El caudal electoral en las regiones de Colombia parece estar en manos los jóvenes. En Magdalena, Córdoba y Santander, departamentos con problemas profundos y episodios históricos de violencia, gobiernan funcionarios con menos de 32 años, que tienen niveles muy aceptables de popularidad pero viven a la sombra del apoyo de líderes que han estado vinculados con grupos al margen de la ley.
El cinco de febrero pasado, el centro Nacional de Consultoría presentó los resultados de la imagen positiva que tienen los ciudadanos de sus alcaldes y gobernadores. Varios mandatarios locales salieron rajados, pero en zonas de problemáticas históricas y en donde la violencia ha dejado su huella, las autoridades regionales tienen el respaldo de sus electores.
El gobernador con mayor imagen positiva es, a pesar de la compleja guerra que se vive al interior de las comunas de Medellín y de la presencia de grupos armados en el territorio antioqueño, es Sergio Fajardo. Le siguen de cerca los mandatarios de Córdoba, Putumayo, Risaralda y Santander. Todos tienen un amplio margen de maniobra en términos de aceptación popular.
En zonas del país donde la violencia ha tejido una red histórica y en las que la voz de los ilegales ha llegado a permear todas las esferas, gobiernan personajes atípicos. Se trata de abogados de menos de 35 años, herederos de un caudal electoral lleno de polémicos y seres que han puesto su nombre en las gobernaciones de Córdoba, Magdalena y Santander.
Entre Luis Miguel Cotes (Magdalena), Alejandro Lyons (Córdoba) y Richard Aguilar (Santander) lograron casi 800 mil votos en las pasadas elecciones. Los medios regionales destacan su gestión, mientras que la opinión pública nacional cuestiona sus relaciones con personas vinculadas al paramilitarismo y sus antecedentes.
Dos de los tres gobernadores llegaron al poder por movimientos ciudadanos avalados a través de la recolección de firmas. Uno de ellos, el polémico Luis Miguel Cotes, prefirió abandonar el partido Liberal, que cuestionaba sus relaciones políticas, para embarcarse en la titánica aventura de movilizar a la población para que aceptara su candidatura.
Durante el periodo que llevan en el poder regional, varios de ellos han sido elegidos como Gobernadores del mes por sus electores. Sus puestos pueden convertirse en plataformas electorales que desequilibren el panorama político nacional y determinen el nuevo ajedrez del poder en Colombia.
En las regiones, las autoridades locales son las operadoras de la política, más en tiempo electoral.
Confidencial Colombia presenta los perfiles de tres representantes de la vieja forma de hacer política en el país. Tres gobernadores polémicos, marcados por sus particulares intereses y porque representan al establecimiento y a los gamonales de sus regiones.
El ‘mello’ acordeonero
La vida pública de Luis Miguel Cotes comenzó a los cuatro años. El hijo del cacique liberal Álvaro Cotes Vives mostró desde esa edad un entusiasmo dedicado por el acordeón y de forma autodidacta aprendió algunos acordes, que luego perfeccionó con un profesor hasta los 14. “Lo practicaba mucho, casi a diario. Era una forma de relajarme, de generar mucha armonía con los amigos”, dijo el propio gobernador hace meses.
En 2004, el ‘Mello’, como le dicen de cariño en su familia, ingresó a la universidad del Norte en Barranquilla y cursó seis semestres de Administración de Empresas. En una entrevista a Tele Caribe, dijo que sus padres hicieron un concurso entre su hermano y él para decidir quién de los dos se mediría al juego político para conservar el poder de los Cotes en la región.
Como salió elegido, Luis Miguel volvió a Santa Marta en 2007 y se lanzó a la Asamblea Departamental. Sin ningún capital político propio, Cotes logró ingresar a la entidad con una votación de 12 mil sufragios y comenzar su carrera en los cargos de elección popular.
A pesar de que estuvo 2 años y medio en el cargo, sus compañeros de Asamblea no destacaron a Cotes por sus habilidades políticas. Un diputado, que compartió con el nuevo Gobernador en la corporación, le dijo a El Tiempo que Cotes tenía poco protagonismo en los debates y casi no asistía al recinto. “Se notaba que la política no era su prioridad”, afirmó.
