Sin que aún haya sido aprobado, el articulado del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 que presentó la Dirección Nacional de Planeación al Congreso ha levantado ampolla, sobre todo en lo que tiene que ver con el modelo de desarrollo rural en el país.
Desde finales del 2014 se ha advertido desde diferentes medios de comunicación y por varias organizaciones sociales, acerca de las inconveniencias del Plan Nacional de Desarrollo elaborado por Simón Gaviria.
Las primeras alertas fueron expuestas por varias voces autorizadas como el exdirector nacional de Ideam, Ricardo Lozano. Estas atienden a la nueva definición de las regiones colombianas que cambiarán en función del modelo de explotación que impere en cada región.
Es así como lo que antes se conocía como la Orinoquía, pasará a llamarse Región Llanos, y será una región de altillanura enfocada a la explotación minera, agroindustrial y ganadera. Si bien algunos departamentos de esta región han tenido esa vocación, como el Meta o el Casanare, la extensión de estas actividades a departamentos que se han considerado como zonas en las que el respeto por la biodiversidad debe ser el imperativo, traerá graves perjuicios.
Departamentos como el Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada serán destinados para los grandes proyectos agroindustriales, algo que no es nuevo pues ya hay grandes extensiones de tierra sembradas con palma de aceite en los llanos del Meta. Además, se anuncia en el articulado que las arenas negras y los minerales raros como el Tantalio, conocido como Coltán, serán explotadas en esas zonas.
Sumado a lo anterior, otra de las preocupaciones que expresa Lozano es la equiparación de la Amazonía con departamentos que tienen vocación agrícola tales como el Huila y el Tolima. Lo que antes se conocía como región Amazonía pasará a llamarse Región Centro-Sur-Amazonía y estará conformada por los departamentos del Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo y Amazonas. Esto abriría la posibilidad de que la frontera agrícola se amplíe hacía la Amazonía colombiana sin que existan garantías de conservación de los ecosistemas amazónicos.
Nueva definición de zonas según el Plan de Desarrollo 2014-18
Sumado a lo anterior, las preocupaciones atienden a la reducción de los tiempos en la entrega de licencias ambientales. Los artículos 164 y 165 del articulado establecen que las licencias solicitadas se otorgarán en menos de dos meses, si cumplen con los requisitos exigidos por la ley.
Por su parte, Oxfam Colombia ha sido uno de los grandes críticos de la llamada Ley de Baldíos y del Plan Nacional de Desarrollo en su enfoque agrario. Lo que buscaba el proyecto de Ley 133 de 2014, y que ha sido fuertemente criticado, es el establecimiento de UPRA (Unidades de Planificación Agropecuaria). Estas unidades buscan garantizar la creación de zonas de interés de desarrollo rural y económico. Según los críticos de este proyecto, estas zonas le estarían abriendo la puerta a las grandes empresas que buscan acumular tierras baldías, en contravía de la Ley 160 de 1994.
Si bien en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 no se habla de las Upra, si queda abierta la puerta para que se presente una situación como la que se alerta. Como lo ha expuesto Jennifer Mojica, de la Comisión Colombiana de Juristas, “Esta reforma coincide con el Proyecto de Ley 133 en que bajo el concepto de ‘trabajadores agrarios’ puedan ingresar compañías como Cargill, y excluye o elimina la alusión al sujeto de reforma agraria que es el campesino pobre”.
De cumplirse lo anterior, las tierras a las que podrían acceder estos “trabajadores agrarios” serían, en algunos casos, gran parte de esas extensas zonas de la altillanura que, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo ya no serían zonas selváticas sino zonas de vocación agroindustrial.
De igual forma, el Plan Nacional de Desarrollo contempla la liquidación del Incoder, y la creación de dos nuevas entidades. Esto genera inquietud en varios sectores rurales por cuenta de los procesos de adjudicación de baldíos que estaban pensados para ser entregados a los campesinos pobres, en algunos casos desplazados, como es el caso de la Hacienda Las Pavas.
Uno de los precedentes más cercanos en ese sentido es la entrega que hizo el Incoder el pasado mes de febrero de los predios de la hacienda la Bellacruz, declarados baldíos, y cuya titularidad reclamaba Germán Efromovich a través de su empresa la Dolce Vista. La entidad territorial entregó estos predios a Efromovich que los ha destinado para la actividad palmicultora.
Mientras al Plan Nacional de Desarrollo le queda un solo filtro en el Congreso para ser aprobado, organizaciones sociales, congresistas críticos de la política agraria del presidente Santos (Alirio Uribe, Iván Cepeda) y voces ambientalistas esperan que esos puntos neurálgicos que afectarían tanto el medio ambiente como la actividad agrícola de los campesinos más pobres, sean reparados o reversados en el Congreso.
