Con la medida de aseguramiento dictada a Álvaro Agón Martínez, alcalde de Santander, se engrosa la lista de alcaldes llamados a comparecer ante la justicia. ¿Qué está pasando?

Dos alcaldes han sido detenidos en los últimos siete días. El jueves de la semana pasada fue llamada a comparecer ante la justicia María Susana Portela, alcaldesa de Florencia, Caquetá, junto con 13 funcionarios de su administración y su esposo, por hechos de corrupción. Haga clic para ver los detalles.

Esa detención masiva llevó a que varios sectores aseguraran que Florencia se quedó sin gobierno y que las autoridades tardaron mucho en proceder con la detención de Portela, pues no era la primera vez que la alcaldesa estaba en problemas con la justicia.

Hoy es el alcalde de Santander, Álvaro Agón Martínez, quien enfrenta una temporada tras las rejas.

Un juez de control de garantías de Bucaramanga dictó medida de aseguramiento en un centro carcelario en contra de Agón por siete delitos: fraude al sufragarte, concierto para delinquir, estafa agravada, urbanización ilegal, captación masiva y habitual, la no devolución de lo captado y prevaricato por acción.


La investigación señala que el dirigente sacó tajada en el caso de la asociación de vivienda Brisas del Porvenir, un proyecto urbanístico de interés social que lideró cuando era candidato a la Alcaldía y con el cual recaudó cerca de 2 mil millones (…) aunque este nunca se ejecutó.

Su hermano, Javier Agón Martínez, quien también fue alcalde de San Gil, y el gerente del proyecto de vivienda Asovibrisas, Fabio Rueda Arguello, figuran con medida de aseguramiento por el mismo caso.

Mientras que Álvaro Agón no aceptó los cargos imputados durante la audiencia instalada este 30 de julio, Rueda Arguello sí aceptó haber incurrido en esos delitos.

Llama la atención que en cinco días se desbaratara la dirección de dos alcaldías en el territorio nacional. Los hechos pueden ser sinónimo de que la justicia funciona y que se están ‘poniendo las pilas’ para vigilar y sancionar a aquellos dirigentes que incumplen la ley. Sin embargo, hay voces que aseguran que este es un ejemplo más de cómo las autoridades han fallado en blindar de hechos delictivos a las alcaldías y gobernaciones.