Luego de que el Procurador insistiera en abrir una investigación contra el presidente, Juan Manuel Santos, por no responder a las dudas sobre el proceso de paz con las FARC, el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, radicó en el Congreso un documento en el que responde las 60 preguntas formuladas por Ordóñez.
Ordóñez ha subrayado que, aunque Santos “se obstine en no cumplir sus deberes constitucionales”, él sí acatará sus funciones y abrirá la investigación pertinente. “Ningún servidor público puede estar por encima de la Constitución, ni siquiera el presidente” indicó el funcionario.
El jefe del Ministerio Público había pedido a la Cámara de Diputados que iniciara unas pesquisas contra Santos por negarse a informar sobre el proceso de paz en lo que, de acuerdo con Ordóñez, supone “incumplir los deberes constitucionales” del presidente.
El 2 de agosto Ordóñez envió a Santos un cuestionario de 60 preguntas sobre los últimos acuerdos firmados con las FARC, esgrimiendo que, de cara al plebiscito en el que los colombianos aprobarán o rechazarán los acuerdos de paz, deben tener “todos los elementos de juicio necesarios para una decisión consciente e informada”.
Un día después, el procurador general emitió un nuevo comunicado para denunciar públicamente que Santos “se niega” a responder. “Si no hay nada que ocultar y si todo es transparente ¿por qué no cumple con su deber de responder ante los colombianos?”, planteó.
“La paz no es perfecta, nadie va a quedar cien por cien satisfecho, ni nos va a resolver todos los problemas al día siguiente de firmarla, pero definitivamente es mejor que la guerra”, contestó Santos en un foro periodístico organizado por el diario ‘El Espectador’.
Ordóñez ya ha publicado numerosos documentos en los que cuestiona los acuerdos alcanzados y el proceder de la Casa de Nariño en sus negociaciones con la guerrilla.
La respuesta del Gobierno
En un documento de 21 páginas, el Alto Comisionado para la Paz le contesta los cuestionamientos sobre amnistía, desarme, desmovilización y otros temas alusivos a las FARC, que se darán una vez se firme el acuerdo final.
Allí se aclara que los desmovilizados de las FARC contarán con el apoyo de la Unidad Nacional de Protección. También menciona que las Fuerzas Armadas combatirán la ilegalidad: “integrantes de las FARC continúen delinquiendo, las autoridades judiciales del Estado conocerán de estos eventuales delitos y la Misión verificará si configuran una violación a los acuerdos”.
