La supuesta masacre contra 7 miembros de una comunidad indígena en Tarazá, un municipio de Antioquia, prendió las alarmas de la institucionalidad y les dio tema de conversación a los enemigos de la paz. El hecho, a pesar de que fue dado como cierto por varios medios de comunicación y replicado por líderes opositores en las redes sociales, fue desmentido por la policía. Los riesgos de usar información de guerra sin confirmar, sobretodo en medio de un intento de paz.
Una falsa masacre. Ese es el resultado del hecho de guerra de la semana pasada. El jueves en la noche, en zona rural del municipio de Tarazá, siete miembros de una comunidad indígena fueron, según varios medios de comunicación, asesinados por el frente 18 de la guerrilla de las Farc.
“Dos grupos de contraguerrilla del Ejército, apoyados por un helicóptero y expertos en la ubicación de minas antipersonales, trataban de llegar el viernes a la casa de una familia embera chamí en la vereda El Rayo, de Tarazá (Antioquia), en donde habrían sido asesinadas siete personas”, dijo al otro día del supuesto suceso el periódico El Tiempo.
La revista Semana, en su versión digital, señaló que “Todo apunta a que cinco de las víctimas eran miembros de una misma familia. Los padres de familia Celestino Certico González y Orgarita Ogani fueron asesinados junto a sus hijas de 3 y 5 años, y su hijo de 4 años. Además, murieron dos jóvenes de 11 años, de quienes todavía no conoce la identidad y no se confirma si pertenecían a la familia”.
Además, dijo que “hasta el momento, se cree que el grupo 18 de las FARC es el responsable del hecho, puesto que considerarían a las víctimas como informantes del Ejército”. Era, para todos, un hecho confirmado.
De inmediato, los férreos opositores al proceso de paz que adelanta el gobierno con esa guerrilla respondieron. “Tercera masacre de FARC en 4 meses: 5 niños y 2 adultos asesinados en Taraza… Más hechos de paz para ambientar La Habana” trinó desde su cuenta en Twitter el analista de seguridad Alfredo Rangel.
El expresidente Uribe también replicó la información de la supuesta masacre, aunque no emitió ningún comentario al respecto.
La secretaria de Gobierno del municipio, Nurys María Escobar, viajó durante horas para encontrar a Luis Cética, el indígena que denunció la masacre. Varias inconsistencias en la versión del aborigen crearon dudas tanto en la funcionaria como en las autoridades. La policía señaló, horas más tarde, que la masacre fue un invento.
“La mujer (la madre de Luis Cética) nos certificó que Celestino Cértico, su esposo y padre de Luis, otra de las supuestas víctimas, murió, pero no en una masacre, sino en una riña hace más de 20 años”, dijo el general José Guzmán, comandante de la Región 6 de la Policía.
La noticia, en medio de un intento de paz con cese de hostilidades, hubiera podido causar un daño definitivo a las negociaciones. En la actual coyuntura, esta información es utilizada por los opositores a las negociaciones como una “prueba más” de que el Estado pretende firmar la paz con la insurgencia a cambio de impunidad.
La divulgación de esta información no confirmada, más cuando se refieren a actores identificados como el frente 18 de las Farc, mina la confianza de los actores en la mesa y fortalece el discurso de la campaña mediática contra el proceso de paz y contra esa guerrilla.
