A menudo, nada sucede cuando en el país se denuncia un caso de corrupción… excepto represalias para el denunciante. Sobran los ejemplos.
7 de septiembre, Ciudad de México. El abogado de la empresa Infraiber, Paulo Díez Gargari, es interceptado por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR, la fiscalía mexicana), que lo detienen para presentarle una citación a declarar. Al registrarlo, le descubren portando un arma prohibida. Díez Gargari pasó 48 horas en custodia y solo fue liberado tras pagar 65.000 pesos (3.200 euros) como multa por posesión ilegal de armas. Cuatro días más tarde, elementos de la PGR penetraron en las oficinas de Infraiber en busca de evidencias, en una operación que duró 16 horas, e incautaron 14 cajas de materiales. Las autoridades anunciaron haber hallado equipo de espionaje.
Díez Gargari aseguró que los policías le habían “colocado” la pistola y que los aparatos señalados como “de intervención de comunicaciones privadas” en realidad eran artefactos electrónicos de uso común. Su declaración fue desmentida de inmediato por las autoridades. Pero el abogado aportó pruebas: los vídeos de las cámaras de seguridad de sus instalaciones y, sobre todo, los de un sistema de vigilancia callejera situado en el lugar donde lo habían detenido. En este último se aprecia cómo los agentes de la PGR detienen su vehículo, hacen bajar a Díez Gargari y le distraen mostrándole documentos mientras un hombre introduce una pistola en el asiento del conductor, la misma que minutos después es ‘descubierta’ por una agente de policía.
El hombre y la agente, y otras dos personas que también intervinieron en esa acción, formaron parte del equipo que cuatro días después llevó a cabo la redada en la sede de Infraiber. Pese a las evidencias, no se ha anunciado ningún tipo de procedimiento contra ellos.
Infraiber tiene entre sus clientes a la constructora española OHL, operadora de grandes autopistas en México. De acuerdo con un contrato entre ambas compañías, Infraiber debe verificar de manera independiente el aforo de las autopistas administradas por la empresa española; para llevar a cabo este proyecto, OHL cobra a cada automovilista 50 centavos extra desde diciembre de 2012. Infraiber calcula que esto debe haber reportado a OHL ingresos por 110 millones de pesos (cinco millones y medio de euros). El problema: según Infraiber, OHL se ha embolsado el dinero sin implementar el procedimiento.
De hecho, las actuaciones contra Infraiber fueron precedidas por un hecho significativo: desde mayo, a lo largo de más de cuatro meses, se estuvo produciendo un goteo de grabaciones en las que ejecutivos de OHL discutían las acciones probablemente ilegales que estaban llevando a cabo, presumían de las ganancias que estaban obteniendo al inflar los peajes que debían pagar los usuarios de sus autopistas y revelaban que conseguían saltarse las leyes con la complicidad de altos funcionarios federales otorgándoles costosos favores.
Hasta finales de agosto, la única reacción pública ante el escándalo había sido, simplemente, dejarlo correr. Hasta que se divulgaron dos nuevos audios, uno con el secretario [ministro] de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y otro en el que el presidente y director general de OHL México, José Andrés de Oteyza, relataba una reunión entre los directivos de su empresa y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en la que este habría dado instrucciones para favorecer a OHL en su pleito legal con Infraiber.
Por ello, existen sospechas de que Infraiber podría estar detrás de las filtraciones. De ser cierto, se trata de una táctica que ha avergonzado a OHL y al Gobierno mexicano, pero que parece haber tenido pocas consecuencias más allá de la exposición pública. Sin embargo, una vez que los audios involucraron al presidente y al ministro, se desataron las represalias.
Despedidos por investigar a la primera dama
Es un ejemplo más de la forma de hacer las cosas en el México de estos años. A las denuncias no siguen investigaciones sobre los denunciados, sino castigo a los denunciantes. Les ocurrió, por ejemplo, a los autores de la investigación más importante de 2014, ganadora del Premio Nacional de Periodismo: la que reveló que la esposa del presidente Peña Nieto, Angélica Rivera, poseía la llamada ‘casa blanca’, una mansión de siete millones de dólares cuyo propietario legal era el Grupo Higa.
A su vez, Higa pertenece a Juan Armando Hinojosa, un empresario que es beneficiario frecuente de contratos públicos multimillonarios asignados por Peña Nieto, primero cuando era gobernador del Estado de México y después como presidente de la República. Después se conoció que también el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, tenía una residencia que el Grupo Higa le había vendido con facilidades.
