Tras ser arrestado en São Paulo, el ex mandatario Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, fue dejado en libertad por la Policía Federal después de ser interrogado durante tres horas. Según el Procurador de Brasil: “Hay 39 páginas de pruebas su contra”, en el marco del escándalo de corrupción de la multinacional Petrobras.
El expresidente de Brasil prestó declaración durante tres horas en una oficina del aeropuerto Congonhas de São Paulo, y luego de finalizar el trámite se retiró en un automóvil que lo llevó a las oficinas del Partido de los Trabajadores.
A pesar de que la intención inicial era trasladarlo a Curitiba para verificar su testimonio, finalmente fue dejado el libertad. Según el procurador general brasileño, Carlos Fernando Dos Santos, hay pruebas que indican que el político recibió dinero malversado de Petrobras, además de habilitar favores especiales a constructoras a cambio de propiedades como el famoso tríplex de lujo en las playas de Guaruja.
Los investigadores apuntan a la reforma de dos viviendas que frecuentaba Lula, pagadas por las constructoras Odebrecht y OAS, como una vía por la que el político recibió beneficios ilícitos. Las dos empresas están implicadas en el caso de corrupción de Lava Jato. En el caso del conglomerado OAS, el comunicado que publicó la fiscalía este viernes, calcula que la empresa hizo reformas por valor de más de un millón de reales en el tríplex de lujo. Los fiscales también apuntan a donaciones y pagos de conferencias realizados por empresas investigadas en el caso Lava Jato.
La macrooperación Aletheia (“búsqueda de la verdad”) comenzó al filo de las seis de la mañana. En ella participaron 200 policías y 30 auditores de Hacienda cumpliendo órdenes judiciales en los Estados de São Paulo, Río de Janeiro y Bahía. Al domicilio de Lula, en São Bernardo (a unos 20 kilómetros de São Paulo) no tardaron en acercarse simpatizantes y detractores del político. Su hijo, Fábio Luiz da Silva, conocido como Lulinha, también recibió la visita de agentes federales en su apartamento en el barrio de Moema, sur de São Paulo.
El Ministerio Público Federal ha sido duro en el comunicado publicado horas después de los registros de viviendas. El texto asegura que “dentro de una República, incluso las personas ilustres y poderosas deben estar sujetas al escrutinio judicial cuando hay fundadas sospechas de actividad criminal, que se apoya, en este caso, en decenas de testimonios y amplias pruebas documentales”.
La Fiscalía considera que el desvío de dinero de Petrobras beneficiaba a empresas “que se enriquecían a costa de las arcas de la estatal” , menciona a trabajadores de Petrobras “que vendían favor”, personas que lavaban dinero “de forma profesional” y pagaban sobornos, y políticos y partidos que recibían dinero para financiar campañas. La acusación cree también que las élites de los partidos políticos, “especialmente el PT, el Partido Progresista y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño”, de la base de Gobierno, coordinaban la red.
“Lula, además de líder de partido, era el responsable final por decidir quién eran los directivos de Petrobras y fue uno de los principales beneficiados por los delitos. De hecho, surgieron evidencias de que los crímenes lo enriquecieron y financiaron campañas electorales” del Partido de los Trabajadores, reza el comunicado de la fiscalía.
“Es un espectáculo de los medios de comunicación, un juego de pirotecnia. Hoy me sentí prisionero, el país no puede segir así. Nada de esto disminuye mi honor. Encendieron la llama en mí y la lucha continúa”. declaró el exmandatario en la sede nacional de Partido de los Trabajadores.
