Subsanar la concentración informativa, contrarrestar la censura y garantizar la presencia masiva de las víctimas, son algunos de los aspectos que deben articular las políticas públicas alrededor de los medios de comunicación.
Una concentración del 78 % de la audiencia, por parte de los dos principales canales de televisión, propiedad, además, de los más poderosos grupos económicos del país, así como los 70 hechos de violencia contra reporteros en los primeros cinco meses del año, evidencian la necesidad de establecer mecanismos que robustezcan la democracia a partir de la información.
Tales reflexiones trascendieron durante el panel “Políticas públicas en comunicación y medios”, realizado en el foro Remedios para los Medios, organizado por el Centro de Pensamiento en Comunicación y Ciudadanía de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.).
A través de este tipo de iniciativas, destaca el profesor Fabio López de la Roche, su director, se pretendía analizar las tareas pendientes en materia de formulación de políticas de este sector de la sociedad, especialmente ahora que el país avanza hacia un eventual proceso de posacuerdo.
Según los expertos invitados, las políticas públicas no pueden limitarse a subsanar la concentración de medios, pues las obstrucciones al trabajo periodístico, la estigmatizaciones y las amenazas (26 denunciadas este año) también forman parte de la problemática.
Al respecto, el profesor López sostiene que las políticas deben articularse con las necesidades comunicacionales que se avecinan: necesidades de memoria, de los avances de la justicia transicional y la que dé cuenta de los avances de la Comisión de la Verdad.
“Estas políticas deberán garantizar un equilibrio que permita visibilizar la variedad de víctimas, pero también visibilizar la amplia variedad de victimarios. No hacerlo implicaría versiones parcializadas de la memoria”, subrayó el docente.
Para que esto sea posible habría que buscar la forma de generar equilibrio entre los medios nacionales y regionales, por ejemplo, así como los comunitarios y alternativos que dan cuentan de las realidades de las culturas y de la comunicación popular, pues la ausencia de este dificulta la paz territorial.
Al respecto, afirma Adriana Hurtado, directora de la Federación Colombiana de Periodistas, un estudio realizado por esta organización muestra que el 57 % de la audiencia la concentran tres grandes grupos económicos del país: la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueña de El Tiempo y Citytv; la Organización Ardila Lülle, propietaria de RCN con sus distintas emisoras en todo el país, y el grupo Santo Domingo, dueño del Espectador y Blu Radio.
En cuanto a emisoras, hay 1.513, de las cuales 220 son de interés público, 669 comerciales y 624 comunitarias. Pese a la diversidad, sostiene Hurtado, las pequeñas emisoras, con escaso músculo financiero, terminan siendo auspiciadas por esos mismos grupos, especialmente por RCN y Olímpica, con lo cual persiste la concentración.
“Esa concentración incide en la falta de información objetiva que recibe la ciudadanía y en las limitaciones de los periodistas al momento de informar, si las noticias afectan a las empresas que controlan esos medios de comunicación”, señala.
Según los panelistas, otro aspecto que deben atender las políticas públicas en comunicación y medios es la desaparición de programas periodísticos de la televisión, con el agravante de que los pocos existentes se han instalado en franjas horarias que no enriquecen el debate público.
