El ministro del Interior, Fernando Carrillo, afirma que “En este momento, nadie quiere patear la mesa de Unidad Nacional, lejos de lo que dicen los opositores a la coalición y de los que creen que los factores de gobernabilidad en torno a esa unidad se están disolviendo. Todos quieren salir en la foto de la mesa de Unidad Nacional.”
Confidencial Colombia: ¿Cuál es el reto principal del gobierno en esta segunda parte del año legislativo?
Fernando Carrillo: El reto fundamental es continuar con el espíritu reformista de este gobierno. Este gobierno ha mostrado mucho capital político que se deriva de la mesa de unidad nacional, de la coalición de gobierno, para hacer reformas. Y las reformas se han hecho.
La ley de Víctimas y Restitución de Tierras, todo lo que se ha hecho en materia de descentralización, son dos ejemplos muy claros de lo que puede hacer este gobierno. Ha habido una estrategia reformista que no puede perder la velocidad.
El otro gran reto de esta legislatura es meterle, aún más, el acelerador a los social. Lo social tiene que ver con las reformas que hacen falta: la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma del sistema penitenciario.
También tenemos el reto de avanzar en lo que denominamos temas de modernidad; en este respecto ya hay incluso proyectos presentados al Congreso y que dentro de la nueva agenda legislativa tiene una iniciativa importantísima que es la ley de infraestructura. Este documento tiene como objetivo establecer unas reglas de juego para las grandes inversiones en infraestructura que se van a hacer en el país.
Por último, el reto también está en los temas de seguridad. Allí tenemos básicamente dos elementos esenciales que son la ley estatutaria del fuero militar y la reforma de la justicia penal militar.
CC: Usted habla del capital político de la Unidad Nacional. ¿Sigue tan fuerte la coalición de gobierno en torno a la figura del presidente Santos?
FC: La semana pasada recibimos a los presidentes de los partidos de la mesa de Unidad Nacional. En esa reunión se discutieron temas como el proceso de paz, la posición del gobierno frente al paro cafetero, problemas de seguridad interna y la agenda legislativa en este nuevo periodo.
En este momento, nadie quiere patear la mesa de Unidad Nacional, lejos de lo que dicen los opositores a la coalición y de los que creen que los factores de gobernabilidad en torno a esa unidad se están disolviendo. Todos quieren salir en la foto de la mesa de Unidad Nacional.
El gran desafío de la Mesa es, como lo ha venido haciendo, apoyar incondicionalmente el proceso de paz. Los resultados de los días anteriores en las negociaciones en La Habana fueron de respaldo absoluto por parte de los partidos. Y la Unidad Nacional también tiene como desafío respaldar la política social del gobierno, que es la mejor manera de abonar a la paz del país.
CC: Luego de la gran popularidad política en el inicio del gobierno Santos, es claro que hoy hay una oposición dura. ¿Hay pensado una estrategia en esa perspectiva?
FC: La ventaja es saber quién es la oposición, dónde está la oposición y de qué es capaz la oposición. Vamos a tener un gran escenario en el Congreso para saber cómo va a funcionar la mesa de Unidad Nacional en función de esta agenda legislativa.
Yo quisiera que el principio de esta Mesa sea la concertación y el diálogo. Durante el paro cafetero muchos quisieron que suspendiéramos el diálogo y aplicáramos una solución de fuerza que desconociéramos la posibilidad de sentarse a la mesa a solucionar los problemas.
Con el paro cafetero el gobierno demostró su capacidad de gobernabilidad, cuando la oposición quería hacer ver mal a la administración.
La estrategia ahora desde lo político, que involucra a todos los partidos de la Unidad Nacional, es demostrar que podemos mantener la velocidad en el proceso reformista. Ya veremos qué planteamientos hace la oposición y lo importante es que se hagan dentro de la democracia. Estamos dispuestos a afrontar los desafíos y en el Congreso determinar las posiciones tanto de la coalición como de la oposición.
CC: Hablando de eso, ¿en qué va el estatuto de la oposición?
