En una multitudinaria movilización cientos de ciudadanos vuelven a reclamar por las calles de Bogotá que “la salud no es un negocio, es un derecho.” Esta vez reclamando al Gobierno Nacional que los entes territoriales manejen el Régimen Subsidiado y dejen a un lado las EPS.
Más de un millón 200 mil personas en condición de pobreza y vulnerabilidad están en manos de cinco EPS que disponen de una red de Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) para dar salud a los beneficiarios. Por medio del Seguro Social.
Actualmente dos de esas entidades se encuentran intervenidas para estudiar si se revoca su permiso de operación. Solsalud y Unicajas.
Habría otras dos, Humana Vivir y Caprecom, pero la Superintendencia de Salud llevó a que se suspendiera la investigación sobre esas intermediarias por vencimiento de términos y fallas en el proceso de investigación.
Y la quinta, Capital Salud, presenta estados financieros negativos que la tienen el borde de la quiebra. Tiene un activo de 24 mil millones y un déficit de 27 mil millones.
Por su parte las EPS privadas también presentan cientos de problemas para su funcionamiento, la mayoría porque se le han demostrado multimillonarios sobrecostos en los elementos para prestar el servicio.
Por dicha razón los cientos de ciudadanos salieron reclamando al Gobierno Nacional que no se requiera el servicio de las EPS como intermediarias para que se preste los servicios de salud. Sino que este se haga a través de los Entes Territoriales.
A esta marcha se unió la Secretaria Distrital de Salud, convocada por los hospitales de Bogotá y los secretarios de Salud del País.
Por medio de su cuenta de twitter el secretario de Salud de Bogotá, Guillermo Jaramillo, manifestó que “La mancha blanca dice #SaludsinEPS”.
Además está retrinando los 140 caracteres de todos los manifestantes que paralizan el centro de la ciudad, reclamando una mejor prestación del servicio y que esta no se haga por medios de las prestadoras.
El secretario Privado de la Alcaldía Mayor, Jorge Rojas, también se unió a la inconformidad de los marchantes y escribió en su cuenta: “Se acerca fin de las EPS y se abre posibilidad de nuevo modelo de salud que reafirme lo público, falta enfoque de derechos.”
Y agregó: “Ciudades capitales son referente clave para administrar recursos y garantizar prestación de servicios de salud: obligación del Estado, DH.”
Otro que no se ha hecho esperar es el senador Jorge Enrique Robledo, quien ha manifestado en múltiples oportunidades que la propuesta del Gobierno de acabar con la intermediación financiera de las EPS es “falsa”.
Él reclama que con las propuestas presentadas sólo se cambiaría el nombre a las entidades, pero se continuaría con el mismo modelo.
Por su parte el presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), Jaime Arias, señaló que indiscutiblemente el precario comportamiento de algunas EPS lesionaron la imagen del sistema, haciendo que el pecado o las fallas de unas se convirtieran en la satanización de una red sólida y transparente que le dio motivos al ejecutivo para desaparecerlas.
Además indicó que así como hay EPS muy malas y otras muy regulares, también hay unas muy buenas.
Sin embargo los ciudadanos siguen manifestando y reclamando lo que por ley corresponde: Garantizar el derecho a la salud bajo los atributos de calidad. Situación que no sienten se podrá realizar a través de la actual fórmula que maneja la Nación.
