Pacto Agrario en Colombia, ¿a lo Cargill siglo XXI?

En un detallado informe EXCLUSIVO para Confidencial Colombia, Aurelio Suárez, experto en temas económicos y excandidato a la Alcaldía de Bogotá, hace un análisis de la situación del agro colombiano. Este documento desarrolla un recuento por el modelo de agronegocio que la multinacional Cargill impone alrededor del mundo y cómo el gobierno de Juan Manuel Santos, según el analista, quiere aplicarlo en Colombia.

“La verdadera amenaza para la prosperidad a largo plazo de Cargill, dice Greg Page, es que las fuerzas más allá del control de la empresa vayan en contra de su libertad para operar en los mercados”[1]

Se sabe que la producción agrícola viene de muchos productores y que en las cosechas el grueso sale al mismo tiempo. Al contrario, la demanda es permanente, se consume todos los días, y concentrada, pues la mayoría de los consumidores está en las ciudades. Por esta contradicción la venta directa del agricultor al comprador final es casi imposible. De ahí surge la intervención de intermediarios que aglomeran y almacenan y, en muchos casos, procesan y hasta llegan al mostrador, a la venta al detal. Esos intermediarios en últimas definen los precios y, más aún, cuando tienen posición dominante como monopolio u oligopolio.

Cargill, el líder de los intermediarios y del agronegocio

Con la evolución del comercio de géneros agropecuarios también han evolucionado los intermediarios, hoy llamados agronegocios. Del intercambio cara-cara, se pasó al comercio a gran escala y de ahí a las transacciones de contratos a futuros en las bolsas de valores y de los derivados especulativos que los respaldan. Entre 2006 y 2010, por ejemplo, de cien operaciones bursátiles de café apenas nueve se volvieron entregas físicas del grano. Lo demás fue “una pirámide”. La empresa que a nivel global ha logrado evolucionar, e incluso marcar la ruta de evolución, es Cargill, la cual desde su fundación —como trader desde 1865 hasta 2013— “no forma parte de la cadena de alimentos. Es la cadena de alimentos”, según el experto Dan Basse.[2]

Cargill opera en 67 países con 142 mil empleados. Sus consumidores están en Norteamérica —37%—, el 23% en Asia y el 18% en Europa.[3] Es una compañía casi familiar, pues más del 80% de sus acciones pertenecen al clan Cargill-MacMillan, y ha llegado a la cima por su condición “mutante”, tal como la describe Brewster Kneen en el libro, Gigante invisible. Según Kneen, esa mutación ha implicado imponer modelos de producción y estrategias de operación que van favoreciendo sus intereses y ganancias, en no pocas veces con el apoyo de los gobiernos locales y federal en Estados Unidos y Canadá, y, de otros, entre los que menciona a México, China, Lituania y Brasil. Esto sin contar los subsidios directos e indirectos y contratos provenientes del Departamento de Agricultura de Norteamérica, así como la construcción, a instancias suyas, de infraestructura pública, carreteras, trenes y canales fluviales, puertos, silos y elevadores de granos, que también utiliza.

Como agronegocio, intermediario, transportador, acopiador, comercializador y procesador, ha incursionado en todos los cereales, oleaginosas, algodón, cítricos, cárnicos, malta, huevos, maní, cacao, azúcar, agrocombustibles, fertilizantes, semillas, ingredientes para procesamiento industrial, sal y negocios de energía y metales. Al final, Cargill es un sistema “proveedor de alimento, banquero, comprador de ganado terminado, carnicero, comerciante mayorista (…) que da a la compañía máximo control y hace que los mayores riesgos —el clima y la salud animal— recaigan sobre los hombros de otros.”[4]

