A través del Comunicado Conjunto No. 12 del Marzo 21 de 2013 las delegaciones del Gobierno y las FARC-EP, en la mesa de conversaciones de La Habana, informan a la opinión pública que continúan avanzando en la discusión del primer punto de la Agenda y en la construcción de acuerdos sobre los temas de acceso y uso de la tierra, tierras improductivas, formalización de la propiedad, frontera agrícola y protección de zonas de reserva, lo que de hecho constituye una buena noticia para el país.
Sin embargo, la mayor motivación que se genera al respecto es la afirmación y la solicitud que hacen al señalar: “. dado este avance, las delegaciones le pidieron a la Oficina de la Organización de Naciones Unidas en Colombia y al Centro de Pensamiento para la Paz de la Universidad Nacional que inicien la preparación de un nuevo foro sobre el siguiente punto de la Agenda, Participación política, a realizarse los días 28, 29 y 30 de abril en Bogotá”, conforme lo señalan en el Comunicado conjunto No. 13.
La mesa de conversaciones se propone en breve tiempo asumir la discusión del punto dos de la agenda, que es también un segundo problema estructural que da origen al conflicto armado, en la década de los sesenta, relacionado con la ampliación y profundización de la democracia en el país. El tema de la participación política es sin duda el escenario en el cual se definen las condiciones viables para pasar de la confrontación armada a la contienda política, por esto en la agenda antecede el punto de finalización del conflicto y dejación de armas. Es un tema de diversos y difíciles abordajes y de importantes retos institucionales. No es un tema puramente electoral, de conformación de partidos o de acceso a curules parlamentarias, sino, que implica el ordenamiento del sistema político y las posibilidades de que este sea más incluyente de los sectores sociales y políticos que han estado al margen del ejercicio del poder en condiciones de oposición política y resistencia armada.
Digamos sin ir muy lejos, que se trata de hacer efectivos los enunciados constitucionales definitorios del país como un Estado Social de Derecho. democrático, participativo y pluralista. Estos elementos son esenciales para la construcción de un modelo de democracia incluyente, deben ser desarrollados de manera creativa y plenamente para que los mismos se garanticen en el ejercicio de las formas del poder político, de modo que todos los interesados en el bien común puedan participar desde distintas orillas del pensamiento y la acción institucional y social en la búsqueda de las soluciones a los problemas nacionales.
Desde hace muchos años se ha debatido sobre la conveniencia de introducir una serie de reformas políticas que transformen el régimen presidencialista, cuya tendencia es a la concentración de todos los poderes del Estado, en un régimen parlamentario como una de las formas necesarias para la profundización de la democracia y para generar un marco institucional que propicie políticas que la haga más real, en cuanto más inclusiva y eficaz en materia de justicia social.
Se considera que un ejecutivo originado en el parlamento y con un abanico amplio de partidos fuertes, daría las condiciones de inclusión política necesaria para la paz, en un país en el camino de su propia modernización institucional. Pero, esto demandaría de un Congreso Ejemplar, con una cultura política suscrita al interés nacional y no, como tenemos hoy, un congreso fragmentado en liderazgos personalistas e intereses particulares. Por lo tanto, la discusión se centra, esencialmente, en las reformas al sistema electoral buscando su mayor eficiencia y fortaleza y a la creación de un régimen de partidos fuertes e independientes, capaces de definir la fortaleza del Estado en los pesos y contrapesos de un sólido sistema de oposición política.
La descomposición y desfiguración del papel de los partidos como sistemas de mediación política e intérpretes de interés nacional, ha obligado a los movimientos sociales, populares y políticos a incursionar en la lucha electoral, buscando ya no ser representados, sino estar presentes en los lugares de definición de la acción política e institucional y en la conducción misma del Estado en todos sus niveles de decisión política y ejecución administrativa. Desde luego, el camino de su participación está cerrado y llenos de obstáculos normativos que es necesario modificar para que el ejercicio democrático electoral, juicioso y responsable, contribuya a la profundización y ampliación de la democracia, la que debe extenderse a todas las actividades sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales que convoquen el interés público y el bienestar común.
El Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera ha señalado unas pautas específicas para abordar la reflexión del tema de la participación política. Una lectura hermenéutica de las mismas conduce fácilmente a la definición de unas líneas de trabajo que convocan aspectos de orden constitucional, reformas políticas, redefinición de las lógicas de participación para la ampliación y profundización de la democracia, medios de comunicación y una política pública de seguridad que garantice la integridad física de quienes participan de la actividad política y evite que se repitan los magnicidios y genocidios que llenaron de dolor décadas de conflicto y que no solamente consumieron la vida de dirigentes y militantes de la izquierda, sino, que igualmente, involucraron dirigentes e integrantes de los partidos tradicionales, de los frentes políticos y de los sin partido.
Una revisión juiciosa de la legislación existente y en particular de la Ley 1475 de Julio de 2011, por la cual se establece la organización y el funcionamiento de los Partidos políticos, con el objeto de que se hagan los ajustes necesario para que los problemas surgidos en su implementación puedan ser superados y se introduzcan los aspectos que sean necesarios para ampliar y profundizar la democracia y crear un moderno sistema de partidos fuertes que son los que definen la naturaleza de una autentica democracia, en la que esté debidamente representados los sectores sociales y los movimientos políticos de izquierda y de oposición, en el ejercicio de los principios de participación, igualdad, pluralismo, equidad e igualdad de género, transparencia y moralidad y donde se reglamente rigurosamente la vida interna de los partidos.
Temas como el reconocimiento de los partidos, su financiación y de las campañas electorales, el umbral, el acceso democrático a los medios de comunicación públicos y privados, las circunscripciones del orden nacional, el voto preferente, la modernización del sistema electoral, entre otros aspectos estructurales son de urgente y necesario abordaje crítico. Si bien no se trata de cambiar todo, si al menos de mejorar lo existente de tal forma que se fortalezca la democracia y se aumente la participación ciudadana en la lucha política, lo cual esta precedido de una pedagogía de la democracia que garantice una cultura política soportada en una ética del interés nacional y el bien común. Todo esto unido a una institucionalidad política que es promotora y garante del pleno ejercicio de los derechos políticos individuales y colectivos.
El acuerdo busca definir la participación política en torno al reconocimiento de los derechos y de las garantías para el ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final; que se afinen los mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa en los diferentes niveles del ejercicio del poder político y diversos temas que atañen al interés de la nación y, que se establezca medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, igualdad de condiciones y con garantías de seguridad, aspectos todos esenciales para consolidar la paz, aumentar el nivel de convivencia democrática y construir los caminos del bienestar general de la población.
El país tiene que desarmar las veleidades de los espíritus sectarios, madurar en la tolerancia y el respeto por la diferencia, garantizarse un escenario político en el puedan acontecer todos los cambios que sean necesarios sin otro recurso adicional que la legitimidad que concede la voluntad popular.
No tengo la menor idea a donde van a llegar a hacer la política como partido, movimiento o frente político las FARC-EP. Tengo claro que su camino está lleno de expectativas y oportunidades, de significativos ejemplos en las democracias alternativas de América Latina. Ojalá llegaran a un frente amplio, democrático y de paz, donde confluyan en una sola fuerza todos los movimientos sociales y políticos de la izquierda, conjuntamente, con fuerzas democráticas y progresistas de los partidos tradicionales y de las nuevas organizaciones políticas en construcción y consolidación, dispuestas a trabajar por un nuevo país.
El paso irreversible de las FARC-EP hacia la lucha institucional y política se está acercando de manera contundente y segura, lo peor que nos podría pasar es que una nueva estrategia estatal repitiera la dolorosa historia de la UP, el M-19, el EPL y en general de la izquierda colombiana que sucumbió ante la alianza del terrorismo criminal del Estado y el narco-paramilitarismo. Tengo el convencimiento aunque desafortunadamente, se choca a diario con la realidad, que eso no va a ocurrir porque la nación colombiana no va a desperdiciar esta oportunidad única y feliz de poner fin al conflicto armado.
Un camino de reflexiones críticas y perspectivas para profundizar y ampliar la democracia está por abrirse en el FORO NACIONAL SOBRE PARTICIPACION POLITICA; todos debemos aportar para que una era de cambios democráticos contribuya a la consolidación definitiva de la paz.
Seguimos esperando con urgencia la llegada del ELN a esta cruzada de paz y transformaciones democráticas, con el convencimiento que esa organización está trabajando en el mismo sentido.
