La sentencia que dictó la Corte Internacional de Justicia dejó a una Colombia pasiva frente a las acciones expansionistas del gobierno nicaragüense y un panorama agreste para el próximo año. Si bien hubo adelantos, es un tema que continua seriamente estancado.
A días de finalizar el 2013 empiezan los conteos para revisar en retrospectiva qué se logró en el año. Si bien se registraron avances positivos para el desarrollo del país como lo son los diálogos de paz en La Habana, el caso del fallo que emitió la CIJ el 19 de noviembre del año pasado, el cual otorgó mares de soberanía colombiana a Nicaragua y que reflejó una conducta expansionista del gobierno sandinista en el Mar Caribe, es un tema, de muy alto calibre, que no asimila avances de gran impacto en lo corrido del año y que viene provocándole serios dolores de cabeza a los delegados a cargo.
Confidencial Colombia presenta un recorrido por las herramientas que han hecho públicas las dos naciones en litigio, las opiniones de figuras de la política al respecto y los testimonios de las partes involucradas en el 2013.
Las cartas de Colombia frente al fallo
Primero, hay que resaltar que las consecuencias que desató el fallo dictado por la Corte Internacional de Justicia en La Haya, no se originaron con el actual mandato. La sentencia tiene un telón de fondo turbio ya que desde que Nicaragua impuso la denuncia en el 2001, los diferentes gobiernos que han regido hasta el día de hoy han sido distantes en hallar una solución contundente.
Entonces, las palabras de la Canciller María Ángela Holguín encuentran peso cuando afirma que este litigio era una “bomba de tiempo” que se le podría haber estallado a cualquier otro mandatario. Como dice el adagio: ‘le tocó al Presidente de turno’.
No obstante, sí se han evidenciado falencias en el ámbito del discurso del presidente Santos y la pasividad de su Gobierno frente a las ya tres demandas que ha interpelado Nicaragua ante la CIJ. Así las cosas, ¿qué ha hecho Colombia este año para hacerle frente a la sentencia?
Declarar el fallo como inaplicable debido a la ausencia de un tratado que establezca los límites marítimos entre los dos países al interior del Congreso de la República. “Los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República”, enuncia el artículo 101 de la Constitución de Colombia.
- Denunciar el Pacto de Bogotá, ley que suscribe a Colombia bajo el juicio de la Corte Internacional de Justicia.
- Declarar como zona contigua al Archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los territorios aledaños.
- Reforzar el esquema de seguridad y patrullaje de embarcaciones de la Armada Nacional alrededor del meridiano 82, frontera marítima con Nicaragua.
- Resguardar la Biosfera SeaFlower, patrimonio natural – Unesco
- Enviar al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, una carta firmada por los Presidentes de Colombia, Panamá y Costa Rica en donde denuncian una “pretensión expansionista” peligrosa de Nicaragua en el Mar Caribe.
- Llamar a consultas a la embajadora de Colombia en Nicaragua, Luz Estela Portillo.
Hubo numerosas intervenciones sobre lo que debería hacer Colombia para inhabilitar la sentencia. Estas son algunas de las más destacadas.
Andrés Pastrana, expresidente: Le envió una carta al presidente Juan Manuel Santos en la que le reprochó una posible intención del Gobierno de eludir responsabilidades frente al fallo y donde dejó expresa su decisión de desistir de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores.
Anteriormente, Pastrana había denunciado que la canciller Holguín cometió el delito de filtrar documentos secretos del Estado, al revelar las cartas que él y el presidente Santos intercambiaron. Luego afirmó que la Canciller era una “chismosa”.
De igual manera cuestiono la demora (10 meses) en la que la comisión de expertos que internacionales arrojó resultados sobre el caso. “Hace 10 meses se contrataron a unos costos exorbitantes asesores nacionales y extranjeros para que nos digan a los colombianos qué debemos hacer, pero la canciller ayer en los medios no nos dijo nada. Diez meses y no tenemos claro de los recursos que se pueden interponer ante la Corte”, señaló Pastrana el 11 de septiembre de este año.
Edgar Espíndola, Senador miembro de la Comisión Segunda: En conversaciones con este medio, el congresista aseguró que la mejor opción para los colombianos era romper inmediatamente las relaciones con Nicaragua. Indicó que luego de que este país demandara nuevamente a Colombia a finales de octubre, rompió lo convenido en el acuerdo Esguerra-Bárcenas firmado en 1928.
“Esa es una causal meritoria para pedir la nulidad. La convención de Viena estipula que hay que notificar a la otra parte, darle 90 días o tres meses para que se pronuncien y si no lo hacen, ir ante Naciones Unidas para resolver el tema”, explicó el 1 de noviembre.
Carlos Ramiro chavarro, presidente de la Comisión Segunda: Como cabeza de la Comisión que organiza los asuntos de orden internacional en el Congreso, el senador confirmó en octubre que ya se estaban adelantando las herramientas para el estatuto Raizal junto con el Ministerio de Interior, el cual contempla beneficios para la comunidad raizal y pescadora de San Andrés, entre otros.
Chavarro hizo parte de la rueda de prensa en altamar que instaló el presidente Santos en septiembre, cerca de la costa del archipiélago, donde el mandatario declaró que “defendería a capa y espada la soberanía del país”. Semanas después el congresista, ahora miembro de la Fundación Buen Gobierno, atestiguó que el proceso estaba “estancado”.
Noemí Sanín, excanciller: Ofreció una salida que, según ella, sería la solución para inhabilitar el falló que perfiló la Corte Internacional. Sanín indicó por medio del libro La llegada del dragón, que un presunto conflicto de interés de una juez china miembro de la CIJ en la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua fue una de las razones por la cual esta juez votó a favor de la sentencia.
La excandidata presidencial aseguró que este hecho es causal suficiente para invalidar la decisión de los magistrados de La Haya, por el mal comportamiento de uno de sus miembros, refiriéndose a la conducta de la juez de nacionalidad china.
Marta Lucia Ramírez, precandidata presidencial: La militante del Partido Conservador señaló que aquella pasividad del gobierno Santos es la que le ha provocado al país un serio malestar.
Anotó que “ahí sí que tenemos nosotros una tragedia y es la falta de una verdadera política internacional en Colombia. Hemos visto un gobierno pasivo que no ha tomado ninguna iniciativa que nos de a nosotros claridad sobre la defensa y la integridad del territorio”.
Corinne Duffis Steel, lidereza raizal de San Andres: Calificó a la entrada y salida de parlamentarios a la isla como un desfile de diplomáticos que solo obedece a otros intereses distintos de ayudar a la comunidad raizal. Declaró en septiembre que para el 2015 se hará un referendo en la isla para definir el camino hacia una independencia de la comunidad raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
