deben vivir los pueblos ancestrales de Colombia.
“Pese a los derechos protegidos, los indígenas no tienen cómo evitar la vulneración de sus territorios, incluyendo lugares sagrados como cerros y cementerios. La importancia espiritual que estos espacios tienen se afecta frente a la llegada de megaproyectos económicos”, afirma el texto.
Los derechos
Aparte de ser una población víctima de la violencia y los modelos de desarrollo del Estado, las comunidades indígenas también han soportado la falta de aplicación de las políticas gubernamentales en cuanto al acceso a sus derechos.
A pesar de que convenios de la Organización Internacional del Trabajo – OIT sostienen que los regímenes de seguridad social deben extenderse en forma progresiva a los pueblos interesados y aplicarse sin discriminación alguna, “solo el 67,5% de los indígenas están afiliados al régimen subsidiado de salud (es decir cerca de 931.647, de un total de 1,4 millones), quedando por fuera del cubrimiento universal cerca de 32,4%”, según el documento.
La problemática también es grave en cuanto al acceso a los servicios de agua potable, acueductos y mecanismos de sanidad. Las condiciones económicas hacen que esta población tenga grandes dificultades para mantener a sus hijos.
“Entre la población indígena de Colombia se presenta una de las más altas tasas de mortalidad infantil del mundo. Un promedio de 250 de cada mil niños nacidos en las comunidades paeces en el Cauca, awá kwaikeres en Nariño y emberá en Antioquia, fallecen antes de los 6 años. La principal causa de mortalidad infantil es la desnutrición, lo que hace a los niños mucho más vulnerables a cualquier tipo de enfermedad” dice el texto.
En materia de educación, la situación también es muy desfavorable para las comunidades indígenas. A las altas tasas de analfabetismo se suman “bajas tasas de escolaridad, tiene una cobertura restringida, se caracteriza por una participación marginal en el sistema educativo y enfrenta grandes vacíos de operatividad y funcionamiento”, dice el documento.
Según la investigación hecha por las Naciones Unidas, “el analfabetismo entre los indígenas mayores de 15 años se sitúa en cerca de más de 11 puntos con respecto al promedio nacional y entre las mujeres la tasa es aún superior en más de 10 puntos con respecto a la masculina”.
Las propias comunidades manifestaron que el acceso a los derechos y la garantía de satisfacción de necesidades básicas es una “ilusión y un espejismo”.
La resistencia
La gran vulnerabilidad de los indígenas frente al conflicto, y “la discriminación y las dinámicas del mercado, apoyadas e impulsadas históricamente por el Estado” como señala Machado, han obligado a las comunidades a establecer mecanismos de resistencia.
En el marco de la guerra, los pueblos del Cauca decidieron en 2002 establecer una “neutralidad activa” frente al conflicto armado y han hecho frente tanto a actores armados legales como ilegales para que abandonen su territorio.
Muestra de esta organización civil fue el desalojo que hizo la Guardia Indígena a los militares en Toribío el pasado 17 de julio.
Los mecanismos de protección de la comunidad, que se basan en el caso de los indígenas del Cauca en la creación de un Guardia Indígena conformado por 7.500 voluntarios según el texto, se articula con iniciativas de diálogo.
De acuerdo con el Pnud, “ante los impactos de la violencia, la ONIC y el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) asumieron un papel activo, que dio origen a dos propuestas institucionalizadas: la primera, durante la Asamblea de la Sociedad Civil para la Paz en julio de 2001 (…) El segundo momento fue la celebración del Congreso de los Pueblos Indígenas Colombianos, en noviembre de 2001”.
Las alianzas entre las etnias, las mesas nacionales y las iniciativas de los cabildos dan cuenta, según el texto, de que las comunidades ancestrales son pueblos de paz.
