Rafael Merchán, Secretario de Transparencia, tiene sobre sus hombros la responsabilidad de seguir desarrollando en Colombia una política seria de lucha contra la corrupción, que genere resultados tangibles y que demuestre que dicha figura deje de ser un puesto más dentro del Gobierno.
A un mes de haberse posesionado, el nuevo Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Rafael Merchán Álvarez, ya hizo la primera denuncia sobre “fundaciones gemelas” pertenecientes a un mismo empresario, que han concentrado la contratación de alimentos en la seccional Cundinamarca del ICBF, y que desde el 2008 han recibido contratos por más de 155 mil millones de pesos.
De esa misma manera espera que en lo que falta por terminar el Gobierno de Juan Manuel Santos, pueda dejar consolidada una verdadera política anticorrupción que le permita al Estado, alertar y denunciar los casos que puedan generar detrimento patrimonial al interior de las instituciones, públicas y privadas del país.
Merchán cree fielmente que “hay que despolitizar el acceso al servicio público”, por ello está trabajando en cuatro frentes y vigilando con lupa los sectores que más preocupan al Ejecutivo como lo son la Salud, la educación, el problema en las cárceles y la minería ilegal. Así mismo, espera que antes de julio de este año, sea aprobado el Conpes anticorrupción con una suma que asciende a los 400 mil millones de pesos.
Confidencial Colombia: ¿Cómo explicarle a la gente que su puesto no es una ‘corbata’ más del Gobierno, si realmente no tiene lo que se llaman ‘dientes’ para denunciar los casos graves de corrupción?
Rafael Merchán: Nosotros no sancionamos, no podemos destituir funcionarios, pero si podemos contribuir a que haya mayor coordinación, a que haya unas políticas más efectivas de prevención y a que el tema quede en la agenda, tanto del gobierno, como de la propia ciudadanía.
La efectividad de la Secretaría de Transparencia tiene dos frentes, por un lado debemos ayudar a destapar las cosas que suenan raras, que potencialmente son casos de corrupción y alertar. La ciudadanía tiene derecho a saber que el Gobierno está siendo autocrítico cuando se presenta un proceso al interior del Ejecutivo y está destapando esos casos. A nosotros en la medida que nos llegue buena información queremos poner esos temas ante la opinión pública.
Y por el otro lado es clave manejar los temas de implementación de las políticas, pues no sacamos nada con denunciar y denunciar sino paramos y hacemos la reflexión de qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando y de cómo generamos mayor transparencia. Además porque por muchos años la lucha contra la corrupción se ha concebido solo como la parte sancionatoria y no, la lucha contra este flagelo es un tema de prevención, control y prevención. Las tres cosas tienen que ir al tiempo y es generar políticas de largo aliento, que no solo le sirvan a este gobierno sino al próximo que llegue. Por ello ya es hora de que la lucha contra la corrupción deje de ser la cenicienta en este país.
C.C: El sector de la salud ha generado en los últimos meses graves casos de corrupción, sobre todo en los hospitales públicos, ¿qué está haciendo la secretaría en ese sentido?
R.M: Es un tema que nos preocupa mucho y al cual le estamos prestando la mayor atención. Debemos priorizar un blindaje de los vaivenes de la política en sectores como el de la salud.
Ya hemos discutido con el Superintendente de Salud, que en el Conpes anticorrupción se incorporen unas secciones para darle mucha mayor transparencia a la intervención de las EPS, porque la Superintendencia es consciente que eso se presta a manipulaciones políticas.
En Colombia deberíamos hacer un pacto implícito para que ciertos sectores no sigan sujetos a los vaivenes de la política, y ojalá el de salud sea uno de ellos, porque de lo contrario va a ser muy complicado que se preste un servicio eficiente.
El debate debe ir más allá de si un congresista u otra persona, ejerce algún tipo de presión para beneficio propio, porque lo que deja al descubierto es que en Colombia estamos lejos de una meritocracia real para acceder al cargo público, a los contratos, y sobre cómo es el acceso a la administración pública.
C.C: ¿Y cuál será el mecanismo?
R.M: En la reforma a la salud queremos proponerle al Ministro Alejandro Gaviria que se incluya un artículo que vaya encaminado a la elección de los directores de los hospitales públicos, que hoy en día se hace por un concurso de méritos, que en honor a la verdad, ha fracasado estruendosamente y mientras no haya transparencia en la elección de los directores que manejan recursos públicos, es muy difícil que se usen adecuadamente.
En todas partes del país le dicen a uno que son concursos amañados, que la gente a priori ya sabe cómo son las preguntas, es un tema muy complicado, ya que la ciudadanía se queja de los despilfarros escandalosos, de la corrupción, de la ineficiencia al interior de los hospitales, que son en últimas el contacto directo de la comunidad con el sector público.
C.C: Otro tema tiene que ver con las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR, las que el propio Presidente Juan Manuel Santos anunció que iba a reformar y hasta el momento, no se ha podido.
R.M: El próximo informe que publicará la Secretaría de Transparencia será sobre cómo están contratando las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR, eso quiere decir, cuánto se está contratando por licitación, cuánto por concurso de méritos y otros elementos que pueden generar riesgo de corrupción. Será la radiografía de la contratación en las CAR.
C.C: ¿Pronto se podrá tener una geografía exacta de la corrupción en el país?
R.M: Hasta el 30 de abril pasado, todas las entidades del Estados tenían la obligación de hacer su mapa de corrupción, eso quiere decir, cuáles son potencialmente los riesgos en temas de contratación, cuando son entidades que otorgan licencias, cuando sancionan, manejo financiero, información privilegiada, y eso se tiene que dejar reflejado en una metodología que expidió la Secretaría, y nosotros lo que vamos a hacer ahora para todas las entidades del orden nacional, departamental y municipal, que suman más de 6 mil, lo que vamos a hacer es seleccionar de todo ese universo a ver si coinciden en el riesgo, se elaboren las políticas anticorrupción.
C.C: En el caso hipotético de que el Presidente Santos no se reelija y usted deba entregar su cargo el 7 de agosto de 2014, qué le va a dejar su oficina al país en materia anticorrupción?
R.M: Si yo dejara los siguientes cinco puntos montados, me sentiría completamente satisfecho de haber ejercido este cargo, primero: dejar expedida la política anticorrupción con todos los acuerdos institucionales.
2. Que esté en marcha la ley de acceso a la información, y que realmente estemos propiciando un cambio cultural tanto del servidor público como del ciudadano,
3. Propiciar que haya mayor coordinación entre las distintas entidades de lucha contra la corrupción como son la Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y Consejo Superior de la Judicatura, que realmente podamos destapar casos como lo que se hizo con la Dian.
4. Meter en la agenda del país el tema de la cultura de la legalidad, que ha sido por muchos años la cenicienta. Todo el mundo habla de eso, pero no se ha tomado con la suficiente seriedad.
5. Dejar el observatorio anticorrupción marchando y que la ciudadanía se haya apropiado de éste como un instrumento de lo que está pasando en temas de corrupción en el país.
