Una denuncia hecha por el concejal Germán García Maya da cuenta de tratos inhumanos a las personas que son llevadas a las Unidades Permanentes de Justicia (UPJ) en Bogotá. Sin embargo, las autoridades defienden la manera en cómo son requisadas cuando éstas ingresan al establecimiento.
El primer argumento que esgrime el Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Hoover Alfredo Penilla, frente a las requisas con las personas completamente desnudas, es que “estas se efectúan para prevenir hechos (violentos) al interior del recinto, por eso se hace una requisa corporal porque existen unos antecedentes bastantes complejos. Por ejemplo, en el mes de diciembre de 2015, una persona se suicidó por no hacer este tipo de inspecciones. La semana anterior, pese a los registros que se hicieron, una persona logró ingresar un arma corto punzante y agredió a uno de los que se encontraba en el lugar”.
El uniformado señala que la unidad funciona las 24 horas y no solo hay presencia de la Policía, sino del Ministerio Público, como la Personería de la ciudad, asimismo está la Secretaría de Salud y un servicio de psicología. Advierte que desde el primer momento en el que ingresa una persona a la UPJ, los organismos de control están verificando el procedimiento de ingreso.
Frente al hacinamiento y los elementos como sensores que permiten requisar a las personas sin que estas se desnuden, dice que ésta es una realidad, pues estos elementos no están en las mejores condiciones. Sin embargo, advierte que esto ya está en conocimiento de la Secretaría de Seguridad y Convivencia.
Por otro lado, la Personería de Bogotá dice que este tema fue descuidado por la administración anterior. Confirma que el trabajo de requisa en la UPJ se hace de manera manual para evitar que se ingrese armas corto punzantes, ya que lo primero que prima en el lugar es la integridad de las demás personas. Dice que la solución frente al problema de la requisa corporal es que la Alcaldía “ponga a funcionar los aparatos de requisa”.
Sobre si los uniformados están violando los derechos de las personas al ser sometidas a una requisa completamente desnudas, el Ente de control señala que sí. “Eventualmente se le estaría violando su derecho a la dignidad humana, al pudor de la persona y es un exceso a la requisa” Aunque el funcionario si señala que es necesario hacerla para preservar la integridad de las demás personas porque hay personas que llevan armas peligrosas en sus partes íntimas.
Daniel Mejía, subsecretario de Seguridad, al igual que la Personaría manifestó que estas fallas en el sistema de requisa se deben a que en el gobierno anterior no hizo una inversión en Bogotá: “La máquina detectora de metales no funciona, el software opera las cámaras de vigilancia que deberían estar instaladas en la UPJ está perdido, nunca lo entregaron o se lo robaron”.
Sin embargo, Mejía sí dejó claro que hay abusos por parte de las autoridades, no obstante, señaló que se tomarán “medidas de protección para que no terminen personas heridas dentro de la UPJ. Hay unos tratos que son indignos y hay otros procedimientos de rigor”.
Un artículo de Vice informa que “en los tres primeros meses de este año 30,179 bogotanos han sido conducidos a la Unidad Permanente de Justicia. Esto es un poco más del doble de las 14,143 personas que habían ido a parar a la Unidad durante el mismo periodo del año pasado, el último año del exalcalde Gustavo Petro”.
Asimismo, revela que “la cantidad de personas que fueron a parar a la temida UPJ fue disminuyendo paulatinamente durante el gobierno Petro (esto en parte debido a que, en 2013, la unidad se mudó a una nueva sede de menos capacidad) hasta llegar a su mes de menor ocupación en diciembre de 2014, cuando apenas 1.440 personas fueron llevadas a sus calabozos, la cifra más baja en los últimos 15 años”.
Este es el panorama que se visualiza hasta el momento de la situación humanitaria en estas unidades. La Policía defiende el procedimiento manual de requisa, sin dejar de señalar la falta de elementos que permitan hacer las requisas más técnicas, y la de los entes quienes coinciden con los uniformados en la manera como se lleva a cabo la inspección, sin embrago, sí señalan que se incurre en graves violaciones a los derechos de las personas llevadas a este lugar.
