Tras la petición del procurador Alejandro Ordóñez, al pedir que el Gobierno Nacional y Distrital declararan la emergencia social y sanitaria en Bogotá, el Congreso de la República solicitó al alcalde Enrique Peñalosa, emitir el estado de emergencia en las localidades de Los Mártires, Santa Fe, Candelaria y Puente Aranda.
Después los pronunciamientos de varias figuras públicas el pasado lunes 5 de septiembre, en la reunión que estableció el Distrito junto a la procuraduría para dar solución a la problemática de los habitantes de calle, el Distrito apoyó la propuesta y posteriormente la declaratoria de emergencia sanitaria en la capital del país. Asimismo, fue anunciado que el presupuesto para atención de estas personas será duplicado a 172.000 millones de pesos.
No obstante, el secretario de Salud, Luis Morales, señaló que es necesario reglamentar la ley, para que las autoridades tengan más herramientas y así ayudar mejor a los habitantes de la calle. A su vez, la directora de la Corporación Ana Frank, Claudia Quintero, quien trabaja por habitantes de calle en la capital, también afirmó que es urgente declarar la emergencia sanitaria y humanitaria para que el Distrito haga un trabajo específico de caracterización de la población habitante de calle.
Por otra parte, la Secretaria de Integración social, Maria Consuelo Araujo, contempla que Bogotá no está en las condiciones dadas para la declaratoria de una emergencia humanitaria en el caño de la calle, ya que Distrito continúa con la estrategia que viene implementando hasta el momento, donde han atendido a más de 10.500 habitantes de calle.
Tras la intervención en el Bronx, más de 1.600 habitantes de la calle se vieron forzados a dejar este lugar, y a pesar de los esfuerzos de las entidades distritales por realizar trabajos de rehabilitación, aproximadamente unas 600 personas se deambulan por otras zonas de la ciudad.
Esta población vulnerable ha encontrado otros sectores para habitar, pero las practicas insalubres y asociales que algunos practican, han generado disturbios, robos y amenazas, que tienen en medio de la zozobra a comerciantes y residentes. El problema es complejo, pues la atención que ofrece el Distrito de a estas personas, no puede ser forzada como tampoco se les puede imponer el dejar de deambular las calles.
