Los negociadores del gobierno y las Farc ya tienen en su poder las propuestas que salieron del foro sobre participación política realizado el pasado mes de abril en Bogotá. El profesor Alejo Vargas entregó los documentos a las partes, que estudiarán por separado las iniciativas ciudadanas.
La guerrilla y el gobierno tienen, desde este miércoles, un nuevo insumo de discusión. Se trata de la sistematización de las propuestas que la sociedad civil entregó a la Universidad Nacional y las Naciones Unidas en el foro de Participación Política realizado en abril pasado en Bogotá.
Durante tres días, todos los sectores del expectro político nacional se reunieron en la capital de Colombia para discutir los tres puntos de ese punto de la agenda de negociación. Hablaron de los derechos y garantías a la oposición, los mecanismos democráticos de participación ciudadana y las medidas para promover mayor participación política en el país.
Tras decenas de horas de discusión, el documento llegó a La Habana. De la mano del profesor Alejo Vargas, las propuestas de la sociedad civil ya hacen parte del acerbo que los voceros de las partes tienen para lograr un acuerdo en este punto de la agenda.
El foro de Participación Política dejó varias propuestas concretas: garantía a la vida de los combatientes que se integren al juego electoral, una reforma al código electoral, estatuto a la oposición participación de los ciudadanos del campo, reparación y garantías a los miembros de la Unión Patriótica y una Asamblea Nacional Constituyente.
Garantías de vida
Varios de los representantes de los partidos políticos y movimientos sociales señalaron que más allá de su participación en política, los guerrilleros que se desmovilicen deben tener todas las garantías por parte del Estado para integrarse a la vida civil.
“Quienes dejen las armas, deben tener las plenas garantías para poder expresarse en libertad y con seguridad”, señaló el presidente del Senado, Roy Barreras. Sobre el tema, la presidenta del Polo Democrático Clara López afirmó que la estigmatización no puede ser un obstáculo para que estos individuos se articulen de nuevo con la sociedad.
Los movimientos campesinos, indígenas, afrodescendientes y la Marcha Patriótica fueron enfáticos al decir que Colombia no puede repetir la experiencia de la extinta Unión Patriótica, que sufrió en los años ochenta el asesinato de miles de sus miembros.
Reforma electoral
Según los interlocutores, para que las Farc puedan entrar en el juego político, si los acuerdos de La Habana llegan a feliz término, debe presentarse una reforma al código electoral, que incluya, de acuerdo con el senador de MIRA Carlos Baena, la reducción del 3 al 2 por ciento en el umbral de votos.
El director del Centro de Pensamiento del partido liberal, Héctor Riveros, señaló que Colombia necesita una “profunda reforma” al sistema electoral para fortalecer el ingreso de las organizaciones a los organismos de poder.
John Sudarsky, vocero del partido Verde, propuso un sistema electoral mixto, con posibilidades de participación tanto para los combatientes desmovilizados como para las minorías de raza, género y color.
Estatuto de la oposición
Con la frase “democracia en la cama y acuerdo de paz en La Habana”, la directora de la red de mujeres por la paz, Olga Sánchez abrió el debate sobre la necesidad de crear un estatuto de la oposición, para garantizar que las colectividades que no comulgan con la idea de gobierno puedan acceder a los espacios democráticos.
El Polo Democrático y la Marcha Patriótica han peleado, desde hace tiempo, la reglamentación de este estatuto, de hecho Piedad Córdoba, vocera del naciente movimiento de izquierda, ha dicho que no ingresarán al juego político hasta que no hayan unas “reglas de juego” para la oposición.
Ciudadanos del campo
Los movimientos campesinos, representados principalmente en la Marcha Patriótica y la Asociación de Zonas de Reserva Campesina, propusieron elevar a los trabajadores de la tierra a la categoría de ciudadanos, pues según ellos el estado no tiene políticas claras de fomento y protección a la producción campesina.
Según ellos, hasta el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, los ha estigmatizado diciéndoles que no son ciudadanos. Al respecto, la guerrilla de las Farc ha dicho que se debe “normar la actividad laboral de los campesinos mediante contratos de trabajo decentes que garanticen salarios justos y vacaciones, o la seguridad social nunca vista para estos sectores de la población que tanto le sirven a la patria sin mayor reconocimiento ciudadano, han sido colocados al lado de planteamientos urgentes de restitución, formalización y redistribución de la tierra”.
Unión Patriótica
Varios de los asistentes al panel coincidieron en la necesidad que tiene el país de devolverle la personería jurídica a la Unión Patriótica. El vocero del liberalismo señaló la pertinencia de reavivar este trámite para que los miembros de esa colectividad puedan volver a constituirse como un partido político.
Según Omar Calderón, vocero de la UP, no puede “haber paz con justicia social si no se asume, se estudia y se repara el caso de la Unión Patriótica” porque este caso emblemático es la única experiencia que tiene el país de un grupo insurgente convertido en un partido político.
Asamblea Nacional Constituyente
Casi todos los panelistas se refirieron a la necesidad de refrendar los acuerdos de La Habana. Algunos pertenecientes a movimientos campesinos y a organizaciones populares cercanas a la izquierda democrática, propusieron la Asamblea Nacional Constituyente como la mejor medida para que los colombianos reafirmen la voluntad de paz del gobierno y las Farc.
Al respecto, el vocero del partido liberal señaló que “la Constitución es un tratado de paz” y dejó claro que el ‘trapo rojo’ no le jalaría a una eventual Constituyente.