Seguro del caudal heredado, el diputado Cotes decidió abandonar la Asamblea y comenzar su campaña a la gobernación. Con el apoyo inicial del partido Liberal, y el respaldo de su padre y su tío, conocidos como “los conejos”, el Mello recorrió el departamento y presentó su propuesta política.
Los Cotes Vives, conocidos como “los Conejos”, “son célebres en el Magdalena por sus negocios y contactos políticos, pero también por aparecer en varias investigaciones por actividades irregulares y por su cercanía con políticos condenados o procesados por parapolítica”, según el perfil de Luis Miguel Cotes del portal digital La Silla Vacía.
Los familiares de Luis Miguel financiaron, según La Silla Vacía, “la primera y fallida campaña a la alcaldía del ex alcalde de Santa Marta José Francisco “Chico” Zúñiga, quien luego fue condenado por parapolítica”. También apoyaron al exgobernador Trino Luna, también condenado por vínculos con paramilitares. Con esos contactos, la gobernación de Cotes era cuestión de tiempo.
Sin embargo, las dudas comenzaron a surgir. Desde varios sectores de la opinión, se cuestionaron los apoyos a la campaña del acordeonero y pidieron que el candidato explicara los vínculos de los políticos condenados por parapolítica. Rafael Pardo, presidente entonces del partido Liberal, le pidió a Cotes explicaciones con tal de no retirarle el aval de la colectividad para la candidatura.
Luis Miguel Cotes no respondió, renunció al Partido y a través de un movimiento de firmas se lanzó a la gobernación. 160 mil rúbricas fueron suficientes para validar su candidatura y para generar todavía más dudas en los críticos.
En octubre de 2011, Cotes ganó la gobernación con 170.824 votos. Con el 41,97% de los sufragios, el acordeonero se puso al frente de la gobernación. A pesar de las críticas por los apoyos de campaña, Cotes nombró en cargos de primera importancia a personajes polémicos y vinculados con la ilegalidad.
Nombró como primera dama departamental a su tía Rosa Cotes, esposa del exalcalde José Francisco “Chico” Zúñiga, condenado por vínculos con las autodefensas.
También posesionó a Sandra Castañeda como secretaria de salud, quien trabajó con el exgobernador Trino Luna. Martha Sánchez, quien quedó como secretaria de Hacienda, trabajó con el exalcalde José Francisco Zuñiga, además es la esposa de Edmundo Pinedo, hermano del exsenador Miguel Pinedo Vidal, investigado por nexos con los paramilitares.
José Antonio Lafaurie, Tesorero de la gobernación, trabajó con José Zúñiga. Carlos Neri López, secretario de infraestructura, hizo lo mismo con Omar Díaz Granados. Fidel Vargas, secretario de cultura y turismo también hizo parte de la administración de “Chico” Zuñiga.
A pesar de que la Corte falló en su contra tras una denuncia de presunta ilegalidad en las elecciones, el 13 de marzo Luis Miguel Cotes volvió a tomar las riendas del Magdalena luego de ser suspendido por una semana. Muchos en el departamento cuestionan su capacidad de ejecución y señalan que está más interesado en la parranda que en el destino de sus electores.
El polémico abogado
Alejandro Lyons era hace algo más de dos años un prestigioso abogado en la capital. Trabajaba en una oficina de sus familiares, donde comenzó a “conocer a muchos de los políticos cordobeses que desfilaban por allí en busca de salidas para sus líos judiciales, uno de ellos Miguel Alfonso de la Espriella, condenado por parapolítica por haber firmado el Pacto de Ralito, en el cual muchos políticos sellaron una alianza con los paramilitares de Salvatore Mancuso”, según afirma el portal Verdad Abierta.
Lyons también defendió, poco antes de aspirar a ser el candidato a la gobernación de Córdoba por el partido de la U, a Gonzalo Riaño, un hombre que fue detenido en el departamento en marzo de 2012, acusa de lavado de activos.
Según Verdad Abierta, antes de asumir la carrera política el actual gobernador “también fue uno de los abogados penalistas del ex gobernador de Sucre, Salvador Arana, condenado a 40 años de prisión por su participación en el crimen del ex alcalde de El Roble, Sucre, Eudaldo Díaz, perpetrado por paramilitares y por concierto para delinquir agravado”.
Su labor de penalista, forjada como abogado de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Procesal Penal y estudios en Derechos Constitucionales y Contratación Estatal, también lo llevó a defender al contratista Emilio Tapias, “, a quien la Fiscalía le imputará cuatro delitos, entre ellos, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, dentro del escándalo de contratos indebidos en Bogotá”.
