Los costos de la paz, que en esencia se traducen en el cierre de brechas económicas como punto de partida de desigualdades sociales, estarán mediados por una tributación seria que urge ser implementada en el país.
Mientras no se apueste por modificaciones en el régimen tributario actual en Colombia sobre el impuesto a la renta, al patrimonio y hasta a las herencias, pocos efectos reales habrá frente al proyecto de Nación que sugieren los acuerdos de La Habana.
Así lo sostienen expertos, entre ellos la economista y exministra Cecilia López Montaño, quien abordó el tema durante el debate sobre los principales contenidos de los acuerdos, organizado por la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional de Colombia (U.N.).
Citando a Fedesarrollo, la exministra hizo hincapié en que el cierre de la brecha rural requiere 1,2 % puntos del producto interno bruto (PIB), de manera sostenida por un lapso de por lo menos 15 años. Cada punto del PIB se estima en cerca de ocho billones de pesos.
Sin embargo, en las actuales políticas económicas del país, que no contempla una cultura de pago de impuestos, no se gravan los dividendos de las empresas, tampoco existen factores diferenciales para IVA ni para gravámenes por el trabajo o el capital, resulta improbable desaparecer o cuando menos reducir las inequidades por las que ha pasado el conflicto.
Aunque lo prevé la Constitución, en la práctica, la dinámica tributaria sigue sin lograr que quienes poseen más, paguen más a nivel de impuestos, con lo cual las reformas no son progresivas. El lobby en Colombia ha generado excesivos beneficios fiscales, lo cual ha disminuido la contribución.
El recaudo por impuesto de renta dejó a Colombia en el puesto 98 entre 100 países, según el Índice Mundial de Competitividad.
Impuestos rebajados
Orlando Villabona, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, analizó la tasa de impuestos que opera para quienes obtienen mayores utilidades. En teoría, esta promedia el 33 %, pero con los beneficios derivados se reduce a la mitad, que oscila entre el 15 % y el 16 %.
Por ejemplo, otros países como Alemania, Dinamarca, Bélgica, entre otros de la OCDE -organismo al que Colombia quiere pertenecer-, esas tasas oscilan entre el 45 % y 55 %.
El académico también analizó las tasas de impuestos sobre las rentas que pagan las empresas, según los registros de la DIAN, dentro del lapso comprendido entre los años 2000 y 2015.
“Al calcular la tasa efectiva, el resultado está entre el 14,9 % (la más baja, en 2015) y el 20,9 %, (el más alto en 2012). Sin embargo, muchas de estas empresas han manifestado que sus pagos son muy altos y alcanzan incluso el 50 %”, expresó el profesor Villabona. Al hacer las valoraciones, gravar solo los dividendos de un año como rentas fiscales podría generar 11,5 billones de pesos, con lo cual superaría los 8 billones que da un solo punto del PIB, agregó.
En la actualidad, el impuesto a la riqueza existe para las personas naturales y empresas, además, el camino por el cual transita la reforma tributaria va en la dirección de eliminarlo para los primeros y no para los segundos.
Según el profesor Villabona, la alternativa es eliminarlo para las empresas, pues desestimula tanto la competitividad como la inversión y, en cambio, es pertinente gravar la riqueza para personas naturales, pues representa entre el 1 y el 2 %, con lo cual no afectaría ostensiblemente a los de mayores recursos. Según el DANE, ese número de contribuyentes representa menos del 0,5 %, de manera que eliminarlo implicaría agravar la inequidad.
En cuanto al impuesto a la herencia, aspecto poco considerado, países como Japón, Corea, Francia o Estados Unidos, los cuatros primeros en el mundo que más tributan al respeto, manejan tasas que oscilan entre el 40 % y 50 %, pero con tablas diferenciales, lo cual genera progresividad. En Colombia, el porcentaje es del 10 %, tanto para el que heredó del más rico como para el de menos recursos que heredó una casa.