FC: Tenemos un gran compromiso con el Polo Democrático de concertar un estatuto y vamos a cumplirlo. Vamos a convocar a varios foros en diversas ciudades de Colombia para recoger opiniones e ideas para armar el mejor estatuto posible. No tenemos proyecto de ley en el momento pero queremos invitar a la ciudadanía a este debate.
CC: El tema de la seguridad jurídica es fundamental tanto para el legislativo como para el proceso de paz. ¿Cuáles son los retos específicos en este tema?
FC: Los retos obedecen al respeto a la Constitución. Tienen que ver con terminar con las posiciones radicales que se han ido formando alrededor del estatuto del fuero. El ministerio de Defensa ha sido bastante exitoso en la forma como ha divulgado los contenidos de la ley y ha trabajado mucho tiempo en eso.
Lo importante es que Colombia siga en la senda del respeto a una política de Derechos Humanos. Si algo ha marcado una pauta en este gobierno es que hemos venido estructurando una política pública de derechos Humanos, estas no son acciones marginales sino que hay una acción sistemática donde se tienen en cuenta las objeciones y preocupaciones de la comunidad internacional.
El estatuto debe ser consecuente con esa línea de promoción y garantía de los Derechos Humanos. Vamos a ver cómo se va a dar ese debate en el Congreso.
CC: En materia de Derechos Humanos, en el informe de la ONU sobre el tema no le fue bien al país. ¿Siente alguna preocupación en ese sentido?
FC: Es mucho lo que tenemos para mostrar. Que tal vez en el caso particular de algunos organismos internacionales siguen juzgándonos con los parámetros de comportamiento del pasado. Y resulta que esto cambió radicalmente.
La sacada de Colombia de la lista negra de la CIDH es un gran ejemplo de lo que estamos haciendo en la materia. Ningún país en América Latina ha puesto más compromiso con el Sistema Regional de Derechos Humanos que el nuestro.
Los parámetros de los organismos internacionales tienen que ser de presente hacia futuro. Hubo problemas en el pasado y estamos de solucionarlos. Pero a partir de este momento hay que valorar con base en parámetros de un gobierno que, sobre todo en su fuerza pública, ha tenido unos avances increíbles.
CC: ¿Cómo ve la decisión de la Corte en la participación de las minorías étnicas en las elecciones de 2014?
FC: Este es un problema de interpretación. Desde el ministerio estamos encontrando una solución de carácter legislativo. El problema para encontrar una solución de este tipo es que hay que hacer una consulta previa, es decir que no se puede solucionar el tema de manera inmediata.
Hay que determinar, junto con las autoridades electorales, cuáles serían esos espacios de participación política para las minorías. Sería por firmas o por las circunscripción especial como tal.
Sobre el tema de las minorías étnicas ha habido problemas, sobre todo con la entrega de avales, pero el gobierno está decidido a hacer respetar la Constitución y entregarle espacios de participación política a los indígenas y afrodescendientes.
CC: En el futuro se abre la posibilidad de abrir espacios políticos no solo a las minorías sino a la guerrilla desmovilizada. ¿El escenario de la Unidad Nacional está preparándose para esa posibilidad?
FC: Sin duda. Estamos preparando caminos no solo de carácter político sino también económico y social. En lo político la clave es no “ensillar antes de traer los caballos” porque no podemos anticiparnos a una decisión de participación política cuando el tema ni siquiera ha iniciado su discusión en la mesa de La Habana.
Hay que dejar que transcurran los tiempos en la mesa, donde se va a discutir también la posible aplicación de la justicia transicional, y ahí si comenzar a tomar decisiones de carácter legislativo. Cualquier otra opción sería anticiparnos de forma irresponsable a lo que se discuta en Cuba. La pauta se da en La Habana.
Desde el punto de vista de lo económico, por fin salió a la luz el debate sobre el buen negocio que representa la paz. Los saboteadores han insistido en que la paz solo genera perjuicios, y no hemos hablado de lo que esto representa como inversión, como negocio, en los beneficios sociales que va a dejar esa negociación.
