Un juez del Estado Sinaloa (norte de México), ordenó la libertad de Yecenia Armenta Graciano, al considerar probado que fue torturada hasta que puso la firma en una hoja que decía que había pagado a un sicario por matar a su esposo. La confesión bajo tortura era la única prueba que había contra ella.
El Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Penal dictó la sentencia absolutoria en favor de Yecenia Armenta Graciano, debido a que en la causa se demostró que la confesión de la imputada fue obtenida bajo coacción, por lo que carece de todo valor y quedó excluida del material probatorio.
La mujer, presa desde 2012 por haber confesado el asesinato de su marido tras ser torturada por policías, relató como fue sometida durante 15 horas a golpes, vejaciones y abuso sexual. Armenta, desde la cárcel, siempre denunció su inocente en el homicidio, y que fue forzada brutalmente a aceptar la confesión, perdiendo su capacidad de aguante. Incluso la amenazaron con violar y asesinar a sus hijos.
El caso había sido investigado por organismos públicos de derechos humanos de México y tomado por la ONG Aministía Internacional, como un abanderado de la lucha contra los encarcelamientos irregulares en el país.
El caso
Jesús Alfredo Cuen Ojeda fue asesinado a balazos el 2 de julio de 2012, un día después de que se llevara a cabo en Sinaloa un proceso electoral, en el cual el hoy dirigente del Partido Sinaloense (PAS) y hermano de la víctima, Héctor Melesio Cuen Ojeda, fue derrotado en sus aspiraciones por una senaduría de la República, y su consanguíneo, Jesús Alfredo Cuen, fungió como jefe de campaña.
El cuerpo de Jesús Alfredo Cuen Ojeda quedó inerte sobre la banqueta, junto a una camioneta color tinta que pretendía abordar antes de que fuera atacado. Instantes después de la agresión, al lugar acudió Yecenia Armenta Graciano y Héctor Melesio Cuen Ojeda, quienes estuvieron junto al cuerpo de la víctima hasta que las autoridades empezaron a realizar las diligencias.
Luego de las exequias de Jesús Alfredo Cuen Ojeda, Yecenia fue detenida y acusada de ser la presunta autora intelectual del asesinato. Autoridades también dieron a conocer a los presuntos cómplices en el crimen contra el funcionario. Días después, durante una de las declaraciones de Yecenia Armenta, ante el juez ella indicó que había sido torturada para que se declarara culpable de los cargos que se le imputaban. A casi cuatro años de iniciado el proceso en su contra , finalmente Yecenia se encuentra en libertad, aunque la sentencia emitida por el juez no es definitiva.
La sentencia absolutoria
La existencia de irregularidades en la investigación y la integración de la averiguación previa violatorias del debido proceso. Se demostró que la confesión de la imputada fue obtenida bajo coacción por lo que no tiene valor. Y en tercer lugar, no se desvirtuó el principio de presunción de inocencia, mismo que opera como derecho de la acusada a no sufrir las consecuencias jurídicas de una sentencia condenatoria cuando su culpabilidad no a ha quedado plenamente demostrada.
De acuerdo al Juzgado Quinto penal de Culiacán, Yecenia fue liberada, ya que el Ministerio Público no logró demostrar la acusación, además de señalar que la declaración de la acusada fueron en su mayoría fueron obtenidos con violación de los derechos fundamentales de la imputada, es decir, fue torturada para poder la autoincriminación.
Lo que hace que la declaración sea admisible como medio de prueba, ya que la única que se puede utilizar es conforme a las reglas de la legislación constitucional procesal y los tratados internaciones en materia de derechos humanos en los que el Estado Mexicano es parte. Según el dictamen médico, las alegaciones de coacción fueron compatibles y consistentes con los métodos de tortura y malos tratos, el estudio fue realizado por Peritos Médicos Internaciones, elaborado conforme al protocolo de Estambul.
El artículo 8.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que “la confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza”. Lo que hace que la confesión sea desechada por parte de las autoridades.
