Cada vez son más los venezolanos que llegan a Colombia a través de la frontera con Cúcuta en busca de medicamentos y servicios médicos especializados a raíz de la crisis hospitalaria. La Cancillería colombiana indicó que se reunirían en las próximas semanas los ministerios de Defensa de ambos países y la Dian en aras de solucionar la situación fronteriza, tras ocho meses del cierre por parte del vecino país.
Ya son 811 venezolanos que han ingresado al país a través de este paso para comprar medicamentos y acceder a servicios especializados o consultas médicas, según el reporte del puesto de control ubicado en el puente internacional Simón Bolívar.
La cifra fue confirmada por el director del Instituto Departamental de Salud, Juan Alberto Bitar Mejía, quien presentó estos datos ante los controles ejercidos por su despacho al asesor nacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Víctor Bautista, el Cónsul de Colombia en Venezuela, Hernando Ariza, y delegados de Migración Colombia, Dian, Policía Metropolitana de Cúcuta, Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana y el Ejército Nacional.
De acuerdo con el funcionario con esto datos se podrán tomar decisiones importantes por parte de las autoridades migratorias que ayudarán a mejorar en algo la situación fronteriza.
Según el reporte, solo en la primera semana del puesto de control ingresaron al país un total de 489 personas. De ellos el 50,3% para comprar medicamentos, seguido de un 26,58% que demandan otros servicios y un 18,8 de visita por algún tipo de consulta médica.
Esta misma condición se mantuvo durante la segunda semana registrando el ingreso de 322 transeúntes, de los cuales el 62,1% vino a Cúcuta a comprar medicamentos, seguido de un 23,6% para consultas médicas y 12,42% por demanda de otros servicios.
Bitar reseñó ante las autoridades migratorias y de cancillería que continuará acompañando los esfuerzos nacionales y regionales para enfrentar la situación generada por el cierre de frontera, reconociendo la salud como un derecho fundamental de responsabilidad directa del Estado.
Por su parte la Canciller colombiana, María Ángela Holguín, manifestó su preocupación por el aumento en el flujo de venezolanos que cruzan la frontera en busca de atención médica como consecuencia de la crisis hospitalaria que vive el vecino país.
“Le hemos trasmitido a Venezuela todo el interés de querer colaborar, sabemos que en la frontera viven mutuamente y no quisiéramos que los ciudadanos venezolanos se vean afectados”, indicó Holguín.
Para buscar una solución a la problemática, la canciller Holguín anunció que en las próximas semanas se estarán reuniendo los ministros de Defensa de ambos países y representantes del sector comercial, con el fin de llegar a acuerdos en materia económica, que permitan mejorar la situación en la zona fronteriza.
Con los insumos y propuestas obtenidas en estos encuentros, según la Canciller, se espera que se dé un encuentro entre los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro.
De hecho, la Fundación Pro-Vida, en Norte de Santander, ha denunciado que por la crisis social y económica venezolana aumentó el desplazamiento de pacientes de ese país hacia Cúcuta, en busca de asistencia médica, de medicamentos y de tratamientos. Pro-Vida es defensora de los derechos de la salud.
Los extranjeros, según Nicolás Salazar, director de dicha Fundación, estarían valiéndose de ser hijos de colombianos para obtener la nacionalidad y así lograr afiliarse a una ARS o EPS del Gobierno, simplemente para recibir la atención. Ese fenómeno, que se viene advirtiendo hace dos años, agrava la situación del sistema de salud colombiano.
Salazar dijo que si bien se vienen desarrollando colectas de medicamentos para enfermos con VIH-sida en el vecino país, muchos de estos estarían pasando cada tres meses la frontera en busca de fármacos, cuyos costos oscilan entre 600.000 y un millón de pesos.
Por otro lado, la canciller Holguín aseguró también que a diario 3 mil 600 niños deben cruzar la frontera entre los dos países para poder estudiar, pero se ven en dificultades para hacerlo, a pesar de que desde septiembre del 2015 los dos gobiernos acordaron un corredor humanitario.