Lo que empezó como un debate por el rumbo administrativo de Bogotá se convirtió en una pelea de largo aliento que raya entre la incertidumbre y un presunto fanatismo. ¿Aguantará la ciudad?
Varios dirían que el versus entre el alcalde Gustavo Petro y el procurador Alejandro Ordóñez suena a disco rayado. Puede que así lo sea y aunque el tema no es para tomárselo a la ligera, su reiterativa aparición ante la prensa cansó a más de uno y dejó cicatriz en la capital.
Ahora que la ciudad atraviesa por un nuevo pulso entre el Alcalde y el Procurador, esta vez por la modificaron las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se hace cada vez más necesario ahondar en el debate sobre qué se necesita para que los dos funcionarios puedan coexistir y para que los bogotanos tengan un respiro y la plena seguridad de que la ciudad irá por buen camino.
Hay sectores que ven a la salida del Alcalde, que se efectuará en menos de seis meses, como el inicio de una solución para los problemas de la capital. Otros observan con preocupación la ética con la que Ordóñez trabaja, los excesos que este comete desde su cartera y que al parecer todo lo vuelve personal.
Cada uno desde su orilla destaca las razones por las que el otro debe abandonar su cargo. Mientras que Ordóñez asegura que el Alcalde se pasó ‘por la faja’ al menos siete normas en la estructura del POT, razón por la cual le impulsó un pliego de cargos, Petro insiste en que odios y sectarismos motivan al Procurador y que por eso es necesario instalar una nueva marcha, “no en favor de él”, sino en favor de Bogotá y sin lugar a dudas en contra del jefe del Ministerio Público.
¿Y quién tiene la razón?
Una fuente cercana a este medio explica que en este caso la razón la esconde el que tenga más poder. Es decir que hallar al culpable se volvió más importante que resguardar los derechos de la ciudadanía y respetar la ley.
Dice la fuente que Petro abusó de su derecho convocar a las movilizaciones para respaldar su defensa y que Ordóñez excedió sus facultades basándose en controvertidos dogmas ideológicos. Los dos rebosaron a la prensa con sus posiciones e hicieron del caso un juego de buenos y malos, sin espacio a puntos medios pues la ley respalda o condena.
Eso son los argumentos del Alcalde y el Procurador:
En una carta conocida por Confidencial Colombia el alcalde señala que se defenderá en los estrados judiciales nacionales e internacionales ante la “arbitrariedad delictiva del procurador Ordóñez” y que las modificaciones al POT son necesarias para el vivir digno de los capitalinos.
“Nuevamente el Procurador termina por convocarnos a una nueva lucha democrática. Cegado por su odio y sectarismo político el Procurador ya no mira los grandes hechos de violación de Derechos Humanos que han acontecido en Colombia: el genocidio que han padecido estas tierras, no castiga a sus autores, sino que busca quitarle los derechos políticos, sin ser siquiera un funcionario judicial, a quienes somos elegidos por el pueblo enarbolando un ideario progresista. El Procurador ha decidido abrir de nuevo una investigación disciplinaria contra mí por la expedición por decreto de las modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial que el Concejo de la ciudad no quiso debatir”.
Vale la pena recordar que en junio de este año el Consejo de Estado ratificó la nulidad del POT de Petro argumentando que no es competente para estudiar la legalidad de los cambios económicos en el uso del suelo.
Según el alto tribunal, será un juez administrativo quien tendrá la última palabra sobre el tema ya que la Corporación reiteró que no tiene injerencia para definir este tipo de casos que, de acuerdo a la normatividad, es de competencia del Concejo Distrital.
Aunque la nulidad está presente, aún no se han comprobado ante todas las instancias investigativas los conceptos de ilegalidad que hoy el Procurador usa para denunciar al alcalde Petro.
En todo caso, el dirigente distrital asevera que el maniobrar de Ordóñez no solo responde a juicios jurídicos sino que también hay intereses políticos de por medio. En Twitter, el burgomaestre escribió que el Procurador “aprendió la lección” al inhabilitarlo por 15 años de la vida política para así impedir que concurra en las elecciones… espacio donde Ordóñez piensa “concurrir sin resistencia”.
“¿Qué explique el Procurador por qué hay intención de hacer daño con la expedición del POT por tratar de adaptar la ciudad al cambio climático? ¿Cómo puede haber dolo en la expedición del POT si la investigación penal fue archivada?”, cuestionó el mandatario.
Por su parte, Ordóñez enfila sus argumentos bajo el marco de la ley.
Según la investigación de la Procuraduría, el Alcalde de Bogotá habría hecho caso omiso a la normatividad que otorga en los concejos municipales y distritales la competencia para la reglamentación del uso del suelo, optando por proferir un acto administrativo que no resultaba procedente.
El Ministerio Público profirió advertencia sobre la medida cautelar de suspensión provisional ordenada por la Sección Primera del Consejo de Estado el 27 de marzo de 2014 al Decreto 364 del 26 de agosto de 2013, destacando que el alto tribunal precisó que “el alcalde mayor de Bogotá, al expedir el acto administrativo acusado, se arrogó una facultad de la cual carecía”.
Es decir que Petro habría hecho caso omiso a las advertencias hechas por diferentes intervinientes en el Concejo de Bogotá para modificar al POT por medio de un decreto.
Ordóñez, tabúes y el presidente Santos
Si algo hace famoso al Procurador es su capacidad de crear controversias y de ir en contra de cualquiera –con todos las pruebas y argumentos que se requieran-. Él ha estado en el centro de polémicas por sus espinosas opiniones sobre los diálogos de paz y por ser un férreo opositor al matrimonio igualitario, la adopción gay, la despenalización de la droga, el aborto, la suspensión a las aspersiones con glifosato, la eutanasia, entre varios otros tabúes.
Actualmente se prevé que entre en una discusión con el presidente Juan Manuel Santos por el Código Disciplinario. Resulta que el mandatario objetó una reforma al Código que Ordóñez impuso en el Congreso la cual castigaba el consumo de sustancias prohibidas en lugares públicos por parte de funcionarios.
El Jefe de Estado asegura que no se puede hacer mover al Estado para sancionar a los funcionarios por lo que hacen en su tiempo libre y en horas que no están relacionadas con lo laboral. “No es lo mismo fumar marihuana en un parque un domingo, que un genocidio. Pero le aplican la misma sanción. Y eso es contrario a la Constitución”, dijo el mandatario.
Asimismo, desde Casa de Nariño ven con preocupación otros artículos incorporados por el escrito de Ordóñez. Por un lado está el que establece que “quejoso que tenga la calidad de víctima o perjudicado” podrá solicitar la revocatoria del fallo absolutorio. Este, según la actual administración, impediría a una víctima que no hizo parte del proceso apelar la decisión que tome la Procuraduría.
