Un juez federal dio orden a Hillary Clinton, la candidata demócrata a la Casa Blanca, para que responda por escrito a una serie de preguntas relacionadas con el uso de su correo electrónico privado cuando era secretaria de Estado. La decisión judicial supone una victoria a medias para el grupo demandante, los conservadores de Judicial Watch, que había solicitado interrogar a Clinton bajo juramento y pone en un predicamento a Clinton en la recta final de la campaña.
El juez Emmet G. Sullivan emitió la orden como parte de una demanda sobre registros públicos interpuesta por Judicial Watch, un organismo que supervisar el buen comportamiento de los funcionarios del gobierno. La decisión del magistrado es sólo una victoria parcial para el grupo, que había buscado interrogar a la nominada presidencial en persona y bajo juramento. El juez dijo que JW debe presentarle a Clinton sus preguntas antes del 14 de octubre y le dio a la candidata demócrata 30 días para dar respuesta, un lapso de tiempo que podría incitar que las respuestas de Clinton lleguen después de la elección presidencial de noviembre.
La controversia frente a los correos electrónicos enviados por la candidata demócrata desde un servidor privado no ha desaparecido, incluso después de que en el mes de julio, el FBI recomendará no presentar cargos criminales contra ella por supuesto uso indebido de información confidencial.
Por esta razón, el director del FBI, James Comey, dijo que a pesar de que no había evidencia de que Clinton o sus asesores hubieran violado la ley, “fueron extremadamente descuidados en el manejo de información muy sensible y altamente clasificada”.
Por otra parte, según el magistrado que ha dictado la orden, la medida es una “oportunidad” para que Clinton explique “la finalidad de crear y operar” con sus servidores personales para tareas relacionadas con el Departamento de Estado.
Anteriormente, Clinton ya habi pedido disculpas por utilizar una cuenta privada de correo electrónico y su propio servidor durante el tiempo en que estuvo al frente de Departamento de Estado entre 2009 y 2013.
Sus opositores argumentan que el incumplimiento de reglas sobre protección de documentos clasificados contra un ataque cibernético que puede representar un crimen ante la constitución.
