La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia denunció hoy en su informe anual que el Ejército y la Policía mataron en 2012 a varios civiles en circunstancias que no justifican su labor como garantes de la seguridad del país.
El representante del organismo en Colombia, Tood Howland, reconoció que si bien no hay registro de nuevos casos de “falsos positivos” o ejecuciones extrajudiciales, “todavía hay un espacio por el que los militares están violando derechos de vida en el marco de el conflicto”.
Sobre los abusos cometidos por la fuerza pública en 2012, Howland reseñó varios casos documentados, entre ellos la irrupción de militares a una tienda y la consiguiente muerte de una menor de edad y de tres presuntos guerrilleros en Patía (Cauca), pero no brindó cifras globales.
Se refirió también a una situación en la que un soldado disparó contra una pareja de indígenas que estaba pescando en un río de Risaralda (centro) el 21 de junio del año pasado, solo porque pensó que eran guerrilleros.
“Preocupa que, en algunos casos, aunque haya evidencias de que se ha cometido una violación de los derechos humanos y los altos funcionarios estén a menudo demasiado dispuestos a aceptar una versión diferente de los hechos, que menoscaba las investigaciones internas y penales”, asegura el informe anual.
El documento hace referencia a otro caso ocurrido en febrero de 2012: “un niño de la calle murió a causa de quemaduras sufridas cuando la policía impregnó con gasolina su colchón y le prendió fuego”.
El representante de la ONU aclaró, no obstante, que el año pasado su oficina no recibió denuncias de “falsos positivos”, una constante en la última década.
Con ese nombre se conoce el secuestro y la muerte de civiles por parte del Ejército, para presentarlos como guerrilleros muertos en combate, con el fin de “mejorar estadísticas” en hechos relacionados con el conflicto armado interno.
Howland recordó que la Fiscalía tiene abiertos 4.716 expedientes de “falsos positivos”, pero sólo se han iniciado procesos en el 30 % de los casos.
“Han sido muy pocos los responsables” de este delito de lesa humanidad los que han sido retirados del servicio o procesados por la Justicia colombiana, concluyó el representante de la Alta Comisionada de la ONU al presentar el informe anual.
Con EFE