Este “gigante”, que además se arroga la misión de “alimentar al mundo”, y cuenta para ello con 1.862 patentes en aplicaciones de comida procesada[5], se ha trazado la tarea de duplicar sus ingresos cada 5 ó 7 años, lográndolo con creces. En efecto, en 2001 tuvo ingresos por 49 mil 400 millones de dólares[6] y en 2013, para el segundo semestre, declaró 136 mil 700 millones[7], fruto de las utilidades en 60 de sus 69 unidades de negocio.[8] Ello pese a que había reportado una caída del 88% de su ingreso neto a finales de noviembre de 2012, con respecto a utilidades de 4 mil 240 millones de dólares a mayo de 2011, las cuales superaron el récord de 3 mil 950 millones del periodo 2007-2008. [9]

A propósito de dicho periodo, de junio de 2006 a 2008, donde ocurrió la mayor alza de los precios de los alimentos a escala global, la organización Food and Water Watch afirma que “los servicios financieros de Cargill sirvieron de plataforma para que inversionistas especuladores dirigieran hacia arriba los precios de los alimentos y de otros commodities”.[10] De hecho, las ganancias de Cargill provienen en los últimos años, como lo fue en noviembre de 2010, en un 40% de la comercialización y en 40% de los ingredientes para alimentos. “Cargill es el Goldman Sachs de las operaciones de commodities”, “tienen acceso en tiempo real a muchos mercados y usa esta información para agregar valor a todos sus negocios”.[11] Corrobora lo anterior su reciente inscripción en la Asociación Nacional de Futuros en Wall Street, a la par con JPMorgan, Bank of America y Deutsche Bank, quedando bajo la regulación de U.S. Commodity Futures Trading Commission.[12]

El nuevo modelo Cargill, “la asociatividad”

En los inicios del siglo XXI se proclamó “un nuevo Cargill” con el objetivo de convertirse en el primer proveedor de soluciones para los consumidores de alimentos y productos agrícolas. Destacando que la nueva modalidad es la “cooperación” y la “asociación”, habla de “centrar esfuerzos (…) en ayudar al hombre del campo a comercializar sus productos hasta facilitar el manejo de la cadena logística de suministros y riesgos a los clientes de alimentos”. [13]

Kneen explica el trasfondo de estas manifestaciones altruistas de Cargill. “Lo que realmente está haciendo es crear la política agrícola desde la base (…) ayudar al agricultor a cultivar más de lo que Cargill necesita como ‘insumos’ para comercializar y procesar, y al ayudarlos a vender ‘su producto’ en el sistema mundial sobre el cual ejerce considerable control (…) está construyendo el tipo de sistema agrícola por el cual puede obtener el mejor beneficio”. [14] La clave para la construcción de ese sistema es el uso de su enorme “palanca de capital”, y es, a la vez, proveedor de insumos y “garantía de compra”, claro está, bajo los parámetros ya descritos, riesgos y costos para los productores y beneficios para el “gigante”.

Una forma de operación de este sistema, en el caso del sector de la carne en Estados Unidos, se describe así. “Cargill vende semillas y químicos a los agricultores, compra sus granos, los transporta a los cebaderos de Cargill, mata al ganado y vende la carne” y la conclusión es casi obvia, “las llamadas eficiencias del mercado son ganancias extraídas de los ganaderos que no pasan a los consumidores”. Así sucedió entre 1998 y 2008 con el precio de la carne molida, comprada a los ganaderos, ajustado por la inflación, a 90 centavos de dólar, y vendida a los consumidores a 2,50 dólares. [15]

Este sistema, llamado “agricultura por contrato”, está debidamente promocionado bajo el nombre Propricing Contract en publicaciones de Cargill. La esencia es que, dado que Cargill tiene información de mercado y análisis global, el agricultor o productor puede firmar distintas modalidades de contrato, personalizado, con precios fijos a futuro, inscribiendo el 50% de su producción esperada y transándola por anticipado.“Queda amarrado” y, mientras más lo sea, recibe mayores “garantías”. En la actualidad, a quienes firmen para 2015, antes del 15 de octubre de 2013, se les aseguraría un precio piso. Desde luego, nada se dice del techo, cotización que Cargill controla. [16]