Sin embargo, en una reunión entre los gamonales políticos de la región, el nombre de Alejandro Lyons sonó como el más indicado para buscar la gobernación de Córdoba por el partido de la U. Además, Lyons señaló en un debate previo a las elecciones que su función de abogado no tenía nada que ver con su conducta, la cual era intachable.
Con más del 60 por ciento de los votos, que sumaron 303.785, el abogado cordobés se llevó la elección. Sin embargo, su triunfo no estuvo exento de polémicas. A Lyons lo apoyaron Julio Manzur y Zulema Jattin, investigados por la Corte Suprema de Justicia por sus presuntos nexos con los paramilitares; el ex–representante a la Cámara Dumith Náder Pareja, hijo del aspirante a la Alcaldía de Montelíbano por quinta vez Moisés Náder Restrepo, quien tiene 57 denuncias en la Fiscalía.
También recibió beneficios por parte de las ex candidatas a la Gobernación Margarita Andrade García y Mara Bechara de Zuleta, esta última mencionada en una de sus versiones por Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’.
Más allá de las preocupaciones en materia de orden público que tiene el departamento, existe una “alianza” entre los legisladores y el ejecutivo regional para no criticar lo que sucede en la región y rodear al gobernador. El senador Bernardo Miguel Elías Vidal señaló en entrevista con El Meridiano de Córdoba que “hay unión en torno a Lyons”.
Hijo de tigre…
Hugo Aguilar fue el militar que cumplió el sueño de la fuerza pública en Colombia. Él, un mayor santandereano y miembro del bloque de búsqueda, disparó el arma que acabó con la vida del más grande capo en la historia del narcotráfico en el país: Pablo Escobar Gaviria. El episodio ocurrió el 2 de diciembre de 1993.
Dos años más adelante, altos oficiales del ejército le pidieron al héroe que se fuera de la organización, pues las acusaciones que lo vinculaban en una especie de alianza con el grupo paramilitar Los Pepes para acabar con la vida del capo paisa eran muchas y evidentes. Aguilar, efectivamente, solicitó el retiro.
Al exmilitar le picó el “bichito de la política”, y escogió un partido no menos polémico que él para iniciar su carrera en puestos de elección popular. A nombre de Convergencia Ciudadana, una organización que siempre estuvo bajo la sombra de vínculos con paramilitares, Aguilar logro obtener un puesto en la Asamblea Departamental de Santander en 2001.
En 2002 se retiró de su puesto para aspirar a la gobernación y, con el mismo respaldo político, se quedó con el poder en Santander. Tras una administración aceptable, que fue de 2004 a 2007, la Procuraduría decidió inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por presuntos vínculos, otra vez, con paramilitares. En julio del mismo año fue capturado y permanece en la cárcel.
Mientras esto sucedía, Richard Alfonso Aguilar Villa estudiaba derecho en la universidad Sergio Arboleda y se especializaba en Derechos Comercial y Financiero. También tuvo tiempo para hacer una maestría en Estados Unidos y alejarse lo suficiente de la política.
Cuando volvió al país ocupó cargos públicos, pero todos ellos relacionados con el mundo de las finanzas y los negocios. Fue asistente del departamento de Inversión Extranjera de Mincomercio, asesor jurídico y financiero del Congreso y encargado de negocios de la embajada de Colombia en Chile.
Cuando los organismos de control decidieron inhabilitar y capturar a su padre, Richard tuvo que volver a casa. En ese entonces, Hugo Aguilar preparaba una nueva candidatura para la gobernación de Santander, y la bandera política quedó en manos del menor de los Aguilar, el desconocido Richard Alfonso.
Pocos en la región lo conocían, pero todos sabían que era hijo del exgobernador Aguilar, uno de los gamonales más respetados en el oriente del país. Eso fue suficiente para que en octubre de 2011, y por un movimiento de recolección de firmas, se quedara con 290.945 votos y ocupara desde el año siguiente la gobernación.
Mientras que su padre intenta probar que no tiene vínculos con paramilitares, Richard Alfonso realiza una administración digna. El 78 por ciento de los santandereanos tiene una imagen positiva de su figura, siempre a la sombra del hombre que mató a escobar y hoy se defiende desde la cárcel.
