El Parlamento venezolano declaró la “crisis alimentaria nacional” y en virtud de ello pidió que la FAO y la Unicef envíen expertos para evaluar los riesgos que entraña el problema para los 30 millones de habitantes del país caribeño.
El acuerdo parlamentario, “mediante el cual se declara la crisis humanitaria y la inexistencia de la seguridad alimentaria”, fue aprobado a mano alzada por la mayoría de diputados de la oposición y rechazado por la minoría afín al presidente, Nicolás Maduro.
El jefe de Estado “nada dijo sobre el estado de la seguridad alimentaria” en el informe anual que presentó el mes pasado y su Gobierno tampoco ha presentado un plan gubernamental con políticas que intenten revertir “la inseguridad alimentaria”, dice el texto.
El estatal Banco Central (BCV) más bien “suplantó las cifras de escasez de alimentos con unas de acaparamiento situándola en la alarmante cantidad global de 87 por ciento”, en momentos en que “resulta inocultable la ausencia de productos” en los mercados, añade el acuerdo de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).
Entre las exigencias al Gobierno contenidas en el texto destaca la que le ordena, de manera “perentoria”, presentar ante la AN “un plan de seguridad alimentaria” que, entre otras cosas, contemple un calendario de pago de deudas a proveedores extranjeros, en el marco del control estatal de divisas existente desde inicios de 2003.
También que dicho plan gubernamental prevea la eliminación de otros “controles y trabas que perjudican” la producción nacional, la publicación “periódica y detallada” de cifras sobre la escasez de alimentos, de la inflación y del “costo de la canasta básica”.
A la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) le requiere que su comisión de expertos evalúe “in situ” los riesgos que entrañan “la inseguridad alimentaria” y que además “cotejen la fiabilidad” de las cifras oficiales y a la Unicef “que evalúen el estado de malnutrición infantil”.
El diputado oficialista Ricardo Molina dijo en el debate, previo a la aprobación del acuerdo parlamentario, que la declaración de crisis humanitaria en el sector de los alimentos constituía un espaldarazo a advertencias de jefes militares estadounidenses de que, solo en casos extremos como ese, Washington consideraría “una intervención”.
Además, alertó Molina, la declaración de la crisis obligaría a Maduro a expropiar Empresas Polar, la principal productora nacional privada de alimentos.
“Hagamos el trabajo completo, científicamente, y nos daremos cuenta de que más de 90 por ciento de la capacidad productiva de alimentos en Venezuela lo tiene la empresa privada”, remarcó.
“En Venezuela hay dificultades, pero no son por (culpa de) el Gobierno, sino por el sector privado, apoyado por los medios de comunicación privados, nacionales e internacionales”, dijo Molina.
Venezuela arrastra desde hace años una aguda escasez de alimentos que ha empeorado en los últimos meses así como un adicional encarecimiento de los existentes, lo que Maduro achaca a una “guerra económica” opositora para dar al traste con su gestión.
Los parlamentarios opositores dejaron sin efecto el mes pasado un decreto presidencial de emergencia económica publicado previamente en la Gaceta Oficial por orden de Maduro, quien adicionalmente ha optado por reunirse con empresarios privados para encarar la crisis.
