Al considerar que viola los derechos humanos, el derecho al trabajo, el debido proceso y la libre asociación, los más de 36.000 mineros tradicionales de Colombia preparan una serie de demandas a la Comunidad Andina de Naciones que con su decisión 774 criminaliza la actividad minera sin tipificar delitos y pasando por encima de los avales constitucionales.
El presidente del Sindicato Nacional de Mineros, Juan Pardo Samudio le dijo a Confidencial Colombia que ya hay contactos con abogados y expertos en Derechos Humanos para elevar las acciones debidas. Reveló que los oficios irán con copia a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, a la Corte Internacional de Justicia en la Haya (Holanda) e inclusive se compulsaran copias al presidente Barack Obama, al Congreso de los Estados Unidos y a los sindicalistas de ese país, teniendo en cuenta que el TLC se firmó condicionando el respeto por los derechos sindicales y sociales.
Según el dirigente sindical, el Gobierno está jugando con candela en un cuarto de dinamita porque le está quitando la comida de la mesa a miles de personas que se ganan su sustento con trabajo y dedicación. Aparte de todo, formuló, acude a una instancia como el mandato Andino que desconoce una actividad ancestral que se desarrolla en Colombia desde antes de la colonia cuando los aborígenes hacían uso de su oro, su sal y sus esmeraldas entre tantos bienes minerales para crear joyas o dinamizar su economía.
“A los mineros nos están haciendo conejo, nos están maltratando y nos están rapando lo que nos pertenece. No puede ser coherente que tras sus constantes derrotas dadas por los argumentos de los mineros, ahora el ejecutivo eche mano de una medida de la casi desaparecida CAN para vulnerar el debido proceso y la Carta Magna”, declaró Pardo Samudio.
Agregó que el gremio minero lo que más desea es el progreso del país en donde la inversión nacional y extranjera sumen, pero aclaran que no toleran los abusos e irrespetos que terminan con la concesión de áreas ancestrales de minería a las multinacionales. “El Gobierno piensa que como somos campesinos y vivimos con la cara tiznada nadie nos determina y eso es errado porque por encima de todo somos seres humanos y esa condición natural nos pone en primer plano y nos hace fuertes ante la comunidad internacional”.
Mineros de Boyacá respaldan iniciativas
El presidente de la Asociación de Mineros del Norte de Boyacá (ASOMINB), Germán Suárez Bernal aseveró que la situación minera está pasando de castaño a oscuro más si se tiene en cuenta que por año y medio el gremio ha hecho un impecable trabajo en lo que tiene que ver con asociación como herramienta legitima de protección.
Explicó que la minería ancestral, artesanal o de hecho como se le conoce está al amparo de la OIT y reconocida inclusive por entidades internacionales, incluidos los sindicatos norteamericanos.
“Aquí hay un lío grande y es que nos han llevado de decretos y medidas que fueron derrotadas por la inviabilidad y por la falta de practicidad. Por ejemplo el decreto 2715 reglamentaba la ley 13 -82 de 2010 que ponía la minería tradicional a la altura de la actividad industrial. Con esa directriz fueron negadas 14.000 solicitudes de legalización, haciendo pensar que la decisión se adoptó para afectar a los mineros antes que para ayudarlos”, dijo El ingeniero Suárez Bernal.
Para completar el asunto, explicó, el gobierno expidió el decreto 1970 del 21 de septiembre de 2012 con el que dejó sin piso el 2715. Con esa disposición mejoraron las condiciones, solo que hay un detalle y es que el decreto se involucra con los códigos civil y de procedimiento, con el agravante que desconoce los alcances de estos en la actividad minera.
El presidente de ASOMINB, Germán Suárez Bernal afirmó que el Gobierno, presionado por los argumentos legales expide el decreto 2235 del 30 de octubre de 2012 reglamentando la decisión 774 de la CAN que generaliza la criminalización minera sin distingo de actividad y desconociendo el término ancestral.
“Tiramos por la borda 18 meses con el Gobierno cuando asistimos a foros temáticos, a reuniones y citas con el ejecutivo para que todo quede atomizado con una providencia de la Comunidad Andina, eso no tiene sentido”, anotó el dirigente minero.
Reveló que hay reserva entre los mineros por el anuncio del Gobierno de destinar 30.000 millones de pesos para formalizar la minería tradicional. “Ojalá no vaya a ser dinero para invertirlo en la destrucción de maquinaria y equipo”.
Expresó que hay igualmente preocupación por el anuncio del Gobierno de incumplir con un compromiso público hecho el pasado 20 de julio cuando anuncio la construcción de la línea férrea, Paz del Río-Enciso- Capitanejo con lo cual se garantiza la salida de carbón del norte de Boyacá.
“Ahora la pregunta es, y bajo la excusa del Gobierno que las obras no serán viables por la descolgada en los precios del carbón, si el proyecto que se hunde es la línea férrea Chulavita o el tren del Carare”, dijo.
En Colombia viven del carbón en promedio 2,5 millones de personas sin contar el total de la cadena que incluye transporte, logística, restaurantes, hotelería y otras actividades económicas. El norte de Boyacá cuanta con siete asociaciones con 250 miembros por cada una. Estas asociaciones se caracterizan por estar compuestas por microempresas o famiempresas.
“Hoy tenemos un lío por perder con Nicaragua y por orden de la justicia internacional el 40 por ciento del mar territorial que se tenía en San Andrés y en la Colombia insular, lo que no se le dice a la gente es que en la plataforma continental hemos perdido más de 2.5 millones de kilómetros cuadrados con las multinacionales del petróleo o la minería. Nadie dice que esos territorios se entregaron bajo la figura de contratos irrisorios y de total pérdida para el país, tampoco traen a colación los crímenes ambientales, el desplazamiento de comunidades indígenas y el poco respeto por el arraigo”, manifestó Suárez.
Consideró importante mirar contratos y evaluar que ha pasado con la riqueza del Cerrejón y su impacto en la comunidad, lo propio en Cerromatoso, La Loma, Marmato (Caldas) y Segovia (Antioquia). Declaró que mientras en Colombia las transnacionales arrasan con páramos y fuentes hídricas por otro lado señalan al carbonero de toda la vida. ”Quien sabe en donde será peor la situación, si aquí o en Sierra Leona”.
El presidente de ASOMINB precisó que la minería artesanal, por estar tan vinculada al agro respeta el medio ambiente porque depende de él para abastecimiento de agua y alimentos. Afirmó que un claro ejemplo de calidad de vida por el boom carbonífero es Socha en Boyacá en donde se pasó del 10 por ciento de bachilleres en la universidad a un 85 por ciento.
En el norte de Boyacá hay en promedio 65 millones de toneladas de carbón semiantracita y unos 25 millones de toneladas de carbón coquizable de bajo volátil. “Estas explotaciones de coquizable se hacen es áreas casi vírgenes porque de allí no han salido más de 100.000 toneladas”.
Actualmente los productores de carbón impulsan la Fundación, Casa Luna la cual se encarga de amainar los impactos de la minería ocupándose de la atención al menor, de una distribución y administración consecuente de regalías e inclusive atacando problemas frontales como la prostitución y la delincuencia común con planes de prevención.