El escándalo llegó a importantes publicaciones internacionales como ‘Time’ y ‘The Economist’ -las mismas que a principios de su administración habían presentado a Peña Nieto como “salvador de México”-, y provocó un cambio de perspectiva sobre sus logros y posibilidades. Pese al coste político dentro y fuera del país, el presidente respondió designando a un amigo suyo, Virgilio Andrade, como responsable de la investigación. El 21 de agosto, sin sorpresa para nadie, se dio a conocer que Andrade había encontrado que ni su jefe ni Videgaray habían incurrido en irregularidades de ningún tipo.
Pero la suerte fue muy diferente para quienes hicieron el reportaje sobre la ‘casa blanca’: la periodista Carmen Aristegui, quien conducía el programa de noticias en radio más escuchado del país, y los miembros de su equipo, encabezados por Daniel Lizárraga, fueron despedidos en marzo por la emisora MVS, que se mantuvo en su decisión a pesar de sufrir una importante pérdida de audiencia.
“El sistema judicial mexicano está paralizado”, explica el experto internacional en crimen organizado Edgardo Buscaglia. “Toda investigación que intente llegar al meollo de quién fue el presunto responsable y de generar material probatorio es bloqueada por definición”, porque “en un pacto de impunidad como el de México o el de Rusia, ni bien quieres llegar a un actor político, y ese actor político tiene información sobre muchos otros actores políticos, inmediatamente el sistema judicial se cierra”.
Sin noticias de Iguala
El ejemplo de la vecina Guatemala, en donde una Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) logró revelar una importante trama de corrupción y derribar a quien la encabezaba (el entonces presidente, Otto Pérez Molina), ha generado una discusión pública sobre si en México hace falta instituir un organismo similar, dependiente de Naciones Unidas. Por ejemplo, en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, en septiembre de 2014, la investigación que llevó a cabo la PGR se reveló como un cúmulo de omisiones, insuficiencias e incluso de manipulaciones destinadas a mantener las responsabilidades en el plano de las autoridades municipales y encubrir su verdadero alcance, que llega a los niveles estatal y federal.
Esto había sido denunciado por diversos grupos civiles, pero no fue confirmado hasta que en julio la gubernamental Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó un informe en el que enumeraba las deficiencias del trabajo de la PGR. Poco después, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, dependiente de la Organización de Estados Americanos, presentó otro documento de 560 páginas con el que desmontó la argumentación de la PGR y reveló ocultamiento y destrucción de evidencias, así como la marginación de una línea de investigación que relaciona los crímenes de Iguala con el contrabando regular de heroína hacia Estados Unidos.
El mandato de los expertos, sin embargo, es de coadyuvancia: la PGR no tiene obligación de seguir sus recomendaciones ni las de la CNDH. Los familiares de los 43 alumnos han reclamado que se procese a Jesús Murillo Karam, quien encabezó la PGR durante la investigación, por incumplir sus obligaciones y fabricar un engaño. Pero no hay señales de que esta demanda pueda prosperar.
Hace falta, según Edgardo Buscaglia, “tener presión internacional y una comisión internacional que esté generando material potencialmente probatorio para que después los jueces mexicanos, y en el mejor de los casos una comisión, un tribunal internacional, puedan llegar a investigar y procesar estas causas”.
Mientras tanto, el sistema sigue funcionando como de costumbre. El 11 de julio, el narcotraficante más poderoso del país, el Chapo Guzmán, escapó de la prisión del Altiplano, la más segura de México, en una maniobra que requirió de meses de preparación y de la complicidad de numerosos funcionarios. Las investigaciones por acciones y por omisiones podrían alcanzar los más altos niveles.
No en México. Como reveló el periodista Jorge Carrasco, en el semanario ‘Proceso’ en su número del 27 de septiembre, los castigos por la fuga han “recaído en los internos del penal y en exfuncionarios”, todos ellos “ajenos al entorno del secretario de Gobernación [ministro del Interior], Miguel Ángel Osorio Chong, pese a que el sistema carcelario federal está en manos de quienes han sido sus estrechos colaboradores desde su época como gobernador de Hidalgo. Hasta ahora, ninguno de ellos ha sido llamado a cuentas”.
