Las Farc presentaron este lunes 10 nueva propuestas para “garantizar la soberanía alimentaria de la población colombiana”. Entre las iniciativas se incluye elevar la alimentación a derecho fundamental, destinar uno por ciento del PIB a un programa denominado Hambre Cero y brindar una renta básica de ciudadanía.
La propuesta agraria de las Farc es cada día más seria. En cada una de las oportunidades que han tenido de hablarle al país sobre el uso y acceso a la tierra por parte de campesinos colombianos, han planteado iniciativas concretas que, desde su visión del problema, creen fundamentales para superar la inequidad social.
Se han referido a la necesidad de revisar e intervenir los latifundios improductivos para que en ese territorio se asienten comunidades que exploten la tierra y puedan autoabastecerse. También ha planteado la necesidad de que el Estado colombiano pague la “deuda con el campo” y vuelque su mirada a proteger a los pequeños y medianos productores.
Así mismo, han hecho propuestas polémicas, que han sido rechazadas por los sectores empresariales del país. Desde el inicio resaltaron la necesidad de realizar una reforma agraria para “acceso y el disfrute del derecho a la tierra y al territorio de los campesinos sin tierra y de las mujeres en especial”.
Las Farc también han pedido al gobierno que establezca medidas de protección especiales para los campesinos que trabajan en zonas de explotación minera y han solicitado revisar las licencias ambientales a las multinacionales que extraen materias primas del suelo nacional. De igual forma, exigen evaluar los tratados de libre comercio suscritos con potencias mundiales.
Este lunes, cuando comienza una nueva ronda de negociación con el gobierno nacional, el vocero de la comisión negociadora de la guerrilla presentó 10 nuevas propuestas. Esta vez, las iniciativas se enfocaron en tratar de “garantizar la soberanía alimentaria de la población colombiana”.
La primera idea de la guerrilla es la de constitucionalizar el derecho a la soberanía alimentaria y elevar la alimentación a derecho fundamental. Esto permitiría a la población “definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, comercialización y consumo de alimentos”.
También proponen erradicar el hambre y la desnutrición a través de un programa especial de Hambre Cero, lo que haría de esta lucha una “política prioritaria del Estado”. Para la guerrilla, este programa debería tener una “destinación específica en suma equivalente al uno por ciento del PIB, provenientes de la reducción del actual gasto en seguridad y defensa”.
Así mismo, la guerrilla propine definir una “una canasta básica de alimentos, el estímulo de la producción hasta lograr el autoabastecimiento, la desconcentración y redistribución de la propiedad sobre la tierra y adjudicación gratuita a campesinos sin tierra, a trabajadores y proletarios agrícolas, a pobladores urbanos en condiciones de pobreza y en especial a mujeres”.
De nuevo insistieron en la necesidad de generar un ordenamiento territorial que “garantice las Zonas de Producción Campesina de Alimentos y las Zonas de Reserva Campesina, así como los territorios indígenas y afrodescendientes” y en la necesidad de garantizar el acceso “al consumo de alimentos por parte de la población”.
En esta perspectiva, las Farc proponen una “renta básica de ciudadanía, universal y sin condiciones, provista por el Estado”.
Dentro de las propuestas de soberanía alimentaria, las Farc indicaron que la producción familiar y el procesamiento de alimentos en las zonas de reserva se destinarán, en primera instancia, al abastecimiento de las comunidades productoras. También se propone un “equilibrio entre economía campesina, agroindustria y ganadería”.
Con estas iniciativas, las Farc vuelve a la mesa de negociación. La discusión en torno al tema de la tierra toma forma, el gobierno es optimista y la guerrilla dialoga con propuestas en la mano.
Propuestas de las Farc
1. Constitucionalización del derecho a la soberanía alimentaria y definición del derecho a la alimentación como un derecho fundamental, atendiendo a que el pueblo colombiano tiene el derecho a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, comercialización y consumo de alimentos para garantizar la alimentación de toda la población.
