Después de una larga controversia sobre la construcción de un complejo residencial en cercanías del humedal La Conejera, en las afueras del casco urbano de Bogotá, finalmente se emitió un concepto que zanjaría la discusión. El alcalde Ad Hoc, nombrado para tal fin, declaró legal la licencia de construcción.
Luego de varios meses en los que la controversia por cuenta de la construcción de un complejo residencial cerca del humedal La Conejera, en las afueras del casco urbano de Bogotá, fue la portada de varios medios de comunicación y estuvo en el ojo de la opinión pública, el alcalde Ad Hoc, nombrado para dar un concepto sobre el particular, declaró legal la licencia de construcción.
La controversia surgió por la denuncia de varios sectores ciudadanos y de algunos concejales que consideraban la construcción, Proyecto Fontanar, como una fuente de peligro para el Humedal de la Conejera. Sobre el particular, la Alcaldía Mayor se pronunció manifestando que la licencia de construcción solicitada por los constructores estaba en toda regla de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial Vigente.
El ministro de Medio Ambiente, Gabriel Vallejo, que fuera nombrado como alcalde Ad Hoc, luego de que el alcalde Gustavo Petro se declarara impedido para decidir sobre el proyecto por cuenta de un posible conflicto de intereses, de la mano de la comisión de veeduría y curadurías señaló que la licencia no infringe las normas urbanísticas vigentes. Además, señaló que la objeción presentada por la Personería Distrital se podía superar ya que solo se trata del 4% del proyecto el que estaría construyéndose en los límites del humedal y para ello se tendría un acuerdo con el constructor para evitar un solapamiento de áreas.
Ese 4% fue mencionado en la suspensión provisional ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como respuesta a una acción popular interpuesta por el personero distrital Ricardo Cañón, que decidió detener la obra hasta tanto el constructor no modifique los planos, respetando los límites del humedal. Por lo tanto la decisión del ministro Vallejo coincide con lo dicho por el tribunal.
Al respecto, María Mercedes Maldonado, exsecretaria de Planeación Distrital manifestó que “La comisión reconoció que la licencia estuvo bien otorgada. Si no se hubiera archivado esa investigación sería porque habría irregularidades formales.”
Además, sostiene Maldonado que “Una cosa es que la licencia esté bien otorgada y otra que esté cerca o no del humedal. También hay que recordar que la normatividad que permite la construcción de este proyecto es el decreto de manejos urbanos de 1999, emitido durante la administración de Enrique Peñalosa. Sin embargo, el nuevo POT, propuesto por la administración Petro, aumentaba el número de áreas protegidas en toda la ciudad”.
Por su parte el concejal Roberto Saenz, uno de los denunciantes de este proyecto ha señalado “que seguirán por la vía judicial para apelar la decisión del ministro de Medio Ambiente”.