El arbitraje de Cargill de los mercados agrícolas es imposible sin los subsidios estatales existentes en Estados Unidos, Europa, Brasil y Japón. La inmortalidad de estos operadores del agronegocio está anclada ahí, se soporta en mecanismos de comercio como el dumping; no en vano, Cargill es el primer exportador de granos de Estados Unidos y del mundo. En últimas son los primeros beneficiarios de la agricultura subsidiada y el vehículo expedito para eliminar excedentes de los poderosos en los mercados externos.

Pacto Agrario en Colombia a lo Cargill

El Pacto Agrario, que el gobierno de Juan Manuel Santos pregona, tiene tres piedras angulares: los TLC, la “asociatividad” y la acumulación de tierras en pro de la agricultura a gran escala. Son innumerables los pronunciamientos oficiales con base en estos tres aspectos.

Con respecto al TLC, mientras Santos manifiesta que es “una oportunidad” y que “habrá perdedores y ganadores”, [17] agronegocios como Cargill defienden a ultranza el libre comercio. ¿Cómo no hacerlo si Cargill es el mayor comercializador de productos del ámbito agropecuario en el mundo? Fuera del grano, “embarca otros productos básicos como soya y azúcar de Brasil; aceite de palma de Indonesia; algodón de Asia, África y Australia; carne de Argentina, Australia y Estados Unidos; sal de Norteamérica, Australia y Venezuela. Opera mil barcazas para transporte fluvial y 350 barcos propios interoceánicos, que atracan en 6 mil puertos globalmente, lo que lo hace el más grande transportador de commodities al por mayor del mundo.[18]

“Cargill es un gran proponente de las políticas económicas neoliberales”. “Los cabildeos de Cargill por el libre comercio y los mercados abiertos para incrementar los volúmenes de comercio y sus ganancias se hacen por todo el mundo. En 2010, gastó en esas actividades —solo en Estados Unidos— 1,4 millones de dólares”. “El libre comercio le permite a Cargill acrecentar su posición dominante en un grupo de commodities a través de nuevas ventajas (…) Es responsable del 25% de las exportaciones de granos de Estados Unidos; maneja el 25% del comercio global de aceite de palma; suple el 22% de la carne en el mercado interno de Estados Unidos; exporta más que ninguna otra compañía desde Argentina y es el mayor productor avícola de Tailandia”.[19]

Las ganancias de Cargill no vienen sólo del comercio, también del transporte global. “A veces el mismo barco de su propiedad que recoge una carga de soya en el puerto de aguas profundas del Amazonas en Santarém, Brasil, después de la descarga en Shanghái, llevará el carbón de Australia a Japón antes de enjuagar sus bodegas y regresar a Brasil por más frijoles. De hecho, las empresas de transporte marítimo de Cargill mueven más carbón y mineral de hierro para terceros que el doble de los productos alimenticios, aceites y alimentos para su propio ganado. “Partiendo de los lugares de superávit”, citando a Cargill, “a los lugares de necesidad”.

Es decir, en el TLC con Estados Unidos, el “capítulo agrícola” es sinónimo de TLC con Cargill. Las operaciones de comercio de grano, y otrora de café, que ha tenido de antaño, se reavivarán con creces. Si a este tratado se le pusiera nombre propio, el más indicado sería TLC con Cargill.

