El Gobierno colombiano debe hacer más para castigar y erradicar la violencia sexual contra las mujeres en el contexto del conflicto interno del país, denunció hoy Amnistía Internacional (AI).
En un nuevo informe, titulado “Colombia: invisibles ante la justicia”, la organización señala que las autoridades no han hecho lo suficiente para procesar a los responsables de crímenes sexuales.
“Al no investigar efectivamente la violencia sexual contra la mujer, las autoridades de Colombia transmiten a los perpetradores el peligroso mensaje de que pueden seguir violando y cometiendo abusos sexuales sin temor a las consecuencias”, declara Marcelo Pollack, investigador sobre Colombia de Amnistía Internacional.
El respeto a los derechos humanos “debe ser una prioridad” en las próximas conversaciones de paz entre el Gobierno y las Farc, añade.
“Sin un compromiso claro de todas las partes implicadas en el conflicto para poner fin a la violencia sexual y a otros abusos contra los derechos humanos, no puede haber una paz duradera y estable en Colombia”, advierte Pollack.
En el contexto del conflicto armado de Colombia, las mujeres son agredidas sexualmente para sembrar el terror en las comunidades y obligarlas a huir de sus tierras.
Estas tácticas de violencia sexual se utilizan como forma de venganza contra el enemigo, para controlar los derechos sexuales y reproductivos de las combatientes o explotar a mujeres y niñas como esclavas sexuales.
Un número cada vez mayor de defensoras de derechos humanos que trabajan para denunciar tales abusos y combatirlos es, a su vez, objeto de amenazas y ataques, critica AI.
Los obstáculos que impiden que se haga justicia incluyen la ausencia de seguridad para víctimas y testigos, la discriminación y estigmatización de las supervivientes por el sistema judicial, y la inexistencia de una estrategia integral para combatir la impunidad en estos casos.
“El problema en Colombia no es la ausencia de leyes, resoluciones, decretos, protocolos y directivas relativamente buenos, que existen y en gran número, sino que no se aplican de forma efectiva y sistemática en todo el país”, afirma Pollack.
Amnistía pide a las autoridades de Colombia que elaboren “un plan de actuación efectivo, integral e interdisciplinario para abordar la violencia sexual contra la mujer” y que apoyen un proyecto de ley en curso “para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de la violencia sexual”.
“El único modo de acabar con la violencia sexual contra mujeres y niñas en Colombia es garantizando que los presuntos responsables comparecen ante la justicia”, subraya el investigador de AI.
Si Colombia “sigue sin conseguir que los responsables de crímenes sexuales relacionados con el conflicto respondan ante la justicia, o no está realmente dispuesta a hacerlo, podría ser necesaria la intervención de la Corte Penal Internacional”, advierte.
