Luego de que Cafesalud recibiera a los usuarios de Saludcoop, las quejas por el servicio que presta han incrementado. La EPS, que tiene actualmente la mayor cantidad afiliados en Colombia, está evaluando el tener que retirarse de varias partes del país, como posible estrategia para salir de sus inconvenientes en cuanto a la atención de pacientes. La Procuraduría, hizo varias advertencias sobre el posible colapso que se podría presentar.
En el mes de julio del presente año, se reveló un diagnóstico preocupante en un encuentro de directivos de la entidad Cafesalud con la Defensoría del Pueblo, pues el promedio de quejas mensuales emitidas por los afiliados llega a las 50.000 mensuales, la mayoría de inconformidades son de usuarios sin atención o que no han recibido un servicio completo. Añadido a esto, las tutelas interpuestas en este año han aumentado en 17,4 %.
Asimismo, otro aspecto crítico son las 7.000 sentencias judiciales presentadas por desacato y 3.800 órdenes de captura contra funcionarios por no acatar estas órdenes de amparo.
El informe de esa reunión también ha indicado, que la entidad no cuenta con la capacidad para llegar con su red de servicios de primer nivel a más de 67.000 personas en 233 municipios.
En los últimos meses se han podido establecer que más de 1.500 instituciones prestadoras de salud (IPS), incluyendo algunas IPS públicas en los 9 departamentos donde se atiende régimen subsidiado.
“Solicitamos a la Superintendencia de Salud el retiro de Cafesalud de algunos municipios y departamentos, donde sentimos no tener capacidad de dar atención del nivel que merecen nuestros pacientes”, dice el comunicado, en la que además se resaltas que el Gobierno ha manifestado su apoyo a este proceso.
La noticia de un acuerdo en ese aspecto fue confirmada también por el ministro Gaviria, quien reiteró que la EPS reducirá su cobertura de operación en los municipios “donde no tiene un peso específico, donde no hay una masa crítica, tiene una masa crítica (de afiliados)… y la idea es que se concentre donde tiene que estar”. Añadió que los usuarios serán reubicados en otras EPS que puedan soportar la carga de atención.
Previo a la cita del jueves con la Defensoría del Pueblo, varios miembros del organismos directivo de la EPS le escribieron una carta al ministro Gaviria, en la cual les presentaban la necexcidad de que el Fosyga desembolse 250.000 millones de pesos que, según ellos, se le deben a Cafesalud, e incluso que se evalué una posible recapitalización, con el fin de equilibrar los problemas financieros, puesto que gracias a una deuda de 610.000 millones de pesos, se han visto en la obligación de contratar muchas veces a precios superiores a los del mercado y hace que muchos proveedores les exijan el pago por adelantado para los nuevos servicios.
Tras la petición, Gaviria afirmó que no fue estimado el inyectarle más dinero a la empresa, pero señaló que el Gobierno Nacional está dispuesto a agilizar los pagos del Fosyga siempre y cuando Cafesalud entregue las cuentas a su debido tiempo. También advirtió que la EPS tiene que generar más confianza en el público.
Petición de la Procuraduría
A propósito de la información publicada recientemente en el diario ‘El Tiempo’, relacionada con “la cruda radiografía de la difícil situación que atraviesa de la EPS Cafesalud”, que se une a las advertencias de la Procuraduría General de la Nación materializadas en diferentes oficios y audiencias públicas, el ente de control, en desarrollo de su función preventiva, se permite manifestar que:
La solicitud del ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria Uribe, a la Junta Directiva de la EPS de “que mire hacia adelante y dejen de mirar con espejo retrovisor”, contrasta con el contenido de la comunicación suscrita por sus miembros y dirigida a la Comisión Séptima del Senado de la República, radicada a su vez en la Procuraduría General de la Nación el 6 de septiembre de 2016, y que presenta en forma detallada los arbitrarios “sobrecostos” en numerosos contratos de prestación de servicios de salud y de apoyo administrativo identificados y denunciados por su actual administración, -iniciada el 1 de abril de 2016- y que fueran suscritos por la anterior presidencia, a la cabeza de Guillermo Grosso Sandoval, antiguo interventor de la hoy liquidada SaludCoop EPS.
A su vez, informa el diario El Tiempo que Cafesalud “solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud el retiro de la EPS de algunos municipios y departamentos” en los cuales no cuenta con la capacidad para atender a cerca de 67.000 afiliados, situación que contradice el informe presentado por la Superintendencia Nacional de Salud a la Corte Constitucional el 14 de junio de 2016, en el que asegura que el proceso de traslado “se surtió según lo indicado (…) garantizando la atención de la totalidad de los usuarios, así como la menor afectación en la prestación de los servicios (…)”.
Llama la atención que en las referidas notas de prensa, el ministro manifieste su voluntad de agilizar los pagos del Fosyga “siempre y cuando Cafesalud entregue las cuentas a tiempo y de manera correcta”, lo que podría implicar que no se estarían cumpliendo normas vigentes, respecto del proceso de recobros.
De otra parte, el Ministerio público observa con gran preocupación que la debilidad en la estructura jurídica de la EPS, recién capitalizada con dineros del Fosyga, termina poniendo en riesgo la libertad de los directivos de la empresa y más importante aún, introduce nuevas barreras de acceso a los servicios de salud de pacientes protegidos por acciones judiciales contra las antiguas SaludCoop y Cafesalud y las crecientes tutelas, originadas por la desbordante ineficiencia de una empresa que heredó, sin estar preparada para ello, el enorme peso de los cuestionamientos de la liquidada SaludCoop.
Estos graves acontecimientos se unen a las advertencias de la Procuraduría sobre los riesgos que representarían las tres premisas sobre las cuales se sustentó la decisión:
1. Continuidad en la afiliación de más de 4.5 millones de personas, representada en acceso oportuno, continuo, con calidad y seguridad a los servicios, más allá de la pertenencia del afiliado al sistema de salud.
2. Pago a los prestadores de servicios y proveedores, que se ha visto entorpecido por la desconfianza al soportarse en un sistema de información “colapsado” y por las denuncias de los sobrecostos y el favorecimiento en la contratación protagonizado por la anterior administración. Además, el flujo de dinero público y de los aportes de los trabajadores y los empresarios.
3. La menor afectación a los trabajadores que por años prestaron sus servicios al “Grupo Empresarial SaludCoop” y cuya situación sigue sin aclararse.
Todo lo anterior revive el riesgo sistémico del sector, que pretendió evitarse con las medidas justificadas por el Gobierno y vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud.
Los resultados son evidentes en: 1) la afectación del estado de salud de los usuarios, 2) el incremento en la búsqueda de las decisiones judiciales que protejan el vulnerado derecho fundamental a la salud, y 3) las amenazas a la inversión de recursos públicos y de los aportes de trabajadores y empresarios que financian el sector salud.
