La reelección del Procurador General de la Nación parece un hecho cumplido. Sin embargo varios reparos a su gestión y a la manera en que ha adelantado su campaña han empañado lo que podría ser un triunfo del conservatismo nacional.
Desde que el pasado 7 de septiembre renunciara Gloria Elena Arizabaleta, esposa del presidente del senado Roy Barreras, a su cargo como procuradora judicial de restitución de tierras, la atención se volvió a centrar en la reelección del Procurador Alejando Ordóñez.
Con esa renuncia, el señalamiento que se había hecho acerca de la inconveniencia de buscar su reelección mientras familiares de los magistrados que lo ternaron y de los congresistas que lo elegirían, laboran como funcionarios del ministerio público, pierde un poco de fuerza.
Además, de la renuncia de Arizabaleta, que podría ser seguida por otros cuantos funcionarios que tienen nexos con jueces de la nación y con parlamentarios del país, el mismo Procurador hizo el anuncio del apoyo dado a su aspiración por la bancada de la U. Ese anuncio se suma al apoyo del partido conservador, algo que se sobreentiende toda vez que el entendimiento entre el funcionario y los miembros de esa colectividad es de público conocimiento.
A pesar de ese panorama, en el que Alejandro Ordóñez repetiría periodo en su cargo como Procurador General, muchas voces han surgido para señalar la inconveniencia de la reelección. La Corte Constitucional ordenó que el jefe del ministerio público se retracte de afirmaciones falsas dadas por él sobre temas sensibles de salud sexual y reproductiva, en las que no entregó la información completa ni apegada a los conceptos de la Organización Mundial de la Salud.
De no retractarse, el Procurador estaría cometiendo un desacato que llevaría a que la Corte Suprema de Justicia, la misma que lo ternó para la reelección, lo investigue disciplinariamente. Sin embargo, podría presentar un recurso de nulidad que dependería de la nueva composición de la Corte Constitucional que recibe a un nuevo magistrado de corte conservador.
La inhabilidad más clara que podría darse ante la posible reelección del jefe del ministerio público la expuso el exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional, Rodrigo Uprimmy en una de sus habituales columnas de prensa. En el escrito, Uprimmy, afirmó que el nombramiento de funcionarios que son familiares de “servidores públicos competentes para intervenir en su designación (del Procurador)” es un acto anticonstitucional. Por ende una falta tan grave podría ameritar una destitución del Procurador. Sin embargo, lo paradójico de esta situación es que el ente competente para destituir funcionarios públicos es la misma procuraduría.
A pesar de los escollos y de la poca aceptación que tenga la reelección de Ordóñez, el cálculo político permite pensar que los posibles 48 votos a favor (se necesitan 51 votos para ser elegido) con los que cuenta ahora le permitirían continuar como jefe del ministerio público por un periodo más.
