Mapas de bosques actualizados y convocar expertos que interpreten adecuadamente los fenómenos de la región son dos de las condiciones fundamentales al hacer uso eficiente de los recursos externos anunciados para proteger la Amazonia colombiana.
La inversión del desembolso de los primeros 6 millones de dólares, de un total de 100 millones como compensación para el país por reducir la deforestación (y llevarla a cero a 2020), podría resultar en vano si el Gobierno no incluye a la academia y expertos en los planes de protección.
El llamado de atención del doctor en Biología, Orlando Rangel, docente del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, sostiene que además de la frágil institucionalidad del país para la gestión de estos recursos, provenientes de los gobiernos de Alemania, Noruega y el Reino Unido, sin el capital intelectual difícilmente se logrará hacer buen uso de tales recursos.
Para el experto, no basta con que un satélite, a través de una fotografía o imagen, dé cuenta de la deforestación de la Amazonia colombiana, fenómeno por el que anualmente desaparecen cerca de 83.000 hectáreas.
No obstante, lo que hasta ahora ha ocurrido, afirma el docente, son interpretaciones ordinarias que no pasan de ser especulaciones sobre las tasas de deforestación. En su opinión, se necesita que la Universidad, no solo la Nacional, a través de sus biólogos e ingenieros forestales, entre otros profesionales, determinen cuál es el recurso forestal existente y la biodiversidad en general que alberga este territorio.
Colombia aún no cuenta con un buen mapa sobre la oferta ambiental de la Amazonia. Sin insumos de esta naturaleza, sin mapas de vegetación y estudios actualizados de superficie de bosques originales al país le resultará imposible contrastar con las aproximaciones de hace tres o cuatro décadas, para conocer exactamente cómo ha sido la caracterización de deforestación y sus tasas.
Históricamente existen puntos controlados, que son esencialmente los de la Amazonia occidental, es decir, los piedemontes caqueteño o del Putumayo. Estas zonas son las que más se han transformado por la intervención humana.
Sin embargo, otros lugares presentan las mismas características de la porción guayanesa, como la serranía de Naquén (afectada por la extracción de oro) o la serranía de Taraira, sobre las cuales hay pocas referencias biogeográficas.
Según el docente, la referencia de corte sobre superficies de bosques es nula, lo único que permite son cifras aproximadas, con lo cual surge la especulación y sobre esto es que se están elaborando las interpretaciones.
En otras latitudes del mundo ya es un hecho la tendencia de comercialización del carbono. De tal suerte que es prioritario vincular a estos beneficios económicos a las comunidades indígenas, las cuales pueden proteger estos bosques de almacenamiento de carbono.
Según los representantes de los gobiernos de esos tres países, el 60 % de los recursos beneficiarán a campesinos, comunidades dependientes del ecosistema e indígenas de la región, con proyectos agroforestales y de agronegocios.
En ese orden de ideas, estos mapas deben identificar también qué terrenos son baldíos, en qué otros hay asentamientos indígenas para tener certeza sobre la destinación de los recursos, que además deben ser punto de partida para mejorar las condiciones de vida a las comunidades con mínimas intervenciones.
