La pertinencia de las emisoras comunitarias es mayúscula en un país desigual y centralizado. Pedro Arenas analiza el papel de este tipo de medios de comunicación en la pedagogía para la superación del conflicto armado que sufre el país. Opinión.
En 1994 el Ministerio de comunicaciones de Colombia convocó una licitación para asignar frecuencias de radio en mas de 400 municipios del país. Las propuestas debían ser presentadas por comunidades organizadas que gozaran legitimidad en esas localidades, que tuvieran experiencia reconocida en trabajo de medios y que además propusieran un plan de trabajo en el que se incluyeran distintos sectores de la sociedad civil.
En 1995 el Ministerio asignó las frecuencia mediante resoluciones, pero la organización beneficiaria tenía que buscar los equipos, formar el personal que se encargaría de la radio, conseguir donde funcionar y poner en marcha la estación. Estos compromisos motivaron que muchas de las emisoras no arrancaran. A eso se sumó el hecho de que varias propuestas quedaron en manos de grupos que no tenían trabajo comunitario, mientras que otras se pusieron al servicio de intereses partidistas o religiosos.
Las radios comunitarias, los periódicos de barrio y las estaciones de televisión comunitaria conforman un amplio espectro de medios comunitarios que en Colombia existen hace décadas pero que también adolecen de varias dificultades para sobrevivir. Cada día mas los medios son monopolizados por grandes cadenas que están al servicio de intereses de grupos económicos o de poder político. Una contracorriente a este proceso de concentración la ha permitido la internet que ha facilitado la aparición de medios digitales o virtuales en radio, televisión, prensa escrita, blogs y redes sociales.
En el caso de las emisoras comunitarias el antecedente se sitúa en las radios mineras, indígenas y populares del continente. En Bolivia la apuesta fue por la organización de los trabajadores; en Ecuador se aportó a la identidad de los pueblos, en Brasil al movimiento por la tierra y en México a la construcción de una historia propia. En Colombia antes de que el Ministerio lo formalizara muchos movimientos populares ya tenían programas en estaciones privadas y otros se habían atrevido a crear sus impresos usando las herramientas de la época, como el mimeógrafo.
Actualmente, las radios deben ser instrumentos que le “den voz a los que no tienen voz”; deben aportar al reconocimiento y promoción de las iniciativas ciudadanas en favor del mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades; deben hacer pedagogía por la construcción de paz y fomentar la organización comunitaria para tener mayor capacidad de interlocución con las instituciones del Estado. Por eso, no debe ser extraño que los medios comunitarios también sean llamados “alternativos” y que se pongan al servicio de causas populares, étnicas, campesinas, de los derechos humanos, de nuevas ciudadanías, de género, de libertades y de promoción juvenil. Incluso en muchos casos aparte de facilitar las denuncias ciudadanas podría ser la “voz disidente” que ayuda a ganar espacios a los que no han tenido poder.
En esta coyuntura, los medios comunitarios tienen un papel primordial al hacer pedagogía para el fin del conflicto armado al tiempo que para visibilizar los nuevos conflictos promoviendo que estos se tramiten sin el uso de la violencia. Las radios comunitarias están inmersas en los compromisos del Punto 2 (ya negociado) de la Agenda de La Habana, el de participación política. Sin duda, el Estado colombiano debe abrir nuevos canales nacionales de televisión y facilitar que las comunidades amplíen las posibilidades de manifestarse a través de medios radiales, televisivos y escritos. Nuevos medios comunitarios en manos de organizaciones de base en zonas que han vivido la guerra serán un instrumento muy valioso para la reconstrucción de los tejidos que fueron destruidos y para ayudar a construir la etapa de transición hacia la implementación de los acuerdos y la paz territorial.
Habrá que revisar las experiencias que ha tenido el país en esta materia, mirar la legislación y reglamentación actual, al tiempo que los impulsores de estos medios deberían considerar la posibilidad de unirse o enlazarse en amplias redes usando las tecnologías de esta época para ofrecerle en serio una mayor alternativa a la población en lo que al derecho a la comunicación se refiere. Un derecho-deber como lo llama Javier Darío Restrepo, vital en estos tiempos en los que se ha vuelto a hablar de inclusión y de profundización de esta imperfecta democracia.
