La refrendación popular de los acuerdos de paz, logrados en La Habana, es una oportunidad para que la sociedad colombiana exprese un mandato que suscite un punto de inflexión definitivo al prolongado conflicto armado que afronta el país.
El profesor Marco Romero, del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), destaca que los desafíos y responsabilidades que le esperan a la sociedad colombiana con ocasión del proceso de paz se pueden ubicar, de manera esquemática, en cuatro momentos.
En el primero es fundamental crear las condiciones para que la solución política del conflicto armado sea exitosa, con las FARC y los demás grupos armados, para evitar un escenario de guerra reciclada, difusa y letal.
En cuanto al segundo momento, el país está ad portas de un proceso de refrendación popular de los acuerdos de paz logrados por la Mesa de Diálogo de La Habana, pero este ejercicio transcurre en medio de un ambiente de polarización y de la oposición abierta de la extrema derecha política.
Respecto al tercero, la paz depende de la implementación exitosa de los acuerdos, pero ese proceso estará afectado por el tipo de transición política y electoral, que definirá las características del nuevo gobierno.
A más largo plazo, un cuarto momento depende de que el sistema político resultante sea eficaz para lograr las transformaciones que la sociedad necesita, de modo que se pueda alcanzar una paz estable y duradera, democrática e incluyente y no solamente una transición de baja intensidad.
Refrendación masiva
El docente recuerda que la experiencia comparada indica que no todos los acuerdos de paz se someten a refrendación popular y, de hecho, en Colombia se han visto los dos casos.
Sin embargo, afirma, la participación popular en este ejercicio es muy importante, en primer lugar, como factor de legitimidad de los acuerdos y, ante todo, porque ofrece una gran oportunidad y responsabilidad a la sociedad para expresar un mandato de paz, que suscite un punto de inflexión definitivo a la prolongada guerra que vive el país.
“Si triunfa la abstención o la oposición, el proceso de La Habana no se detendrá, pero debilitará su implementación y relación con la construcción de la paz sostenible, tal como ocurrió en Guatemala. Allí, una minoría rechazó los acuerdos en el contexto de una abstención del 80 % de los ciudadanos”, señala en un artículo publicado en la reciente edición de UN Periódico.
Dentro de las razones para respaldar el proceso de paz en curso se encuentra el hecho de que es la condición más importante para la vigencia plena de la democracia, ya que la guerra ha causado daños individuales a más de ocho millones de personas y daños colectivos a partidos políticos, pueblos, territorios, organizaciones y movimientos sociales.
En segundo lugar, la mayor parte de los acuerdos beneficia a la sociedad en su conjunto y no solo a los firmantes del proceso. A diferencia del pacto de paz del Frente Nacional, que prohibió la oposición política y distribuyó el poder del Estado entre liberales y conservadores, sin la más mínima alusión a las responsabilidades por la violencia o los derechos de las víctimas, el actual proceso pretende profundizar el pluralismo político, asegurar los derechos de la oposición y establecer garantías de participación de los sujetos sociales más allá de la vida partidista.
Además, “se fija un programa importante de reformas rurales orientadas a superar problemas de equidad, inclusión y presencia del Estado Civil en los territorios y reorientar la política antidroga”.
De igual manera, el pacto de paz está fundamentado en la transición de enemigos a adversarios, con lo cual se amplía la legitimidad el Estado en la medida en que los otrora contendientes armados deciden encauzar su lucha política dentro del sistema político.
Implementación
Dados los tiempos políticos, es previsible que buena parte de la implementación de los acuerdos y la culminación de otros procesos de diálogo se extienda al mandato del próximo gobierno. Por eso, la continuidad depende de si el proceso político es orientado hacia un posacuerdo cooperativo, basado en algún tipo de alianza de amplio espectro político y social, identificada en torno del propósito nacional de consolidar la paz, o si inicia un escenario de polarización, cuyo resultado podría ser un gobierno de menor compromiso.
