En los últimos días, nuevos hechos de violencia han puesto de presente lo difícil que es para los campesinos asentados en Las Pavas el reconocimiento de su condición de víctimas del despojo de tierras. Breve revisión de un caso emblemático para la ley de víctimas.
Las formas de violencia en la ruralidad del país poco o nada han cambiado en el siglo naciente que nos ocupa. Corrimiento de cercas y linderos, como lo denunciaron en su momento quienes delimitaban sus predios con los de Víctor Carranza, establecimiento de grupos armados legales o ilegales para garantizar el expolio de los pequeños propietarios y campesinos y el desplazamiento de grandes grupos poblacionales hacia las cabeceras municipales para lograr quedarse con mayores cantidades de tierras, han sido una constante en el campo colombiano.
Dentro de esa lógica es que se puede comprender el fenómeno presentado en lo que se conoce como Hacienda Las Pavas, en la Isla del Papayal, al sur del departamento de Bolívar. Oncepredios que abarcan 1.290 hectáreas que, como lo señala el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, sirvieron tradicionalmente para el sustento de varias familias campesinas asentadas en el corregimiento de Buenos Aires, sobre el brazuelo del río Papayal.
Desde que la Hacienda quedara abandonada a mediados de los 90 y los campesinos asentados en Buenos Aires y organizados alrededor de Asocab (Asociación de Campesinos de Buenos Aires) empezaran a utilizar las tierras para sus cultivos de pan coger, las tensiones han ido creciendo debido a que la hacienda estuvo en manos de varios grupos armados sin identificar y posteriormente fue vendida a un consorcio palmero a mediados de la década de 2000.
Tras solicitar una acción de extinción de dominio por abandono al Incoder, los campesinos se vieron enfrentados a quien fuera el poseedor de los títulos de los predios, Consorcio San Isidro, representado por José Macías. Esta oposición incluyó un desalojo ilegal que fue calificado como tal por la Corte Constitucional en la sentencia T-267 de 2011, y acusaciones contra los líderes de Asocab por su supuesta pertenencia a las Farc.
La situación de los campesinos en Las Pavas empezaba a tornarse diferente desde que el Incoder declarara que los 11 predios que componen La Hacienda son baldíos de la nación y por ende la actividad palmera de Aportes San Isidro no era procedente. Sin embargo, como los informó Confidencial Colombia, desde ese momento se instaló en la casa de la hacienda un grupo de gente armada, presumiblemente contratado por el consorcio, para ejercer labores de vigilancia de los predios.
En contravía a lo señalado por el Incoder el grupo armado ha hecho expresa la supuesta propiedad del predio por parte del consorcio, llegando a amenazar a los campesinos de Asocab, como lo expresó Misael Payares, líder campesino, el pasado noviembre: “Ellos (los hombres armados) nos dijeron que si se llegaba a fallar a favor de nosotros acá iba a haber más de un muerto”.
Hasta el momento no ha habido ningún asesinato por cuenta de la creciente tensión entre ambos grupos pero entre la noche del 23 de abril y la mañana del 24 hombres armados, que los campesinos identifican con el grupo armado asentado en la casa de la hacienda, quemaron varios atados de palma usada para los techos de los ranchos que estos mismo hombres habían quemado previamente junto a algunos cultivos de maíz y yuca, y dispararon contra el tractor usado por Asocab para sus labores agrícolas, así como contra los campesinos sin que hubiera algún herido, por ahora.
Esta denuncia viene a sumarse a muchas otras que constantemente hacen los campesinos de Asocab y que hasta el momento no han tenido resonancia mayúscula en los medios de comunicación.
Mientras Misael Payares y los demás miembros de Asocab se siguen aferrando a la esperanza de que las autoridades locales hagan respetar las decisiones del Incoder y de la Corte Constitucional, está claro que los enemigos de la paz rural no cejarán en su empeño de expoliar el campo a costa del respeto a la ley.
