Este jueves, la guerrilla de las Farc desarrollo cuatro puntos más de sus propuestas mínimas para la participación política de los movimientos de oposición. Hablaron de democratización de los medios, de participación popular en la construcción de la política económica y propusieron sustituir la actual Cámara de Representantes por una “Cámara Territorial”.
La negociación es en serio. La guerrilla de las Farc ha llegado a este nuevo ciclo de diálogos en La Habana con ideas claras sobre lo que será su eventual reingreso a la vida civil y su participación en el juego político.
El debate se ha centrado, hasta ahora, en el mecanismo de refrendación de los acuerdos. Mientras el gobierno habla de una consulta popular, de un referendo, la insurgencia se ha referido en constantes ocasiones a la necesidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para legitimar los pactos y “cerrar” los puntos que no acuerdo con la institucionalidad en La Habana.
Mientras tanto, las Farc han repetido el modelo de “propuestas mínimas” que desarrollaron para darle a conocer al país su visión frente al problema de la tierra, primer punto de la discusión entre las partes. Este miércoles enunciaron sus diez posiciones para la participación en política tanto de los excombatientes como de los movimientos de oposición.
Aunque la opinión pública ha planteado que estas ideas significan la transformación del Estado, las Farc insisten en proponer. Este miércoles, ‘Jesús Santrich’ desarrollo cuatro de los enunciados hechos el día de ayer. Estos tienen que ver con las garantías para los guerrilleros, la democratización de la información, el estímulo a la participación de las regiones y la participación popular en la construcción de las políticas públicas.
La guerrilla pide que sus combatientes, una vez depongan las armas, encuentren las garantías necesarias para reintegrarse a la vida civil. Para eso, la insurgencia requiere “proveer todos los arreglos institucionales en los aspectos a los que hubiere lugar; garantizar el derecho a la participación política, incluido el derecho a elegir y ser elegido, a organizar partidos o movimientos políticos, a acceder a los medios de comunicación, a obtener la correspondiente financiación estatal, entre otros”.
Además, las Farc invitan al gobierno a que genere mecanismos para democratizar los medios de comunicación en aras de favorecer a las clases y sectores sociales populares. “Los medios alternativos y comunitarios tendrán apoyos e incentivos especiales. En los medios estatales se garantizará la participación en las instancias a que hubiere lugar, así como en la programación, de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, y de otros sectores sociales excluidos, especialmente las mujeres, los jóvenes y la comunidad LGBTI”, señala el comunicado.
Frente a la iniciativa de estímulo a las regiones, la guerrilla propone “compensar el excesivo centralismo, y fortalecer la democracia y el poder local, proscribiendo las estructuras y las prácticas clientelistas, corruptas y criminales”. Para eso, ‘Santrich’ señaló que “se redefinirá la representación en el poder legislativo mediante la conformación de una Cámara Territorial, que sustituya la actual Cámara de Representantes, en la que se garantice la participación de al menos tres representantes por departamento, así como de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes”.
Finalmente, la guerrilla propuso diseñar, evaluar e implementar “políticas públicas, así como los procesos de planeación contarán con la más amplia participación social y popular en sus diferentes niveles, nacional, departamental y municipal, o regional, según el caso. Para tal efecto se crearán los mecanismos institucionales correspondientes; se garantizará la delegación mediante elección directa. Dentro de principios de unidad nacional, la participación será autónoma y con carácter decisorio”.
La guerrilla sigue barajando. Ante la “política del silencio mediático” del gobierno, los representantes de las Farc siguen proponiendo su visión de Estado a través de los medios de comunicación y reafirman que una es la negociación en el Hotel Palco de La Habana y otra, muy diferente, la que se hace a través de los micrófonos.