Los desarrollos políticos serán decisivos, pese a que el proceso cuenta con el blindaje de la verificación internacional del más alto nivel y, seguramente, con los resultados favorables de la refrendación popular.
El fin del conflicto traerá una serie de cambios que favorecen esa posibilidad, por ejemplo, la agenda pública dejará de estar dominada por el juego pendular de la guerra y la paz. Además, estará enriquecida por la emergencia de múltiples demandas sociales, hoy subordinadas e invisibilizadas. Asimismo, el incremento de las garantías fácticas estimulará mayores niveles de participación política y movilización social; y la legitimidad del sistema político en su conjunto dependerá de su capacidad para interpretar esta nueva agenda.
El sí masivo al plebiscito obligará a gobiernos posteriores a cumplir
La refrendación masiva de lo pactado entre el Gobierno y las Farc, además de darle legitimidad al fin de la confrontación armada, será el factor determinante para desbaratar la guerra psicológica contra la nueva propuesta de país y para blindar los acuerdos en gobiernos futuros.
Buena parte de esa estabilidad dependerá en gran medida de dos focos esenciales: el adecuado tratamiento del tema agrario, entendido como una de las problemáticas que dio origen al conflicto armado nacional, y las garantías de las nuevas identidades políticas que representen el espíritu de esos acuerdos.
Estas fueron las conclusiones principales del Seminario Paz Territorial y Posacuerdos, organizado por el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP) y la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), el viernes pasado en El Espinal (Tolima), como apertura de la primera cátedra territorial sobre la paz en Colombia que dictarán las dos instituciones.
Para el profesor Marco Romero Silva, del Grupo de Investigación en Desarrollo Territorial, Paz y Posconflicto de la U.N., es claro que la sobrevivencia de los acuerdos dependerá del punto sobre la participación política de esas nuevas fuerzas. Estas tendrán que ser protagonistas del nuevo orden y, además, columna vertebral que obligue a gobiernos venideros a cumplir lo pactado, sin distingo de partido.
Los acuerdos de La Habana prevén todo un paquete de reformas para estimular el pluralismo político, y además para fortalecer las organizaciones sociales. Allí es concebida una sociedad civil que puede ejercer contrapeso en las decisiones del Estado, “para que los distintos intereses se organicen y puedan reivindicar sus aspiraciones en esa escena pública democrática”, afirma el docente.
Sin embargo, subrayó que el problema agrario es probablemente el más importante y sobre el cual existen los mayores retos.
Todos los escenarios de debate han coincidido en que la construcción de paz tiene puntos de fuga en la dimensión agraria y territorial. De allí que la gestión en torno al acceso a tierras y formalización de las mismas será trascendental para la paz duradera. Así, en cuanto al acceso a la tierra se prevé la entrega de al menos siete millones de hectáreas, de las cuales siete corresponderían a procesos de formalización.
A ello se deben agregar los planes de subsidio para que el campesinado pueda acceder a las tierras, con logística e infraestructura que haga de sus proyectos una alternativa productiva. “El Estado civil debe llegar a los territorios”, comentó el profesor Marco Romero.
El académico se refiere puntualmente a que esos territorios, históricamente, han estado sometidos a una condición de periferia, caracterizada porque las garantías ciudadanas tienen escasa o inexistente atención.
La presencia del Estado ha sido esencialmente militar, por lo que el gran desafío no solo será llevar sino establecer redes de protección social como salud, vivienda, educación y servicios públicos. Este es el reto principal de la transición que implican los acuerdos, “no solo el acceso a tierras, sino un enfoque integral que asegure que los sistemas productivos implementados se puedan articular con las garantías sociales”.
Otro de los retos será la financiación de la paz territorial, pues no son pocos los gobernantes regionales que siempre han planteado si esta va a correr por cuenta de las redes locales, o si se van a emplear esquemas distributivos.
