A raíz de la polémica parranda que al parecer se celebró con licor en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel La Picota, que tuvo como protagonista a Emilio Tapia, el Inpec decidió tomar medidas y hacer suspensiones.
De acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) la fiesta celebrada el pasado 15 de septiembre en el pabellón de máxima seguridad de La Picota, que quedó registrada en un video publicado por Semana, tenía la aprobación de la entidad pues se realizó en el marco de las actividades culturales de la Virgen de las Mercedes.
Por medio de un comunicado el Inpec responde a la publicación de las imágenes de la celebración, en las que se pueden ver a reclusos usando celulares y al parecer tomándose unos ‘tragos’. De hecho en el video aparece Emilio Tapia, condenado por el escándalo del carrusel de contratos de Bogotá, cantando con flagrancia y chateando por celular.
“Este evento tuvo lugar el día 15 de septiembre a la 11 y 15 a.m., donde el conjunto musical ingresó a varios pabellones del penal para dar serenata a los internos y brindarles un rato de esparcimiento”, dicta el texto difundido por el instituto.
El problema es que al parecer se permitió la entrada de licor al centro de reclusión gracias a la complicidad de los guardias. Y además tampoco hubo correcciones inmediatas frente al hecho de que algunos de los presos hablaran libremente por teléfono celular. En este orden de ideas el órgano general carcelario declaró el inicio de una investigación preliminar para determinar la veracidad de los hechos y efectuó las siguientes suspensiones que tendrán vigencia hasta que los análisis arrojen resultados.
Suspender temporalmente al Comandante de Vigilancia del Centro carcelario y al Subdirector del Pabellón de Alta Seguridad del Establecimiento. Asimismo se detuvo por tiempo indefinido las negociaciones que se adelantan con el sindicato de La Picota.
Los hechos reviven el debate sobre cuándo y de qué manera se debe reconfigurar el sistema carcelario del país con el fin de mitigar la corrupción y solventar la crisis humanitaria por la que atraviesan algunos centros penitenciarios.
