La expresión está tan manoseada que resulta difícil definir qué es exactamente una “jornada histórica”. Sea lo que sea, se ha de aproximar bastante a lo que ocurrirá esta noche en Estados Unidos, cuando las palabras de una sola persona cambiarán la vida de millones.
A las ocho de la tarde el presidente Barack Obama anunciará en directo televisivo una serie de medidas ejecutivas de las que podrían beneficiarse algo menos de la mitad de los 11,2 millones de inmigrantes sin papeles que viven en el país.
De Los Angeles a Nueva York, millones de familias permanecerán pegadas al televisor. La incertidumbre quema porque, después de cinco largos meses de promesas y rumores, la Casa Blanca no ha concretado aún quién quedará fuera y quién dentro de la “absolución imperial” de Obama, ni cuál será el nuevo estatus legal de los inmigrantes que arrope.
Filtraciones y análisis sugerían ayer que unos cinco millones podrán solicitar un permiso provisional que les permita residir y trabajar en paz, protegiéndolos de deportaciones (actualmente se producen unas mil expulsiones al día). Parece que, sin embargo, no tendrán acceso a subsidios públicos (seguros sanitarios subvencionados, comida gratis para familias con escasos recursos…) ni los mismos derechos que ciudadanos o portadores de las codiciadas green card. Se trata de un apaño temporal que, al no estar sancionado por ley alguna, podrían ser revocado dentro de dos años por el sustituto de Obama en el Despacho Oval.
Los criterios básicos para decidir quién puede acogerse podrían ser los lazos familiares (padres y quizá también cónyuges de ciudadanos estadounidenses), así como los años de residencia demostrables en el país. Y como cualquier trámite burocrático, es posible que se requiera un papeleo importante, plazos de espera y requisitos adicionales (como el historial criminal) que dejarán a unos cuantos fuera.
Desde que Ronald Reagan aprobó la última en 1986, Estados Unidos no ha realizado ninguna regularización de inmigrantes. Así, hoy hay más de 3 millones de ilegales que están aquí desde hace más de 15 años, la mayoría trabajando, pagando impuestos y totalmente integrados. Otros seis millones llevan entre uno y tres lustros persiguiendo el sueño americano y muchos de ellos se sienten también parte del país.
“Mi esposa y yo tenemos dos hijos nacidos aquí que hablan mal español, llevamos 19 años sin salir, hemos comprado una casa y pagado todos los impuestos. Hemos pasado más tiempo de nuestras vidas aquí que en México ¿De dónde crees que somos?”, pregunta Edgar Caballero, procedente de Jalisco.
Los republicanos declaran la guerra
En el plano político, se espera que el decreto migratorio sea duramente contestado por el Partido Republicano, que viene fuerte de ganar unas elecciones legislativas y que, desde enero del año próximo, tendrá el control de las dos cámaras del Congreso. “Voy a hacer todo lo que pueda hacer bajo mi autoridad legal como presidente”, desafió ayer Obama en un vídeo que colgó en la web de la Casa Blanca y en su cuenta de Facebook, emplazando a los estadounidenses a escuchar el mensaje de esta noche y prometiendo que movilizará apoyos.
Los conservadores denuncian que el presidente se excede en su autoridad, argumentando que la reforma del sistema de inmigración la debería hacer el cuerpo legislativo. Obama responde asegurando que lleva más de un año esperando a que el Capitolio cierre un acuerdo, que hace más de 500 días que el Senado aprobó un borrador de ley y que ha resultado imposible sellarlo por la oposición del Partido Republicano.
El presidente no se resigna a pasar sus dos últimos años de gobierno como un “pato cojo” y con los brazos cruzados. Consciente de haber defraudado las enormes expectativas puestas en su presidencia, está dispuesto a seracusado de autoritarismo (muchos republicanos le llaman ya “Emperador”) con tal de dejar un legado para la historia.
Los republicanos llevan una semana preparando las trincheras pero, prueba de su creciente división, cada uno orienta los sacos hacia un sitio distinto. Las voces más radicales, como Ted Cruz (que paradójicamente es uno de los tres únicos senadores hispanos) amenazan con provocar un cierre del gobierno como el del año pasado, cuando se negaron durante días a aprobar los presupuestos en una campaña de boicot contra la reforma sanitaria (Obamacare). Otros han hablado incluso de llevar a Obama a los tribunales mediante trámite parlamentario (impeachment) por excederse en sus poderes ejecutivos.
En posiciones más moderadas, hay legisladores republicanos que consideran arriesgada la idea de emprender una ofensiva frontal que enemiste para siempre al voto latino, al que tanto necesitan para ganar las presidenciales de 2016. Algunos, como el presidenciable y talentoso Ron Paul insisten en impulsar alternativas migratorias en el Congreso para arrebatarle a Obama la iniciativa.
“Los republicanos tienen que manejar esto de una manera sensible”, resumía ayer el senador Orrin Hatch. En el otro extremo, el también senador Tom Coburn, decía en una entrevista con USA Today que podría producirse incluso una reacción violenta de la población. “El país se va a volver loco (…) se podrían ver arrebatos de anarquía, se podría ver violencia”, vaticinaba.
