Crece la tensión en el nororiente colombiano por cuenta de un paro adelantado en la cabecera municipal de Cúcuta, Norte de Santander. De igual forma el aplazamiento para la constitución formal de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo se convirtió en uno de los puntos nodales del descontento en la región. La actuación del procurador general Alejandro Ordóñez no es del todo clara al pedir el aplazamiento. Por lo pronto hay amenaza de paro en el Catatumbo para la primera semana de mayo.
Después de que a mediados del año anterior, la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, estuviera paralizada por un paro que se extendió durante más de 50 días y que se conjuró con una mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y los voceros del campesinado local, uno de los acuerdos fundamentales de esa negociación aún no se ha cumplido. Además, existen otras problemáticas a las que el gobierno Santos se comprometió y cuyo incumplimiento ha generado el descontento general en Cúcuta, capital del departamento.
La dramática situación de desempleo sumada a los altos costos en las tarifas de servicios, así como la falta de inversión estatal en la ciudad, llevaron a que el 80% del comercio cucuteño cerrara sus puertas y a que el 70% del transporte público cesara actividades este 3 de abril.
Un paro cívico para el que el presidente Santos citó a consejo de ministros ese mismo día. Con esa acción los cucuteños esperan que el presidente Santos mire hacia Norte de Santander y ejecute planes de acción que solucionen esas problemáticas.
El Catatumbo a punto de encenderse de nuevo
Así como en Cúcuta hay paro, en la región del Catatumbo se anuncia otro para la primera semana de mayo. Después de las negociaciones que llevaron al levantamiento del paro campesino que afectó, principalmente a Tibú, los miembros de las organizaciones de base que estuvieron en cese de actividades quedaron conformes con los anuncios del Gobierno Nacional acerca de la constitución de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo.
Sin embargo, hoy en día más de seis meses después de levantado el paro, la zona de reserva no ha sido oficializada. Según César Jerez, vocero de Ascamcat “es sospechoso que se postergara la reunión del Consejo Directivo del Incoder, pareciera que se espero a que fuera presentada la tutela”. La acción de tutela a la que Jerez se refiere es la interpuesta por el representante legal de la Asociación de Autoridades Tradicionales del pueblo Barí ante el Tribunal Superior de Bogotá . Acción de tutela en la que solicitaba medidas cautelares para que quedara suspendida la decisión sobre la zona de reserva, toda vez que, según el accionante, esta vulneraba los derechos de los indígenas Barí y los condenaría a su exterminio definitivo.
Ante esto Ascamcat ha presentado el Acta de acuerdo del 4 y 5 de diciembre del 2012 firmada entre el pueblo motilón Barí y la asociación, en la que se deja expreso el acuerdo al que llegaron ambos grupos.
Una hipótesis del por qué de la tutela es la que esgrime uno de los miembros de Ascamcat que prefirió no dar su nombre. Según este, la tutela le permitiría al presidente Santos evitarse la declaratoria de constitución de la zona de reserva con lo que “se quitaría de encima, en plenas elecciones, el dolor de cabeza que supondrían los ataques del principal enemigo de estas zonas que es el expresidente Álvaro Uribe”.
Además de la acción de tutela y las medidas cautelares solicitadas, que vale decir no fueron otorgadas por el Tribunal, cursa en la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad sobre la ley 160 de 1994, la misma que reglamenta las Zonas de Reserva Campesina.
Esta demanda fue presentada en agosto del pasado 2013, apenas un mes después de levantado el paro campesino en la región, por el señor Edward Álvarez Vacca. El demandante fue funcionario durante el gobierno Uribe y se encargaba de adelantar proyectos con comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. En esos proyectos trabajó de la mano de Luis Alfonso Hoyos, investigado por su presunta participación en la Yidispolítica.
A la demanda de inconstitucionalidad la avaló el procurador general, Alejandro Ordóñez, quien se constituyó en parte y solicitó que la Corte Constitucional declare inconstitucionales los artículos de la ley 160 de 1994 que atienden directamente a la constitución de estas zonas.
Esos dos factores, la tutela y la demanda de inconstitucionalidad, han sido los dos palos en la rueda de la declaración de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo, ya que el día en que se reunía el Consejo Directivo del Incoder, conformado por el ministro de agricultura, Rubén Dario Lizarralde; el viceministro de desarrollo rural, Anibal Fernández de Soto; y el gerente del Incoder, Ariel Borbón Ardila; fue enviado un oficio por parte del procurador general en el que pedía que se aplace la decisión. Los tres miembros del Consejo, sin que mediara contestación de la tutela por su parte, decidieron acogerse a lo expresado por la Procuraduría.
El argumento de Ordóñez es que hasta tanto no se sepa la decisión de la Corte Constitucional y no se falle de fondo la acción de tutela no se puede adelantar ninguna acción sobre la zona de reserva. Fuentes jurídicas consultadas por Confidencial Colombia han señalado que ese proceder del procurador es ilegal, toda vez que “hasta tanto no exista un pronunciamiento de la Corte Constitucional o del Tribunal el deber de los funcionario públicos es cumplir la ley y esa debe ser la exigencia de la Procuraduría…El procurador está actuando de la misma manera a cómo lo hizo cuando fue aprobado el aborto en tres casos específicos. En esa ocasión no solo no validó la decisión de la Corte sino que expidió una circular en la que instaba a no cumplir con la ley hasta que no fuera decidido un recurso de nulidad interpuesto por la Procuraduría misma ante el alto tribunal”.
Así las cosas, la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo resultó teniendo más enemigos que amigos en el centro de poder nacional. Por el momento Ascamcat anuncia un nuevo paro campesino en la región del Catatumbo para la primera semana de mayo que vendría a sumarse a otro posible paro campesino pero de carácter nacional, si el gobierno del presidente Santos no cumple con los acuerdos pactados. Un nuevo problema que pondría al presidente-candidato contra las cuerdas a tan solo tres semanas de las elecciones en las que busca su reelección.
