El representante Wilson Arias le exigió a uno de los hombres más ricos de Latinoamérica, Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien posee 13 mil hectáreas de tierra en la altillanura colombiana, que devuelva estos territorios ya que, según Arias, incurre en un acaparamiento de baldíos nacionales por empresas de su propiedad. El cabildante citó un debate para hoy en el que contará de manera más específica los temas de tierras y desarrollo rural en torno al empresario.
Las investigaciones hechas por el Representante a la Cámara por el Valle del Cauca indican que Sarmiento Angulo, junto con sus bufetes de abogados, “conocen que dichas tierras de la nación tienen como destino el acceso progresivo a la propiedad rural de los campesinos y trabajadores agrarios en condiciones de pobreza”, violando la norma de acumular más de una Unidad Agrícola Familiar -UAF-, la cual permite la no concentración de propiedad de la tierra.
Por medio de una carta dirigida directamente al presidente de Holding Grupo Aval Acciones y Valores S.A., Wilson Arias le formula tres interrogantes: “¿Bajo qué consideraciones usted, dueño de cuatro bancos, un periódico nacional, un fondo de pensiones, una cadena de hoteles, concesionarias viales, constructoras de vivienda, compañías petroleras y de gas, y otros tantos negocios, se cataloga como campesino pobre y por tanto sujeto del derecho a acceder a baldíos de la nación?”.
Esta primera pregunta surge, según el Representante, por las más de 13 mil hectáreas, la mayoría proveniente de procesos agrarios en Puerto Gaitán y Puerto López, municipios ubicados en el departamento del Meta, que pertenecen a esta organización.
Uno de los ejemplos que arguye Arias es el de Pajares S.A., organización que acumula más de 4.000 hectáreas en una zona donde la Unidad Agrícola Familiar alcanza las 699 hectáreas. Solo con esta muestra, ya se ha violado la prohibición de acumular baldíos nacionales.
El segundo interrogante se remite al derecho a postularse para la obtención de créditos subsidiados por el Estado estando, según la revista Forbes, en el puesto número 64 de las personas más ricas del mundo: “¿De dónde surge su derecho a postularse para acceder a los créditos SUBSIDIADOS por el estado colombiano, a través de FINAGRO y por valor de 35.600 millones de pesos, mientras usted a través de sus bancos cobra a los colombianos intereses cercanos a la usura?”.
Y finaliza con la falta de criterio para ser beneficiario de incentivos y recursos públicos: “¿Con qué criterio ético y responsabilidad empresarial usted se hace beneficiario de incentivos y recursos públicos, tales como: CIF (187 millones), AIS (375 millones) y Exenciones Tributarias (sin valor reportado aún)?”.
La misiva finaliza con la exhortación del congresista del Polo Democrático a devolver “a los colombianos dichos recursos y las tierras adquiridas vulnerando la Ley”. Así como recalca que al hacer efectiva esta petición, “no perderá su actual escalafón en Forbes y tampoco pondrá en riesgo sus finanzas personales o familiares”.
La respuesta del Gobierno
Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural emitió una extensa respuesta en donde explica las actividades de investigación que la cartera ha venido desarrollando para controlar la indebida apropiación de tierras baldías, además de los procesos de reforma agraria en todo el país.
En el comunicado se explica las acciones que el Incoder ha llevado a cabo para la reactivación de los procedimientos en materia de reforma agraria.
“Se han operativizado los procesos que permitan la recuperación de tierras y su redistribución. Se han diseñado planes de trabajo que faciliten la tarea de la identificación y recuperación de los baldíos, se han establecido acuerdos interinstitucionales con IGAC -Instituto Geográfico Agustín Codazzi- y la Superintendencia de Notariado y Registro para lograr una adecuada cooperación, se han obtenido recursos para financiar estas actividades tanto del presupuesto nacional como de cooperantes internacionales, y ya se tienen los primeros resultados concretos de procesos que se han logrado resolver”.
Dentro de la respuesta se incluyen resultados “verificables”, como las más de 60 mil hectáreas en donde se han dictaminado decisiones finales en relación con la recuperación de baldíos, además de “más de 100 mil hectáreas adicionales donde se han iniciado nuevos procesos que ahora están en curso, 17 procesos con carácter de emblemáticos que han sido abordados y algunos de ellos resueltos, más de 5 casos que tienen impacto nacional por su dimensión ambiental y gran extensión que están en curso de actuaciones administrativas, y la tarea de descongestión de las cerca de 800 mil hectáreas que estaban en procesos agrarios olvidados bajo décadas de polvo en los anaqueles respecto a los cuales nunca se había hecho nada”.
Con este debate se ratifica el enorme problema que se ha venido presentando con la tierra en Colombia, clave para el desplazamiento masivo de personas, caldo de cultivo para la proliferación de grupos al margen de la ley creados para la apropiación de baldíos y estancamiento del desarrollo rural en Colombia.
