El debate que ha provocado la llamada Ley Urrutia o Proyecto de Ley de baldíos, ha aumentado a medida en que los campesinos continúan negándose a la posibilidad de una legalización en la acumulación de tierras. En el encuentro entre los gremios agrícolas y entidades investigativas, para tratar este tema, quedó clara la preocupación del campesinado ante la ‘falta’ de colaboración del Gobierno frente al desarrollo rural.
A raíz del escándalo provocado por Carlos Urrutia, exembajador de Colombia en EE.UU, por la asesoría a varias empresas para la apropiación indebida de terrenos baldíos, se ha desatado una fuerte controversia a causa de la implementación de la ley que impone el “arrendamiento” de tierras del Estado.
La discusión inició con el aporte de Eudoro Álvarez, representante de Dignidad Agropecuaria, quien afirmó que existe una posible atención especial por esas tierras, que seguramente serán invadidas por las grandes empresas. Igualmente, aseguró que no hay un gran desarrollo agrícola como el Gobierno lo dice y que el modelo tecnológico y productivo que está siendo utilizado, no es el más indicado para trabajar las tierras.
“Este proyecto es un fenómeno de especulación y un fenómeno de titularización con el objetivo de llegar al mercado internacional acompañado de varias grandes capitalistas colombianas” agregó.
Martha Reyes, vocera de la Mesa de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas, aseguró que este proyecto de Ley vulnera el derecho al acceso y al trabajo de la tierra. También indicó que con proyectos tan negativos se ‘invisibiliza’ la labor que ha tenido la mujer en el proceso el desarrollo social y económico del país.
Según Julio Armando Fuentes, representante de la Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución y Acuerdo, MIA, en Colombia no hay una política agraria en la que en verdad se vea involucrado el campesinado. Fuentes aseguró que el proyecto de Ley para los baldíos no es más que una negociación de tierra para las grandes transnacionales y que la política de desarrollo únicamente está dirigida al mercado de la tierra llevándola a desestimular la producción.
“Lo único que está haciendo el Gobierno Nacional es imponiendo una política para el campo, sin tener en cuenta que hay sectores que han producido el campo por mucho tiempo”, dijo Fuentes.
Igualmente el representante de la MIA, anunció que la mesas de negociación con el Gobierno están suspendidas debido a la falta de voluntad, ya que después de 50 días de dialogo no se ha podido concertar en ningún punto de la agenda de peticiones. Y aseguró, que el 11 y 12 de diciembre, realizarán en Bogotá una cumbre agraria nacional y campesina con el fin de presentar la ‘verdadera’ política del campo colombiano.
Por su parte, Javier Medina, investigador de CINEP, dijo que el proyecto no favorece una administración responsable en la tierra, bosques y pescaría, ni tampoco fomenta el dialogo participativo con los actores más afectados por la concentración de la propiedad en el país. Asimismo, enfatizó en la transparencia y el respeto con el que se debe llevar a cabo este tipo de procesos.
De igual manera, dentro del debate participó la organización Planeta por la Paz con su respectivo representante, Carlos Salgado, quien dejó muy en claro su respaldo al senador Jorge Enrique Robledo y al represente a la Cámara, Wilson Arias, quienes están trabajando para poner un alto al trámite que el jefe de la cartera de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, quiere ejecutar.
“Es un trámite que a todas luces pone contra la pared al campesinado. Al igual que las acciones que tiene el ministro, no es más que la demostración de una falta de calidad profesional”, afirmó Salgado.
Asimismo, el director de Codhes, Marco Romero, resaltó la importancia que tiene el tema agro dentro de proceso de paz y enfatizó en la necesidad que el país tiene para fortalecer el modelo agrícola, ya que, según Romero, Colombia no tiene una reforma agraria democrática y moderna.
“Este país necesita una reforma rural democrática y transformadora, pero dicha transformación y modernización no puede ser excluyente” agregó.
Por último, César Pachón, dirigente de Dignidad Papera, que hizo parte de este debate, afirmó que con este proyecto solo se busca dar acceso a las grandes multinacionales, mientras que muchos de los campesinos llevan bastante tiempo esperando a que el Estado les entregue una pedazo de tierra que hasta al momento no han conseguido.
Pachón dijo que “el Gobierno solo tiene en cuanta la agricultura a gran escala, más que todo la agroindustria para alimentar vehículos y se deja a un lado la seguridad y la soberanía alimentaria del país”.
Finalmente los gremios agrícolas, las ONG’s y las entidades investigativas, reafirmaron que sin duda el proyecto de Ley de baldíos no es más que un trámite que busca beneficiar a las grandes empresas, sin tener en cuenta las necesidades del campesinado colombiano y su difícil situación económica.