La frase “La agricultura no es su negocio, es el manejo y comercio de granos —el comercio de la producción— es su negocio”,[20] establece claramente que Cargill no es agricultor, que su negocio es comprarles a los productores a los menores precios y venderlo a los consumidores a los más altos posibles. Y para eso adoptó la modalidad ya explicada de “asociatividad”. Lo cual es cada vez más imperioso en un negocio de grandes volúmenes y en el que asegurar el producto es indispensable, máxime cuando, “las empresas de commodities ganan dinero haciendo circular rápidamente sus inventarios —15 veces por año— en el caso de Cargill”.[21]

Santos nombró en septiembre de 2013 como ministro de agricultura a Rubén Darío Lizarralde, expresidente del consorcio Indupalma, un alumno aventajado de Cargill en materia de “asociatividad”, con el cometido de replicar ese modelo para todos los productos en todo el país. La oficina de asesores —UTL— del senador Jorge Enrique Robledo sintetizó “las experiencias” de Lizarralde en las “sociedades” con campesinos cultivadores de palma de aceite. No se requiere de mayor esfuerzo para identificar elementos comunes con el modelo Cargill, cuyo lema resulta “no vivir de la producción agropecuaria, sino de los productores”.

Al respecto, se refiere el caso de Coopsabana, en el municipio de Sabana de Torres (Santander) presentado como “Alianzas Productivas con cultivadores Asociados-Proyecto Coopsabana, con 38 pequeños productores para sembrar 1.300 hectáreas de palma de aceite”. Estos aportaron la tierra y el Banco Agrario les hizo un préstamo de $7.280 millones, colocado en una fiducia del grupo AVAL donde, además, se consignan los ingresos derivados de la venta del fruto. El rol de Lizarralde —en aquel entonces Indupalma— en esta “alianza” era operar el crédito mediante la administración logística del proyecto. El poder para esa actividad contemplaba “contratar la adecuación de las tierras, comprar los insumos y convenir la asistencia técnica y demás actividades necesarias para mantener los cultivos de palma”, todo a cargo del crédito en cabeza de la cooperativa campesina.

“De acuerdo con las denuncias de los productores ‘asociados’, algunos de los servicios contratados por Indupalma son más caros que los que ofrece el mercado. También señalan que, mientras otras empresas regalan la semilla, Indupalma se las vende”. Esa firma, además, cobra 14% de todos los pagos realizados durante los tres primeros años y luego el 8% de los ingresos venidos de la venta del fruto que ella misma les compra. “Según un campesino ‘asociado’, ‘la tonelada la está pagando Indupalma $50 mil por debajo de lo estimado en el mercado”. Descontando de los bajos precios de compra recibidos todos los pagos, incluidas las comisiones del Cargill criollo —Indupalma— no quedan excedentes y los ingresos de las familias dependen de los salarios de los agricultores en sus propias parcelas. Ante tan calamitosa situación, se vieron obligados, al parecer inducidos por Indupalma, a contratar un nuevo préstamo, ahora ante una corporación financiera en Panamá.

En conclusión, los agricultores “asumen todo el riesgo financiero y si el proyecto fracasa, deben responder por la deuda con sus tierras. Y si se retiran del proyecto, terminan demandados por Indupalma”. Esta última, por su parte, “gana en todas las partes de cero riesgo”. Lizarralde es, sin duda, un precursor del modelo de “asociatividad” de Cargill y, con la propagación de dicha modalidad por todo el territorio, según el encargo presidencial, firmas como Cargill tendrán todo dispuesto para actuar a sus anchas.[22]

La organización Oxfam ha denunciado que Cargill “adquirió 52.576 hectáreas en la Altillanura a través de 36 sociedades creadas con ese fin. De esta forma habría logrado evadir la restricción legal mediante una operación de compra fraccionada, superando en 30 veces el máximo permitido por la ley a un solo propietario”.[23] La maniobra legal, que contó con la asesoría de la firma Brigard & Urrutia, de propiedad del ex embajador de Colombia en Washington, Carlos Urrutia, para adquirir 39 predios en el Vichada, violó no sólo las restricciones a poseer más de una UAF o Unidad Agrícola Familiar de la Ley 160 de 1994, cuando se trate de tierras con antecedente de baldíos, tal como lo indica el Informe “Divide y comprarás” de Oxfam, sino, además, el espíritu de la Ley 135 de 1961; el artículo 64 de la Constitución; varias sentencias de la Corte Constitucional, indicando las limitaciones de la entrega de baldíos estrictamente en el marco del Estado Social de Derecho y desatendiendo una consulta al respecto hecha por el gobierno al Consejo de Estado.