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Continuación:
3. Garantías plenas a las organizaciones guerrilleras en rebelión y a sus combatientes para el ejercicio de la política en el evento de un Acuerdo final
De pactarse un Acuerdo final para la terminación del conflicto, se otorgarán garantías plenas a las organizaciones guerrilleras en rebelión contra el Estado, así como a sus combatientes, para que se produzca el tránsito a un ejercicio de la política, encuadrado en el orden constitucional y legal. Ello implica proveer todos los arreglos institucionales en los aspectos a los que hubiere lugar; garantizar el derecho a la participación política, incluido el derecho a elegir y ser elegido, a organizar partidos o movimientos políticos, a acceder a los medios de comunicación, a obtener la correspondiente financiación estatal, entre otros; conlleva igualmente el diseño y la implementación de manera concertada de los mecanismos y dispositivos necesarios para la seguridad colectiva e individual de las organizaciones y sus combatientes.
4. Democratización de la información y la comunicación y de los medios masivos de comunicación
Con miras a estimular y fortalecer la participación política, se implementarán medidas para la democratización de la información y la comunicación, que favorezcan a sectores sociales y populares, así como a fuerzas políticas hasta ahora excluidas en este campo. Se expedirán regulaciones para garantizar una producción de información y comunicación transparente, equilibrada y veraz; igualmente normas especiales para impedir la monopolización de los medios masivos de comunicación, democratizar su propiedad y fortalecer la propiedad pública. Se garantizará la cofinanciación estatal de medios, en prensa escrita, radio, televisión, internet y otros, pertenecientes a fuerzas políticas opositoras o a organizaciones sociales y populares, especialmente, a través de pauta publicitaria. Los medios alternativos y comunitarios tendrán apoyos e incentivos especiales. En los medios estatales se garantizará la participación en las instancias a que hubiere lugar, así como en la programación, de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, y de otros sectores sociales excluidos, especialmente las mujeres, los jóvenes y la comunidad LGBTI. Se generarán mecanismos de veeduría y control social sobre los medios de comunicación. Dentro de las políticas de masificación del uso del software libre se implementará un programa nacional de acceso gratuito a la internet para comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes y un programa nacional de dotación de computadores portátiles con acceso subsidiado a internet para los estudiantes de las zonas populares urbanas. Se diseñará de manera concertada un programa especial de información y comunicación para la paz con justicia social y la reconciliación nacional.
5. Estímulo a la participación de las regiones, los entes territoriales y los territorios
La participación política conlleva a garantizar y estimular la participación de regiones, entes territoriales y territorios en los diseños y las definiciones políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales del Estado, compensar el excesivo centralismo, y fortalecer la democracia y el poder local, proscribiendo las estructuras y las prácticas clientelistas, corruptas y criminales. Para tal efecto, se conformará el Consejo de la Participación Territorial en el que tengan asiento representaciones de las regiones -definidas de acuerdo con el ordenamiento constitucional-, de los departamentos y municipios, y de los territorios campesinos, indígenas,afrodescendientes y demás entidades territoriales que se convengan; Se redefinirá la representación en el poder legislativo mediante la conformación de una Cámara Territorial, que sustituya la actual Cámara de Representantes, en la que se garantice la participación de al menos tres representantes por departamento, así como de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes; y se profundizará el proceso de descentralización mediante la redefinición de las competencias, acompañada de la correspondiente asignación de recursos por parte del gobierno central. Se abrirá paso a la creación de las regiones, las provincias y distritos especiales como entidades territoriales. Por sus características particulares de miseria y abandono, el departamento del Chocó será elevado a la categoría de entidad territorial especial.
6. Participación social y popular en el proceso de la política pública y de la planeación y, en especial, de la política económica.
El proceso de diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, así como los procesos de planeación contarán con la más amplia participación social y popular en sus diferentes niveles, nacional, departamental y municipal, o regional, según el caso. Para tal efecto se crearán los mecanismos institucionales correspondientes; se garantizará la delegación mediante elección directa. Dentro de principios de unidad nacional, la participación será autónoma y con carácter decisorio.
En particular, se garantizará la participación social y popular en los organismos del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, del Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS, y de la Junta Directiva del Banco de la República. Los planes de desarrollo, los presupuestos públicos, así como los planes de ordenamiento territorial serán participativos en todas sus etapas. Se garantizará igualmente la participación de las regiones y territorios. El régimen constitucional de sostenibilidad fiscal y de autonomía de la banca central será rediseñado y puesto al servicio de las funciones sociales del Estado y del buen vivir de la población.