2. La erradicación del hambre y la desnutrición provocadas por la desigualdad y la pobreza se convertirán de inmediato en política prioritaria del Estado. Para tal efecto, se diseñará un Programa Especial de Hambre Cero que contará con recursos extraordinarios de presupuesto y de destinación específica en suma equivalente al uno por ciento del PIB, provenientes de la reducción del actual gasto en seguridad y defensa, y se fundamentará al menos en la definición de una canasta básica de alimentos, el estímulo de la producción hasta lograr el autoabastecimiento, la desconcentración y redistribución de la propiedad sobre la tierra y adjudicación gratuita a campesinos sin tierra, a trabajadores y proletarios agrícolas, a pobladores urbanos en condiciones de pobreza y en especial a mujeres.
3. Oferta suficiente, estable, salubre y ambientalmente sostenible de alimentos para el consumo de la población, dentro de un patrón productivo rural y agrario, cuya base sea la producción campesina de alimentos, individual, colectiva o asociativa, y las economías de comunidades indígenas y afrodescendientes, sin perjuicio de otros sistemas de producción, siempre y cuando tengan los mismos propósitos.
Tal oferta de alimentos se fundamentará en un ordenamiento espacial y territorial que garantice las Zonas de Producción Campesina de Alimentos y las Zonas de Reserva Campesina, así como los territorios indígenas y afrodescendientes.
4. Garantía de acceso al consumo de alimentos por parte de la población, generando una oferta estable y duradera de alimentos acompañada de la garantía al acceso en forma permanente a su consumo, lo cual presume el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de la población. Se implantará una renta básica de ciudadanía, universal y sin condiciones, provista por el Estado.
5. Protección, estímulo y subsidio a la producción campesina de alimentos, así como a las economías de comunidades indígenas y afrodescendientes, considerando su alta productividad, las razones culturales, de sostenibilidad socioambiental, de salubridad y de justica territorial, así como la necesidad de acortar la cadena alimentaria y el número de intermediarios. La producción familiar y el procesamiento de alimentos en las Zonas de Producción Campesina de Alimentos y las Zonas de Reserva Campesina se destinarán en primera instancia al autoabastecimiento alimentario y nutricional de dichos territorios. Se diseñará y pondrá en marcha un Programa de Producción Campesina de Alimentos.
Las comunidades indígenas y afrodescendientes serán incorporadas al programa, previa concertación.
6. Encadenamientos productivos entre diversos modelos de producción de alimentos, garantizando una coexistencia basada en la generación de un equilibrio entre economía campesina, agroindustria y ganadería, que respete las condiciones agroecológicas y ecosistémicas de la tierra y el territorio.
Admite igualmente la conformación de encadenamientos productivos tendientes a un uso racional de la tierra y demás recursos para la agricultura.
7. Protecciones especiales a la producción y la comercialización de alimentos frente a las presiones de cambio en los usos de la tierra impuestas por las economías de extracción minero-energética, la construcción de represas, la producción de agrocombustibles y los megaproyectos de infraestructura.
8. Relacionamiento equitativo entre productores rurales y consumidores urbanos de alimentos a través del sistema de compras estatales, regionales y locales, de redes urbano-rurales que vinculen a productores y consumidores directos, libres de las redes de intermediación.
9. Provisión de infraestructura física para la producción, la comercialización y el acceso a los mercados, dotando medios de producción, tecnología, embalaje, vías de comunicación, transporte, centros de acopio y comercialización. Se diseñará y pondrá en marcha un programa especial de infraestructura para la producción de alimentos.
10. Participación democrática, social y popular en el diseño y puesta en marcha de políticas alimentarias y nutricionales, incluído el reconocimiento y el respeto por la autonomía de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como el estímulo a las organizaciones campesinas en sus diferentes modalidades. Se creará el Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición, con participación de estas comunidades y organizaciones.
