El cese de la erradicación manual de cultivos de coca y la declaratoria de Zona de Reserva en el Catatumbo tienen enfrentados a miles de campesinos con la fuerza pública en el nororiente del país. Cesar Jerez, presidente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva, explica las solicitudes de la población, dice que los acuerdos solo se harán en Tibú y denuncia manipulación de la información. Mininterior dijo que el gobierno dialogará cuando haya condiciones.
La protesta en Norte de Santander completa 13 días. Luego de varios enfrentamientos entre campesinos cocaleros y miembros del ejército y la policía, la situación en Tibú, Ocaña y otras poblaciones del Catatumbo es de tensa calma.
A esta hora, más de 4 mil campesinos bloquean la carretera que conduce de la Cuatro, un municipio cercano a Tibú, con la vereda Pategallina. Diez mil más no han permitido el paso de vehículos en las vías que condicen de Ocaña a Concepción, a Aguachica y a Cúcuta. Los labriegos han conseguido aislar la región e impedir el paso de tractomulas que transportan carbón, petróleo y otros minerales.
Las versiones son encontradas. El la fuerza pública señala que en la manifestación hay expertos en manejo de explosivos y sugieren que la protesta está infiltrada por las Farc. Las comunidades se defienden: “venga ustedes mismos y miren qué personas están “enfusiladas”, como dice el ejército”, afirma a Confidencial Colombia el vocero de Anzorc, Cesar Jerez.
Lo cierto es que la refriega ha dejado heridos y muertos. Las comunidades denuncian que la fuerza pública ha asesinado a varios manifestantes y señala que las protestas no cesarán hasta que se cumpla lo que exigen y se llegue a un acuerdo que debe ser firmado en Tibú.
“Exigimos que vuelva el ministro de agricultura a la región para lograr un acuerdo justo. Él vino la vez pasada y como no logró nada se devolvió”, afirma Jerez desde algún punto de la conflictiva zona del Catatumbo.
Los campesinos exigen acuerdos en el terreno por la reunión que sostuvieron este lunes los alcaldes de la zona y el gobernador de Norte de Santander con el presidente Santos para analizar la situación. Desde Casa de Nariño afirman que el ministro del Interior y la ministra de Educación también están presentes en la actividad.
En el encuentro, los funcionarios analizaron la propuesta de cese de erradicaciones manuales de cultivos de coca y dialogaron sobre las mesas de trabajo que proponen los campesinos para superar esta situación.
Mientras tanto el Catatumbo sigue ardiendo. Los campesinos exigen tres puntos para acabar las manifestaciones y encaminarse al regreso a sus trabajos.
El primer tiene que ver con el cese inmediato de las “erradicaciones forzadas” de cultivos de coca, como Jerez afirma. Para ellos, debe aplicarse un programa de sustitución de acuerdo al plan de desarrollo establecido en la ley sobre Zonas de Reserva Campesina. Los campesinos exigen un subsidio de un millón y medio de pesos para los labriegos afectados por esta erradicación manual.
“El ejército vino a la zona, destruyó los campos y se fue. Así no podemos. Los campesinos van a resistir el tiempo que sea necesario porque ellos ya no tienen nada que perder, ya lo han perdido todo”, afirma Jerez.
La segunda exigencia del movimiento campesino tiene que ver con la declaratoria de 346 mil hectáreas de tierra ubicada en el Catatumbo como Zona de Reserva Campesina. “En este momento ya se podrían declarar 116 mil hectáreas, que son la zona de Tibú, porque el trámite ya está listo. No sabemos por qué no se ha hecho”, afirma el vocero de las comunidades.
Y el tercer punto en discusión tiene que ver con una revisión exhaustiva de la situación de derechos Humanos en la zona del Catatumbo. “Este pueblo tiene más de 11 mil víctimas del paramilitarismo y ha visto como cientos de sus habitantes tienen que salir a Venezuela huyendo de la violencia”, señala Jerez.
Mientras tanto, campesinos y militares se miran de frente. Unos bloqueando las carreteras y otros intentando dispersar la movilización. El Estado ha dejado avanzar casi dos semanas esta protesta y deberá actuar con celeridad para que el “infierno” que se ha convertido el Catatumbo no sea escenario de una tragedia.
El siguiente es el Pliego de exigencias que el campesinado movilizado del Catatumbo distribuyó el pasado 22 de junio para solucionar la situación:
1. Que la interlocución entre el campesinado movilizado y la institucionalidad estatal se realice a través de de la Mesa de Interlocución y Acuerdo- MÍA. Que esta convoque a las autoridades competentes (ver lista al final)
2. La declaración inmediata de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo, esto en el marco del cumplimiento de las obligaciones legales que tiene el Incoder en virtud del artículo 81 de la Ley 160 de 1994 y del Decreto 1777 de 1996; así como de los acuerdos suscritos entre la Asociación Campesina del Catatumbo y la institucionalidad local y departamental.
3. Definir claramente la ruta de financiación e iniciar la ejecución inmediata de los proyectos priorizados del Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona de Reserva Campesina.
4. Suspensión inmediata de las erradicaciones forzosas de cultivos de coca y ejecución de un programa de sustitución gradual y concertada de los cultivos de uso ilícito en el marco de la propuesta productiva del PDS-ZRC.
5. Recogiendo la propuesta del gobernador, señor Edgar de Jesús Díaz Contreras, se exige mitigar la crisis alimentaria producida por las erradicaciones forzadas de los cultivos de coca mediante el otorgamiento de subsidios de un millón quinientos mil pesos (1.500.000) mensuales a las familias afectadas; para tal efecto es necesario elaborar un diagnóstico que dimensione el número de familias beneficiarias. El subsidio debe prorrogarse por mínimo dos años, o hasta que la implementación de los proyectos productivos del PDS-ZRC garanticen la soberanía alimentaria del campesinado en la región.
6. Suspensión de los proyectos de la locomotora minera y la política del plan de consolidación en el territorio de la Zona de Reserva Campesina. Reconocimiento del derecho constitucional de las comunidades campesinas a ser consultadas y a participar en todas las decisiones que puedan afectarles.
7. Frente a la situación de derechos humanos en la región:
• Se exige un reconocimiento público por parte del presidente de la república, del ministro del interior, del ministro de defensa y del comandante de las fuerzas militares; donde se reconozca el carácter civil del campesinado organizado en la Asociación Campesina del Catatumbo.
• Se exige el impulso de las investigaciones judiciales por violaciones de derechos humanos por parte del Estado, como una forma de superar la crisis generalizada de Derechos Humanos en la región.
• Se exige que se cree una comisión de verificación que revise: violaciones de Derechos Humanos, las infracciones al DIH, las capturas originadas por montajes judiciales relacionados con la aplicación de la Ley 30 y supuestos casos de rebelión; los seguimientos ilegales, la persecución y estigmatización en contra de la Asociación Campesina del Catatumbo.
• El problema de la coca debe tratarse como un problema económico, social y político y no como un problema criminal.
