El senador Jorge Enrique Robledo ha sido el mayor opositor a la actual reforma a la salud que el Gobierno del presidente Santos impulsa en esta nueva etapa legislativa. Sus principales argumentos para llamarla “la peor reforma a la salud desde la ley 100” son la conspiración que tiene contra la tutela, la conversión de recursos públicos en privados y la liberación jurídica de los “encartados por asaltar la plata de la salud”.
En Colombia, la crisis de la salud se ha convertido en el tema principal en la agenda legislativa del año en curso. La reforma pretende la supresión de las EPS como principal cambio; centro de las principales negligencias en la prestación del servicio y foco de la polémica por casos como el de Saludcoop.
El senador Robledo sostiene que las EPS no se van a acabar: “Cuando Santos sale y dice que se van acabar las EPS es una mentira. No se van a acabar. Les van a cambiar el nombre, se van a llamar gestoras y va seguir habiendo POS, pero ahora con el nombre de Mi Plan”.
Las consecuencias de estos -cambios-, asegura el senador, es el crecimiento del negocio de las prepagadas. “La reforma tiene un norte, que está dicho en los documentos del Banco Mundial, hay que agrandar el negocio de las prepagadas. Esto ya es muy grave. El negocio es proporcional a que el POS sea deficiente. Entre más malo sea, más gente quiere entrar en la prepagada”.
También advierte que la reforma puede atentar en contra la tutela; mecanismo que busca proteger los derechos constitucionales fundamentales de los individuos: “A pesar que siempre han dicho que no van en contra, la quieren desmontar o reducir a muy poco de manera solapada ya que no pueden ir de frente a tumbarla”.
Para Robledo este es un intento más del santismo para debilitar esta garantía constitucional: “Va ser el tercer intento que hacen contra la tutela. El primero lo hizo Roy Barreras con una norma que proponía un mecanismo judicial distinto a la tutela. Luego, al final de año presentaron una ponencia en donde se puede ver todo un diseño calculado para desmontarla por medio de un fallo de la Corte Constitucional, puede que no absolutamente, pero si debilitándola. Y esta última que vemos con la reforma de la salud”.
Hay dos maneras fáciles de atacarla: “la primera es presionar al médico de tal manera que si receta fuera del POS sea causal de sanción. La otra es, en caso de poner una tutela ante un juez, obligarlo a escoger entre el dictamen del médico que recetó y la opinión de otro médico, poniendo al juez en un lío”.
Otra de las cosas que el dirigente del Polo pide explícitamente es la declaración de impedimento del Ministro de Salud ante la gestión de esta reforma: “Alejandro Gaviria debe declararse legalmente impedido para tramitar esta ley. Porque cuando Santos lo escogió como ministro pertenecía a la junta directiva del Bancolombia, que hace parte del sindicato antioqueño, poderoso grupo con negocios de seguros. Y porque su esposa era nada menos que vicepresidenta ejecutiva de Fasecolda, la organización de las compañías de seguros, la misma que cuando se creó la Ley 100 confesó que aspiraba a que el aseguramiento a la salud saltara del 2.5 al 39 por ciento en el total de su negocio”.
Esta reforma, radicada por el mismo presidente Santos, ha traído más dudas a un sistema abatido por las irregulares y los malos manejos de los privados. El fin de las EPS no se ve tan claro. Siguiendo con las afiliaciones y recaudados, además del manejo de todos los recursos de la salud.
