La absolución disciplinaria al exsenador Luis Humberto Gómez Gallo, condenado por la Corte Suprema de Justicia por el fenómeno de la ‘parapolítica’, encendió las alarmas sobre las funciones de la Procuraduría General de la Nación. Analistas y exmagistrados creen que el poder del Ministerio Público es “excesivo y abusivo” y algunos congresistas defienden la gestión de Alejandro Ordóñez.
Dos ‘parapolíticos’ fueron absueltos en menos de una semana. A pesar de estar condenados a varios años de prisión por parte de la Corte Suprema de Justicia, Ciro Ramírez y Luis Alberto Gómez Gallo fueron absueltos por parte del procurador general, Alejandro Ordóñez.
Según el polémico funcionario, en el caso Gómez Gallo “las declaraciones de los testigos que señalan al excongresista de haber suscrito estas alianzas, y que permitieron condenarlo, no son suficientes para sancionarlo con destitución e inhabilidad para ocupar cargos públicos”, como señaló el diario El Tiempo.
De inmediato se encendieron las alarmas sobre la institucionalidad del país. Dos funcionarios públicos fueron, al mismo tiempo, culpables e inocentes frente a un mismo hecho según la institución que los juzgaba. Sin duda, un mensaje incoherente por parte del Estado colombiano a sus ciudadanos.
El hecho abre la puerta a un debate que el aparato estatal le debe al país. ¿Son excesivas las funciones del Ministerio Público, que en otros países ni siquiera existe y que en Colombia juzga a funcionarios por faltas disciplinarias que bien podrían ser asumidas por el sistema judicial de la nación?
Para el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, “le salta a uno la duda y la perplejidad de que cómo es posible que si la Corte lo encontró responsable delito, la Procuraduría lo juzgue por una cosa menor, que es una cosa disciplinaria”. Según él, “son competencias que se sobreponen, creo que nosotros tenemos un Ministerio Público con unas funciones disciplinarias que no deberían ser”.
La analista uruguaya Laura Gil señala que “lo que pasa en Colombia es la muestra de dos regímenes que se contradicen: el de la Justicia y el del Ministerio Público. Esto manda un mensaje a los ciudadanos de un sistema desinstitucionalizado”. Ella afirma que si la figura se mira más allá del lente nacional, se podría comprender que el Procurador y la entidad son innecesarios.
Arrubla sostiene, por su parte, que “si hay que escoger, lo que debe permanecer es la función judicial. Procuradores van y vienen”.
José Darío Salazar, senador del partido conservador y uno de los legisladores que votó por la reelección de Alejandro Ordóñez en la Procuraduría, defiende tanto la existencia de la figura como la gestión del jefe del Ministerio Público. “La Procuraduría es fundamental para la lucha contra la corrupción, no sé qué sería de este país si no existiera esa figura”.
Ordóñez y el cogobierno
Hasta la llegada de Alejandro Ordóñez a la procuraduría, el debate sobre las funciones de esta institución era “desapercibido”, según la analista Gil. Fue, según ella, la llegada del polémico funcionario la que generó que el país comenzara a cuestionarse sobre el poder de quien esté al frente de esta institución. “Está enterrando la procuraduría con su manejo abusivo de las funciones que tiene la entidad”, dice Gil.
“El Procurador habla sobre lo divino y lo humano, tiene en jaque a los congresistas y al Ejecutivo, Ha formado una especie de cogobierno”, señala Laura Gil. Por su parte, el exmagistrado Arrubla señala la procuraduría “no puede estar por encima de los jueces. Por el contrario, debe estar sometido al sistema judicial”.
Lo cierto es que Alejandro Ordóñez se ha convertido en una especie de jugador a tres bandas, que tiene en la mira a congresistas, logró tener de lado a la Corte Suprema de Justicia y fue designado por el presidente para su segundo periodo al frente de la institución. La opinión pública se pregunta, con cada decisión del funcionario, quién controla al Procurador.
Sin embargo, el congresista Salazar señala que la gestión de Ordóñez en la Procuraduría ha sido, ante todo, “imparcial”. Como buen miembro del legislativo, que en su mayoría votó favorablemente la reelección de Ordóñez, el conservador destaca la “lucha contra la corrupción” por parte del funcionario y dice que en una eventual reforma a la Justicia mantendría las competencias de la entidad.
¿Condenas internacionales?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos demandó en 2009 al estado venezolano porque la contraloría de ese país, un órgano con funciones administrativas como la Procuraduría de Colombia, inhabilitó a Leopoldo López para ser el candidato a la alcaldía de Caracas por uno de los partidos opositores.
Dos años más tarde, la Corte Interamericana falló a favor del político y señaló en su fallo que “el Estado (venezolano) es responsable por la violación del derecho a ser elegido (…), en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos, establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor López Mendoza”.
“El Estado ha incumplido la obligación de adecuar su derecho interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecida en el artículo 2, en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos, el derecho a las garantías judiciales y el derecho a ser elegido”, añade la sentencia.
Este caso podría ser aterrizado a la realidad nacional y políticos que han sido elegidos de forma popular, y destituidos e inhabilitados por la procuraduría, esgrimirían los mismos argumentos cuando quieran participar en alguna elección en el futuro. El Estado, como en el caso López, sería también condenado.
De hecho, muchos de los más de 20 congresistas sancionados por el Ministerio Público estarían pensando en llevar su caso a instancias internacionales para tratar de balancear en estos tribunales el omnipotente poder que parece tener el Procurador.