Dicha actuación, afirma Oxfam, se da en una nación con una de las más desiguales distribuciones de la propiedad rural, donde “cerca del 80% de la tierra está en manos del 14% de los propietarios”. A la vez, recuerda que tal iniquidad ha contribuido “a desencadenar un conflicto armado interno que se ha convertido en el más prolongado de América Latina y el único aún activo en la región. En más de medio siglo, la violencia en Colombia se ha cobrado 220.000 vidas —8 de cada 10 de ellas civiles—, ha provocado más de 25.000 desapariciones y 5,7 millones de desplazamientos forzados, en su mayoría entre la población campesina, indígena y afro descendiente. En el proceso se calcula que entre 6,6 y 8 millones de hectáreas fueron despojadas a sus dueños”.[24]

La Altillanura, el ecosistema donde Cargill acaparó estas varias decenas de miles de hectáreas, es llamada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos como la “próxima frontera agrícola de Colombia” y fue declarado por WWF como uno de “los ecosistemas estratégicos para la Humanidad”.[25] Sin embargo, sus 4,5 millones de hectáreas no representan un potencial productivo inmediato por la acidez de sus suelos y la casi inexistente infraestructura de transporte y riego. De hecho, del globo acaparado por Cargill, mucho menos del 10% está en producción y, casi con seguridad, de tipo experimental. David MacLennan, presidente de Cargill, dijo que la adquisición de tierras en el Vichada “era sólo una parte de la inversión” que se requería para “desarrollar una agricultura exitosa y sostenible y para construir infraestructura”.[26] Infraestructura que, como lo advierte el propio informe de Oxfam, ha sido demandada al gobierno por inversionistas y gremios, al igual que políticas que incentiven la inversión de grandes capitales. [27] Así lo reconfirma MacLennan: “Colombia tiene unos 22 millones de hectáreas de tierra cultivable pero sólo se han desarrollado cinco millones. O sea que ahí hay una oportunidad” [28]

Con respecto a la compra misma de las tierras, Oxfam hace notar que además de que se crearon múltiples sociedades, sus valores se alzaron “desorbitadamente” al momento de las transacciones hasta sumar algo más de 38,5 millones de dólares, todo, como se dijo, pasando por encima de las disposiciones legales.[29] Oxfam también resalta que no es el único caso de indebida concentración de baldíos y lista otros 14 reconocidos por las autoridades. No es de extrañar, ya que, si bien en el gobierno de Uribe ya se hablaba de la potencialidad de la Orinoquia y hasta a Bill Gates se le propuso “invertir” allí, Juan Manuel Santos, tanto en su programa de campaña presidencial como en el Plan Nacional de Desarrollo, impelía a “No más limitaciones de escritorio para los agricultores: Permitiremos a los agricultores y campesinos definir las extensiones necesarias para sus cultivos, sin la limitación burocrática de la llamada Unidad Agrícola Familiar —UAF—, respetando las características económicas de los mismos y de la tierra”. [30]

Por último, vale recordar que las compras de Cargill se hicieron a través de una de sus cuatro filiales en Colombia, la Black River Fund (las otras tres se dedican a comercialización de materias primas agrícolas), que es su fondo de especulación basado en el estado de Delaware. Con relación a Black River, aunque Greg Page ha señalado claramente que “no son tenedores de tierras”, la organización GRAIN afirma que ha comprado “por lo menos 50.000 hectáreas en América del Sur”. Black River, “administra unos 6 mil millones de dólares en activos en todo el mundo, está expandiendo agresivamente las inversiones en el ‘lado de la oferta’ (…) puso en marcha un fondo de $ 400 millones de dólares para invertir en las explotaciones lecheras de gran escala en Asia y operaciones de acuicultura en América del Sur. Gammill Rich, su director general, dice que establecerán granjas de la empresa en las zonas donde el suministro es proporcionado por los pequeños agricultores”.[31]

