Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación advierte que hay 140 candidatos herederos de la ilegalidad. La mayoría tienen respaldo de viejas corrientes políticas.
Hay incertidumbre frente a la transparencia de las elecciones regionales de octubre próximo. Por un lado, el presidente del Consejo Nacional Electoral Emiliano Rivera, aseguró que no tienen los recursos para garantizar en su totalidad la transparencia de la jornada electoral y pidió a la cartera de Hacienda un desembolso para dicho propósito. Vea el limbo administrativo por el que atraviesa el CNE.
En la otra orilla figuran aquellos que manifiestan su preocupación por los avales que viejas castas políticas les están otorgando a personas vinculadas con actos ilegales como la parapolítica o que son herederos de dirigentes condenados.
De acuerdo con un informe elaborado por la Fundación Paz y Reconciliación, la lista negra la conforman 140 aspirantes a Alcaldías y Gobernaciones. Entre los departamentos con más candidatos cuestionados aparecen: Sucre (30 candidatos), Antioquia (26), Magdalena (15), Cesar (13) y Santander (10). También están Valle del Cauca, Putumayo, Guaviare, Casanare y La Guajira.
En el caso del departamento del Magdalena, Rosa Cotes, esposa del condenado parapolítico Chico Zúñiga, se está lanzando a la Gobernación, al parecer sin competencia alguna. Ella hereda la estructura política de su esposo, quien era conocido como uno de los miembros del clan de los Conejos. Además, Cotes estaría siendo apoyada por un buen grupo de parapolíticos como Poncho Campos, Jorge Caballero o el famoso Trino Luna.
Ella hace parte del listado de cuestionados de Cambio Radical, el partido del vicepresidente Germán Vargas Lleras. Allí también está presente Oneida Pinto, presunta heredera de Kiko Gómez y candidata a la gobernación de La Guajira. Vea: Los oscuros aspirantes de Cambio Radical.
El informe de Paz y Reconciliación también analizó a aquellos salpicados por escándalos de corrupción o que sostienen nexos con organizaciones criminales. Por ejemplo: Jesús Ignacio Londoño, candidato a la Alcaldía de Cartago, es reconocido como el intermediario de narcos con la alta política y ha sido señalado como uno de los puentes entre el cartel de Cali y la campaña de Ernesto Samper. Igualmente se lo conoce como intermediario entre los capos del cartel de Los Comba o Rastrojos con diferentes agentes estatales.
Entre los candidatos que enfrentan condenas o inhabilidades por parte de la Procuraduría, la Contraloría o la Fiscalía, figura Carlos Guillermo Atehortúa, el aspirante a la Alcaldía de Yarumal por el Centro Democrático, quien tiene investigaciones preliminares en la Procuraduría Regional por la ejecución de proyectos durante su mandato como alcalde entre 2008 y 2011.
Él también es investigado por la Contraloría General de Antioquia por presunto detrimento al patrimonio por la construcción de un parque por $2.850 millones, el cual actualmente se encuentra en ruinas.
Otro fenómeno evaluado por la Fundación tiene que ver con el respaldo que viejos partidos políticos le están dando a candidatos en aprietos por investigaciones. Los partidos Liberal, Cambio Radical, Conservador, La U y Opción Ciudadana lideran el podio.
También fueron analizados aquellos que por falta de dinero para sus campañas se vieron forzados a involucrase en la maquinaria de clanes políticos que mueven grandes cantidades de dinero para el financiamiento de campañas. Un caso es el de Ovidio Mejía, candidato a la Gobernación de La Guajira, quien se alió con la casa Nueva Guajira de Jorge Pérez Bernier para poder competir contra Oneida Pinto, la candidata de la casa política Ballesteros y de Kiko Gómez.
Según Ariel Ávila, Coordinador del Observatorio de la fundación, “los bandidos quieren ser alcaldes y gobernadores”. El investigador ha sido enfático al asegurar que debe haber una vigilancia juiciosa por parte del Estado para blindar a las elecciones de octubre de hechos delictivos.
