Luego de conocer el fallo de la Corte Constitucional que permitirá a los alcaldes oponerse a los proyectos mineros en sus municipios, el Consejo de Estado toma la decisión de suspender la consulta minera en Ibagué.
Así lo solicitó el Tribunal como medida cautelar para amparar los derechos de Alberto Cruz, ciudadano que interpuso una tutela contra la decisión del Tribunal Administrativo del Tolima que dio vía libre a consulta popular sobre la ejecución de proyectos mineros en Ibagué.
La tutela tendrá que ser evaluada antes de permitir las votaciones programadas para este 30 de octubre, de lo contrario, de ganar la tutela no tendría validez ocasionando lío jurídico.
Respondiendo a una acción de tutela, la Corte Constitucional protegió el derecho de los habitantes del municipio de Pijao, Quindío, a pronunciarse sobre los efectos que tendría en la región, de vocación agrícola, la concesión de títulos mineros para la puesta en marcha de proyectos a gran escala.
“La competencia de los entes territoriales para oponerse en determinados casos a las actividades mineras se ve particularmente reforzada si se tiene en cuenta que conforme al actual diseño constitucional la propiedad de los recursos naturales no renovables está en cabeza del Estado, definición que incluye a los municipios, razón por la cual su opinión debe ser adecuadamente escuchada a la hora de destinar si estos deben o no ser explotados”: reza el fallo.
La sentencia también critica que el Estado haya construido una política minera sin contar con los estudios técnicos, sociológicos y científicos que permitan evaluar los impactos que genera dicha actividad sobre los territorios.
El alto tribunalm otorga un plazo de dos años improrrogables a los Ministerios de Ambiente y del Interior, la Unidad de Parques Nacionales, el Instituto Von Humboldt y la Contraloría para entregar el estudio.
Entre tanto, la sentencia ha generado preocupación en el sector minero generó, así lo señaló Santiago Ángel Urdinola, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Minería, ACM.
Ángel advirtió que desde ya los inversionistas extranjeros sienten que se está cambiando las reglas de juego en el país para la explotación lo que podría perjudicar la inversión. Agregó que en un estado de derecho no se pueden cambiar las reglas y menos quitar las licencias que ya están establecidas porque “sería un riesgo para el país en cuestión judicial, las demandas extranjeras se incrementarían y así mismo los impuestos para pagarlas”
Señaló que la sentencia sorprende al sector porque ordena que se cree una mesa técnica institucional para revisar la minería en el país, “la Corte acoge una tutela de una señora y le da sentido vinculante de manera extensiva, cuando ésta deber ser entre las partes. La Corte da consideraciones y da mandatos sin tener en cuenta la normatividad”.
