El Defensor del Pueblo encargado, Alfonso Cajiao Cabrera, aclaró que no tiene investigaciones abiertas por parte de la Fiscalía. Esto, como respuesta a un artículo de Semana.com, donde se afirma que Cajiao tiene una denuncia por prevaricato, por cuando siendo Secretario de la Defensoría, permitió la contratación de un abogado con antecedentes judiciales.
Según el artículo de Semana.com, una semana después de que Cajiao asumiera el cargo como Defensor encargado, a la Fiscalía llegó una denuncia penal que podría comprometer su estabilidad en esa función, por presunto prevaricato.
La historia se remonta al 22 de octubre del 2014. Ese día, Cajiao, en su condición de secretario de la Defensoría, firmó un contrato de prestación de servicios con el abogado Herney Moncayo Vélez, para que desempeñara las funciones de defensor público en el municipio de Palmira, en causas penales enmarcadas en el programa Municipios Promiscuos, postulados de la ley de justicia y paz, en el responsabilidad penal de adolescentes, así como causas civiles y de familia circunscritas a este municipio vallecaucano.
Según reza el comunicado en el que Cajiao se defiende:
“Tras verificar que el abogado Herney Moncayo Vélez no presentaba antecedentes de ninguna naturaleza a fecha 20 de octubre de 2014, se procede a la firma y suscripción del contrato el 22 de octubre de ese mismo año.
…Efectivamente, el día 13 de noviembre de 2014 la Defensoría del Pueblo fue advertida sobre una condena e inhabilidad del abogado Moncayo Vélez por concierto para delinquir, dentro de un proceso por narcotráfico. Por lo tanto, no es cierto que la Defensoría tuviera conocimiento sobre esa situación al momento de suscribir el contrato, sino que se trató de un aviso posterior a dicho evento. 6.
…Inmediatamente, y por instrucciones del entonces Secretario General, Alfonso Cajiao Cabrera, la Entidad efectuó las averiguaciones pertinentes, encontrando que el abogado Moncayo Vélez había sido beneficiado por un fallo de tutela de la Sala de Decisión Judicial del Tribunal Superior de Cali, que ordenó levantar los antecedentes del accionante, como consta en un documento enviado por la Viceprocuradora General de la Nación al Magistrado Ponente, Orlando Echeverry Salazar.
…Al encontrarse en firme el fallo de tutela durante la vigencia del contrato y no aparecer antecedentes registrados en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI) de la Procuraduría General de la Nación (además de las otras entidades consultadas en los términos del Código Disciplinario Único), el entonces Secretario General de la Defensoría del Pueblo se vio LEGALMENTE impedido para ordenar la finalización del contrato”.
Sin embargo, Semana dice conocer el reporte del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI), de la Procuraduría general de la Nación, en el que efectivamente se comprueba que para octubre del 2014, el abogado Moncayo Vélez seguía inhabilitado.
Conclusión del comunicado:
“Ante el fallo de tutela que benefició al abogado Herney Moncayo Vélez, la Viceprocuradora General de la Nación advirtió en su comunicación al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que su decisión podía propiciar que el accionante accediera a un cargo público o a contratar con el Estado, para lo cual estaba inhabilitado, y que la responsabilidad que acarreara dicha situación debía ser asumida por la Rama Judicial”.