Este proceso de adquisición hace parte del “nuevo Cargill”. Se hace a ella donde tenga bajo o costo cero dentro del contexto mundial de escasez global de la tierra de cultivo. El Banco Mundial ha anotado que para 2030 en el Sur del mundo deberán haberse integrado más de 70 millones de hectáreas, 6 millones anuales en África Subsahariana y América del Sur, para atender las nuevas exigencias mundiales de géneros agropecuarios y para reponer las que se están dejando de cosechar en el Norte. La tierra es ya un commodity [32] y a Colombia se le tiene por “abundante en tierras cultivables”.[33]

El mismo Informe del Banco Mundial, “Rising global interest in farmland”, indica que son tres los principales agentes interesados en las operaciones de acaparamiento. “Por el lado de la demanda, tres grandes grupos de actores pueden ser distinguidos. Un primer grupo, que incluye a los gobiernos de los países que, sobre todo a raíz de la crisis alimentaria 2007-08, están preocupados por su incapacidad para proporcionar alimentos con recursos internos. Un segundo grupo relevante son las entidades financieras, que en el actual entorno encuentran atributos atractivos en las inversiones realizadas en tierra. Estos incluyen la apreciación probable de la tierra, como una cobertura contra la inflación, algo de gran importancia para fondos de pensiones con un largo horizonte. Aunque los mercados de tierras son muy ilíquidos, algunos de los inversores más activos también pueden beneficiarse de medidas para mejorar el funcionamiento de los mercados de tierras y, en algunos casos, el uso de tecnología sofisticada cuantitativa para identificar terrenos infravalorados. En tercer lugar, tradicionales operadores o comerciantes agrícolas o agroindustriales nacionales pueden tener un incentivo para la adquisición de tierras, aunque no siempre a través de compras, en busca de una mayor concentración para avances en agro-procesamiento y técnicas que favorecen las operaciones más grandes, para ampliar la escala de las mismas, integrándose hacia adelante o hacia atrás”.[34]

Conclusión

Describir la naturaleza de Cargill, su modus operandi, sus nuevos procesos, las formas que adopta, a partir del enorme poderío político y económico como brazo principal financiero y comercial del agronegocio internacional, es condición sine qua non para conocer cuál es el estado del agro mundial contemporáneo. La agricultura por contrato, donde el productor corre con los mayores costos y riesgos; el libre comercio, que facilita un mercado único para moverse sin obstáculos ni límites; y el acaparamiento de tierras, como un nuevo valor bursátil y de especulación, delinean las tendencias que traen las cartas marcadas a favor de los predecibles “ganadores” y las cargas para los seguros “perdedores”; las naciones más débiles, los agricultores expoliados y los mal de mil millones de hambrientos que no van a encontrar solaz en esa nuevo sistema que refuerza las iniquidades del pasado.

Por lo visto, el Pacto Agrario del gobierno de Santos está inscrito en dichos paradigmas: TLC, extranjerización de tierras y alianzas productivas, el terminacho criollo para definir la agricultura por contrato, una transferencia de valor del productor al intermediario, comercializador-procesador, y al capital financiero de esa operación.

Así hay que interpretar a Juan Manuel Santos cuando electo, en entrevista al Financial Times prometió sectores claves, “locomotoras”, a los inversionistas.[35] Minería, para los apostadores de la bolsa de Toronto; agronegocio, para Cargill y sus símiles, e infraestructura, como inversión de capital extranjero, pero al servicio de los dos anteriores, ni más ni menos. Sálvese quien pueda.