Desde la Unidad Nacional han sido irrestrictas las manifestaciones de apoyo al proceso de paz, más cuando sentimos desde el gobierno que comienza a dar resultados. Ha crecido el optimismo y ha disminuido el escepticismo frente a la posibilidad de negociar el fin del conflicto con las Farc.
CC: Pero el país todavía no asume ese mismo optimismo… ¿Cuál es la estrategia para convocar a Colombia en torno a una idea de paz?
FC: En la reunión de Hatogrande hablamos básicamente de encaminar al país en tres objetivos: en hacer de Colombia un país más justo, más moderno y más seguro, a pesar de que los resultados han sido muy buenos. Pero nada de estos tiene sentido si no tenemos la paz como un objetivo transversal.
La limitación ha sido que se puso una regla de juego para la dignidad del proceso y es que no se van a hacer treguas bilaterales. Hay que tener paciencia porque en el corto plazo vamos a tener que soportar los costos de esta decisión pero los réditos de largo plazo son que se puede terminar el conflicto, ojalá este año.
No queremos eternizar el conflicto con apelativos como la humanización, la regularización, que se convirtieron en un espiral indefinido donde, sin limitaciones en el tiempo, se siguió negociando con treguas y no se consiguió ningún resultado.
CC: El escenario de una eventual refrendación de los acuerdos con las Farc debe ser el Congreso. ¿Cómo imagina ese espacio político?
FC: Ese es el punto fundamental. Encontrar una herramienta para refrendar todo el proceso y lo que ha dicho el Presidente es que acá debe haber una consulta popular. Por una parte vendría la refrendación popular, pero no creemos en abrir la caja de pandora para hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Eso no tiene ningún sentido.
Debe haber una consulta popular para refrendar los acuerdos y las reformas legislativas que sean necesarias para poner en marcha esos puntos que se concreten en La Habana. Y esos proyectos son no solo a corto sino mediano y largo plazo porque lo que está de por medio es la construcción de la paz, y eso va a tomar la vida de varias generaciones de colombianos.
Lo importante es logar, en 2013, la firma del acuerdo para la terminación del conflicto, que no es la paz. La paz va a comenzar con la firma del documento y con el camino del posconflicto.
CC: La coyuntura política está marcada por la perspectiva electoral. ¿Va a haber cambios en el gobierno pensando en las elecciones?
FC: Desde el viernes, los que no renunciamos al gobierno quedamos inhabilitados para aspirar, por ejemplo, al Senado. Estamos convencidos en que lo que hay que hacer es acelerar las reformas, y eso supone la necesidad de afinar el mensaje, mostrar los resultados de las carteras y tener una presencia mayor en las regiones. El gobierno necesita estar más en el terreno.
CC: ¿En qué momento van a comenzar a tramitarse el marco jurídico para la Paz y las leyes estatutarias?
FC: Hay que esperar las señales de La Habana. No podemos anticipar o imaginarnos qué van a decir allá para abrir las ventanas legislativas y políticas.
CC: A partir de julio llega a la presidencia del Congreso el partido Liberal. ¿Sigue siendo el liberalismo el alfil del gobierno?
FC: Estamos trabajando sobre la base de acuerdos y vamos a ver cómo se respetan en el juego político. Aquí lo importante es no pensar que se le agota el oxígeno al legislativo sino meterle el acelerador a las leyes y mostrar que en el último año de gobierno se pueden hacer grandes cambios.
CC: ¿El gobierno descartó la reforma política?
FC: Definitivamente hay normas que debilitan a los partidos políticos, y que no tienen sentido en un tiempo en que lo que pretende el gobierno es fortalecer a las colectividades. Hay preocupaciones con las minorías, y estamos dispuestos a escucharlas para llevar sus iniciativas a la mesa de unidad nacional.
Como principio, tenemos que estar en la senda del fortalecimiento de la democracia y los partidos políticos, y no en su debilitamiento. Colombia llegó a tener 70 partidos, empresas electorales de garaje y de familia y ese capítulo no lo queremos repetir.
